Por Germán Arreola

CANCÚN, 8 DE ENERO DE 2020.- A propósito del aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, la organización internacional Salva la Selva (en alemán Rettet den Regenwald) aseguró que el Tren Maya no tiene nada que ver ni beneficia a la población de esa ancestral cultura, y en una petición exigió a Andrés Manuel López Obrador revisar el trazado, hacer una verdadera consulta indígena y evitar su paso por las reservas de la biosfera.

Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), señaló por su parte que la propiedad social es muy importante: los ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas y son depositarios de grandes recursos hídricos, así como de 60 por ciento de los bosques y selvas, por lo que es fundamental fortalecer su gobernanza interna.

Salva la Selva sostiene que el Tren Maya no debe atravesar la biosfera, amenazada ya por plantaciones industriales de palma aceitera y soya, incendios forestales, tala y tráfico ilegal de especies animales y vegetales; durante el recorrido atravesaría parajes de selva y parte del mayor bosque tropical húmedo de Mesoamérica, que contribuye a la estabilidad del clima.

“Cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental, pero “ese ferrocarril amenaza ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos araña, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayas, especies que requieren de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse”.

En un comunicado, la ONG explicó que esas actividades, elementales para su sobrevivencia, se dificultarán al dividir su hábitat en dos partes, ya que no bastará con realizar túneles o puentes para el paso de las especies animales, o decir que se utilizarán los derechos de vía ya existentes para preservar la selva.

“La construcción del tren generará ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas, con graves repercusiones negativas para el ecosistema, aunado a que las comunidades rechazan cualquier cambio de uso de suelo o licencia para el proyecto sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el ferrocarril, pese a lo que digan las autoridades.”

“El Tren Maya no tiene nada de maya, ni beneficia a esa población. No queremos un Cancún o una Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte y de restaurantes son los únicos beneficiarios”, advirtió el documento de Salva la Selva.

Amenazas

Más de la mitad de la propiedad agraria en México es todavía de campesinos, más de 100 millones de hectáreas son tierras comunales son ejidos y pequeñas propiedades, de acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que coincidió con esa visión y valora la propiedad social y lo que representa para el país.

“Sin embargo, los territorios comunitarios enfrentan hoy fuertes amenazas, por lo que además de celebrarlos declarativamente, se deben fortalecer acciones en defensa de la propiedad social y las instituciones que le dan sustento, en primer lugar, las asambleas ejidales y comunales, el comisariado y su consejo de vigilancia.”

Por medio de un texto, el CCMSS sostuvo que los ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, por lo que se debe fortalecer su gobernanza interna porque son legítimos propietarios de esos territorios, invaluables benefactores de la sociedad en términos ambientales, culturales y sociales.

“La presión para que comunidades cedan territorios a megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas, son procesos particularmente graves en la península de Yucatán, donde desde que la Ley agraria fue modificada, en 1992, hasta mayo de 2019, por lo menos 22 mil 600 parcelas con una superficie de 192 mil 600 hectáreas pasaron de ser tierras ejidales a privadas”, según el Registro Agrario Nacional (RAN), citó el CCMSS.