Carlos Águila Arreola | 5to. Poder

CANCÚN, 21 DE ENERO.– Los propietarios y representantes legales de una docena de ejidos de terrenos costeros de Bacalar, Xul Há y Chile Verde, en el sur de Quintana Roo, anunciaron que se ampararán y llegarían a la toma de instalaciones en caso de que se decrete área natural a laguna de “Los siete colores” y zonas aledañas.

En tanto, los hoteleros de la región denunciaron que no fueron tomados en cuenta por el gobierno estatal para aterrizar los nuevos esquemas de promoción que anunciaron la semana pasada en España, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El 7 de enero pasado, los afectados denunciaron que el gobierno de Quintana Roo les había mentido porque el intento para decretar el área protegida prosigue, pese a que el secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Arellano Guillermo, manifestó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mantenía detenido el proceso.

De acuerdo con representantes de los 12 ejidos que serían afectados, y particulares ubicados en el polígono de 218 mil hectáreas de interés para la institución federal, “nunca se detuvo el proceso para constituir el área protegida que abarca los municipios de Bacalar y Othón Pompeyo Blanco (Chetumal)”.

Y lamentaron que pese a las reuniones con autoridades federales, y las declaraciones de que el proceso está “congelado, “tenemos que prever un escenario en el que se determine la promulgación, de conformidad con los acuerdos internacionales que están firmados pese a la oposición que hemos manifestado”.

Mediante un comunicado, los comisariados de los 12 núcleos ejidales y propietarios de terrenos costeros advirtieron sobre “el riesgo inminente” de que en los próximos 10 meses que restan al gobierno de Enrique Peña Nieto se decrete el área natural.

Los afectados anunciaron que se protegerán “con acciones legales, técnicas y políticas”. Roberto Salgado Sangri, Filiberto Buitrón Hernández, Álvaro Mariano Alonso Angulo, Juan Manuel Herrera, Oscar Hernández Rubio, presidentes de los comisariados de La Península, Bacalar, Calderitas, Aarón Merino Fernández, Tollocán, y Diego Rojas y Rodolfo Valle, representantes de “Amigos de Xul Há”, reiteraron “el engaño del gobierno”.

Precisaron que aunque se han reunido con Arellano Guillermo, y con Francisco Ricardo Gómez Lozano, director regional para la península de Yucatán y el Caribe mexicano de la Conanp, “todo sigue igual”, y sentenció que aunque se acordó congelar el proceso, y modificar el “Estudio Previo Justificativo” de “Amigos de Sian Ka’an”, “nada ha servido”.

Advertencia

Los dirigentes expresaron que en la más reciente reunión “fue muy clara su posición para avanzar con la declaratoria”; no obstante, “se mostraron abiertos al diálogo y a la negociación. De hecho, aceptaron modificar el «Estudio Previo», que contempla 219 mil hectáreas en Bacalar y Othón Pompeyo Blanco.

“Y propusieron excluir la tierra ejidal –es 84 por ciento de la superficie original–, y concentrarse en el agua bajo el argumento de que el manejo es potestad federal y que una declaratoria de Parque Nacional sería en beneficio de inversionistas. Por consiguiente, el estudio de Sian Ka’an será modificado y nos harán un propuesta en las siguientes semanas.”

Tras la propuesta, “decidimos contratar a abogados ambientalistas y especialistas en manejos de agua para elaborar una contrapropuesta sustentada legal y técnicamente que nos beneficie a quienes hemos esperado por años el desarrollo sustentable del sur de Quintana Roo.”

Luego que los funcionaros aceptaron excluir de la propuesta original el brazo de tierra que abarca la zona arqueológica de Xcabal, el presidente del comisariado ejidal de Bacalar, Filiberto Buitrón, manifestó su satisfacción.

En tanto, el ingeniero Diego Rojas, de “Amigos de Xul Há”, destacó el acuerdo para que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), sea el instrumento legal que regirá las densidades y acciones ambientales en las tierras ejidales y de los pequeños propietarios.

En caso que se decretara de manera unilateral el área natural por parte de las autoridades federales, los afectados asentaron que “nos veríamos obligados a expresar nuestra inconformidad por otros canales y con acciones más contundentes: amparos y, de ser necesario, la toma de instalaciones”.