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EL TEST DE PROPORCIONALIDAD Y EL GATOPARDISMO JUDICIAL

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Mucho se ha dicho en conferencias, en entrevistas, en reuniones vecinales y en actos multitudinarios que la elección de personas juzgadoras es la panacea que va a venir a resolver el grave problema que subsiste en México respecto de la correcta administración de la justicia, ya que, al elegir a tus juzgadores, pues todo va a cambiar para bien.
En lo personal disiento de todos y cada uno de los argumentos en su mayoría esgrimidos por personajes políticos que en poco o nada se han relacionado con la práctica del derecho, que no han postulado ante tribunales, que no han sostenido ante las autoridades jurisdiccionales las pretensiones de ningún justiciable.
Y es que, la percepción del Poder Judicial no va a cambiar sino cambia el sistema de reglas para resolver los conflictos. Si no sustituimos las fórmulas del derecho moralista que se encuentran anclados en principios derivados de valores morales en lugar del derecho positivo creado por el hombre, los jueces seguirán haciendo uso de esa atribución para derrotar normas aplicables a los casos concetos.
Ese sistema o método que desde los años 90 se apoderó del monopolio de la jurisdicción, es decir de esa potestad exclusiva de “decir el derecho” que tienen los juzgadores, tiene nombre y apellido, se llama “Test de proporcionalidad” y emana de la teoría estándar de Robert Alexy y el tribunal alemán de los años 50.
Desde ese momento, se comenzó a gestar un Poder Judicial Federal que poco a poco secuestró el proceso de decisión jurisdiccional para pasar del estudio argumentativo entre leyes, jurisprudencia, doctrina y precedentes semejantes aplicables al caso concreto, a un proceso meramente lógico-matemático se sumas y valores. Pero de igual forma, el abuso en el uso del test de proporcionalidad de Alexy, implementado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la venia del exministro Arturo Zaldívar, también de apoderó del proceso legislativo.
Así es, hoy en día por más inaudito que parezca, los poderes legislativos se asumen cautivos del Poder Judicial y lo que en estricto sentido es una facultad formalmente propia de un legislador, se ha convertido en un temeroso proceso de revisión de criterios y de sentencias que no contravengan a las iniciativas a proponer, lo que ha generado congresos que incluso traten de ponderar sus propias iniciativas con principios constituciones formales o derivados, en lugar de armarse de valor para defender y asumir sus propias iniciativas. Hoy los congresos subsumen su función creadora de normas a la decisión de un poder judicial derivado de una teoría creada en tribunales alemanes que ya ni ellos mismos utilizan.
Un ejemplo reciente es la Contradicción de Criterios 19/2025 respecto de la prisión preventiva oficiosa en la que el Poder Judicial Federal determinó que, aunque el artículo 19 está en la Constitución General de la República, los jueces y juezas pueden dejar de observar lo dispuesto en la Carta Magna, para interpretar con base en el Derecho Internacional, a través del principio de dignidad humana. Es decir, que, el Poder Judicial faculta al mismo Poder Judicial a pasar sobre la Constitución cuando así lo consideren.
En este orden de ideas y tomando a un grande de la filosofía del derecho como Luis Recasens, tenemos que, todos los males de la teoría y la práctica jurídica se deben a: “la invasión del campo jurídico por el espíritu cartesiano, es decir, por el espíritu matemático geométrico”. Refiriéndose propiamente a la teoría estándar de Robert Alexy que desemboca en el multimencionado test de proporcionalidad, como método favorito del Poder Judicial de México para resolver conflictos.
Por su parte, Martín Reyes en su obra “Más allá del test de proporcionalidad: análisis, crítica y metodologías de adjudicación alternativas al modelo de Robert Alexy”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene una cita maravillosa que nos expone en un solo párrafo lo que está sucediendo en México desde los 90 a la fecha: “Se ha dicho que el Test de proporcionalidad es una metodología que resta fuerza los derechos fundamentales, que incrementa la opacidad y discrecionalidad judicial, que debilita el poder de los órganos, democráticamente electo y del pueblo, amén de qué abre la puerta al gobierno de la judicatura.”
Una vez expuesto lo anterior, es también necesario saber que, disolver el derecho creado por el hombre a través de procesos legislativos en principios emanados de valores morales al criterio exclusivo de una persona a la que se llama juez, sigue siendo una realidad metodológica, la más sencilla, pero por lo visto ineficaz que tenemos.
Y si nuestros nóveles juzgadores resultaran inexpertos en filosofía del derecho y no conocen otras teorías de la argumentación jurídica, como en realidad parece ser, por más que sean votados por el pueblo, seguirán resolviendo con las mismas reglas y luego entonces, estaremos en presencia de aquella máxima de Lampedusa del gatopardismo, en la que todos los jueces cambian para que el poder judicial siga igual, debido a que absolutamente nadie, se ha interesado por el fondo real de la crisis jurisdiccional. Con estas conclusiones es muy probable que la justicia siga, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, en palabras del maestro Joaquin sabina.

Hugo Alday Nieto.
Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad La Salle del Pedregal.
Maestro en derecho por la Universidad Anáhuac del Mayab.
Maestro en derecho pro la Universidad de Alicante España.
Doctorante en Derecho por la Anáhuac Cancún.

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Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…

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Aún funcionan “los prestanombres”

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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