TAMAULIPAS, 23 DE ENERO.- Eucario Ademe, Juez de Distrito en Tamaulipas, consideró este martes que “existen razones fundadas en la Constitución” para negar la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es requerido por diversos delitos.

Y es que el juzgador consideró que, por ser mexicano, el país no está obligado a entregarlo en extradición  derivado de la naturaleza de los delitos que le imputan en el vecino del país del norte y que están relacionados con hechos de corrupción durante su administración como gobernador de Tamaulipas, los cuales deben ser juzgados en el país.

“El juzgador federal sostiene que la extradición de la persona requerida en este procedimiento debe negarse, pues por su nacionalidad mexicana, el país no está obligado a entregarla y por la naturaleza de los hechos que originan la solicitud de extradición, constituirían un impedimento”, dijo el Juez.

Sostuvo que la extradición de la persona requerida en este procedimiento debe negarse y lo más acorde a las reglas y fines del Tratado de Extradición aplicable, es consignar el expediente a las autoridades nacionales competentes para el procesamiento de los hechos.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal, la opinión del Juez Adame, con relación al procedimiento de extradición 1/2017, se dio este martes en Ciudad Victoria.

Explicó que el exgobernador Eugenio Hernández es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por con base en una orden de aprehensión librada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas.

Ahí se le acusa de los delitos de Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictiva para cometer fraude bancario.

El Juez advirtió que ya entregó su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores ante quien reconoció que su opinión jurídica, de negar la extradición del exmandatario tamaulipeco, carece de fuerza resolutiva o vinculante.

Dijo, sin embargo, que sí representa el ejercicio de una facultad conferida a una autoridad judicial, cuyos fundamentos y motivos deben quedar expuestos por escrito y sujeta a los principios de economía, eficacia, celeridad, legalidad, publicidad y buena fe.

“En consecuencia le notifica que, en cuanto a lo actuado y probado ante esta autoridad judicial, se considera que los derechos y garantías reconocidos a la persona requerida se instrumentaron con eficacia para considerar respetado en lo esencial el debido proceso”, advirtió el Consejo de la Judicatura.

Dijo que por lo que hace a los aspectos formales de la solicitud, consideró que los mismos están cumplidos, al igual que algunos de los requisitos sustantivos.