Internacional
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A EXPRESIDENTA JEANINE ÁÑEZ EN BOLIVIA
LA PAZ.- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez irá a prisión preventiva por cuatro meses, al igual que dos de sus exministros, después de que una jueza emitiera una orden bajo las acusaciones de terrorismo y sedición relacionadas a la crisis política en la que murieron 36 personas y obligó a la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en 2019.
Tras una audiencia virtual debido a la pandemia, la jueza de medidas cautelares Regina Santa Cruz dio razón a la fiscalía que pidió la detención de la exmandataria en una cárcel de mujeres de La Paz.
También ordenó el arresto de dos de sus exministros por riesgos que pueden obstaculizar el proceso.
Áñez y los dos detenidos siguieron la audiencia desde celdas policiales y en las siguientes horas serán trasladados a prisión.
En las afueras de la policía en La Paz, poco más de un centenar de personas se apostaron con carteles para reclamar justicia por los fallecidos.

Hasta ahora nadie me ha escuchado, ahora pido justicia. A mi hijo Juan Martín Paco lo han matado. Tenía 18 años”, dijo Bertha Paco entre sollozos.
Poco antes de la audiencia, que duró más de diez horas, Áñez habló con los periodistas por la rejilla de su celda.
Esto es una arbitrariedad. Su busca criminalizar la pacificación del país. Se menoscaban mis derechos de expresidente. Yo merezco un caso de corte”, reclamó.
La política derechista de 53 años ha sumado apoyo de políticos opositores, de organizaciones de derechos humanos e incluso de la Conferencia Episcopal que ha pedido la libertad de la exmandataria.
En tanto, desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” para los detenidos.
El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
La detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para aprehender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina y ocurren en momentos en que el presidente izquierdista Luis Arce enfrenta críticas por la lenta vacunación contra el covid-19, por su falta de medidas efectivas para reactivar la economía, a lo que se suma un retroceso de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de gobernadores y alcaldes que favorecieron a la oposición en los comicios de la semana pasada y en los que también Áñez resultó derrotada en la carrera por la gobernación de Beni.
Líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusan a Morales de alentarlas.
Arce no se ha pronunciado, pero su vice David Choquehuanca dijo que “no es el odio que guía nuestros actos, sino una pasión por la justicia”.
Morales, por su parte, pidió que “se investigue y se sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
La Fiscalía busca detener a políticos, activistas, militares y policías que pidieron la renuncia de Morales en noviembre de 2019 cuando el país vivía una violenta convulsión en las calles y una arremetida de las fuerzas del orden que dio muerte por bala a 19 partidarios del expresidente.
La convulsión estalló tras las elecciones de octubre de 2019 en las que Morales buscaba una cuarta reelección y que fueron denunciadas de fraudulentas. Durante un mes las calles de varias ciudades fueron campo de batalla entre partidarios y opositores que desencadenaron en la renuncia de Morales y su partida hacia México.
Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un “golpe de Estado”, pero el dirigente opositor y expresidente boliviano Carlos Mesa ha dicho que ese argumento busca “encubrir el monumental fraude” en los comicios del 2019.
Áñez argumenta que no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Ella era la única senadora en la línea de sucesión tras la renuncia de legisladores partidarios de Morales.
En su gestión de un año, Áñez impulsó ocho juicios contra Morales por fraude electoral, sedición y terrorismo, entre otros, pero todos quedaron archivados por la Fiscalía tras la asunción de Arce, quien ganó las elecciones en octubre del 2020.
El mandatario también amnistió a sus partidarios que estaban investigados.
Fuente: Excélsior
Internacional
REACCIONES INTERNACIONALES ANTE EL JUICIO A MADURO SACUDEN EL TABLERO GEOPOLÍTICO
La apertura del juicio internacional contra Nicolás Maduro ha desencadenado una ola de reacciones diplomáticas, políticas y mediáticas en distintas regiones del mundo, evidenciando el profundo impacto que este proceso tiene sobre el equilibrio geopolítico y las relaciones multilaterales. Mientras organismos internacionales destacan la relevancia histórica del caso, gobiernos aliados y críticos del mandatario venezolano han emitido posturas que reflejan tensiones acumuladas durante más de una década.
En Europa, varias cancillerías han subrayado la importancia de que el proceso judicial avance con independencia, transparencia y apego al derecho internacional. Diversos gobiernos europeos consideran que el juicio podría marcar un precedente significativo en materia de responsabilidad estatal y derechos humanos. Analistas del continente señalan que la Unión Europea observa el caso con especial atención, dado su papel en los últimos años como mediador en las negociaciones políticas venezolanas.
En América Latina, las reacciones han sido particularmente intensas. Países que han mantenido una postura crítica hacia el gobierno venezolano han respaldado la apertura del juicio, argumentando que representa una oportunidad para esclarecer denuncias históricas y fortalecer la institucionalidad regional. Por otro lado, naciones que han sido aliadas políticas de Caracas han manifestado preocupación por lo que consideran una posible “instrumentalización judicial” con implicaciones geopolíticas. Esta división vuelve a poner en evidencia la fragmentación ideológica del continente.
Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que seguirá de cerca el proceso y ha insistido en la necesidad de que se garantice justicia para las víctimas. Voceros estadounidenses han señalado que el juicio podría influir en futuras decisiones diplomáticas y económicas relacionadas con Venezuela.
En organismos multilaterales, la discusión también ha escalado. Expertos en derecho internacional han destacado que el caso podría redefinir los límites de la jurisdicción internacional en situaciones donde se alegan violaciones sistemáticas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han celebrado el avance del proceso, considerándolo un paso clave para la rendición de cuentas.
Mientras tanto, en Venezuela, el juicio ha generado reacciones encontradas. Sectores opositores lo ven como un avance hacia la justicia internacional, mientras que el oficialismo lo denuncia como un ataque político. La población, en medio de la incertidumbre, observa con atención un proceso que podría tener repercusiones directas en el futuro político y económico del país.
El juicio a Maduro no solo se desarrolla en tribunales, sino también en el escenario global, donde cada declaración, postura y análisis refleja la complejidad de un caso que trasciende fronteras y redefine alianzas.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Internacional
NICOLÁS MADURO SE DECLARA INOCENTE ANTE NUEVAS ACUSACIONES INTERNACIONALES
En un mensaje que ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos, el presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente frente a las recientes acusaciones internacionales que lo señalan por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción dentro de su administración. La declaración, emitida durante una transmisión oficial desde Caracas, fue presentada como una respuesta directa a los señalamientos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros que han intensificado su presión en las últimas semanas.
Maduro afirmó que las acusaciones forman parte de lo que describió como “una campaña sistemática de desestabilización” en su contra, impulsada —según él— por intereses externos que buscan interferir en la soberanía venezolana. “No he cometido ningún delito. Soy inocente y víctima de una persecución política internacional”, expresó con firmeza, asegurando que su gobierno ha actuado “en estricto apego a la ley y a la defensa del pueblo”.
La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática. Diversos informes internacionales han documentado denuncias de represión, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Aunque el gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente estos reportes, la presión internacional ha aumentado, especialmente tras nuevas investigaciones que apuntan a altos funcionarios del Estado.
Analistas políticos señalan que la postura de Maduro busca reforzar su legitimidad interna y proyectar una imagen de estabilidad frente a la comunidad internacional. Sin embargo, opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, insistiendo en que las denuncias están respaldadas por testimonios, documentos y observaciones independientes.
Mientras tanto, gobiernos de la región observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Algunos han pedido una investigación imparcial, mientras otros han reiterado su apoyo al gobierno venezolano, subrayando la importancia de evitar intervenciones externas que puedan agravar la crisis política y social del país.
La declaración de inocencia de Maduro abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre Venezuela y la comunidad internacional. En los próximos días se espera que organismos multilaterales emitan nuevas posturas, mientras la oposición venezolana prepara pronunciamientos adicionales. El escenario político continúa en tensión, y la atención global permanece fija en Caracas.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias




















