MORELOS, 14 DE MARZO. – La Comisión Estatal de Seguridad denunció ante el Órgano Técnico de Fiscalización de la Cámara de Diputados al excomisionado en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, por irregularidades detectadas en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los programas de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Capella Ibarra, actual Comisionado de Seguridad en el gobierno de Quintana Roo, es señalado de incumplir con la impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación para los elementos de las diversas instituciones de seguridad, así como la adquisición de material para la impartición de dicho curso.

La denuncia fue presentada el miércoles en la oficialía de partes común de la Auditoría Superior de la Federación y se atribuyen responsabilidad administrativa y/o penal a Jesús Alberto Capella Ibarra, en su carácter de Comisionado Estatal de Seguridad Publica de Morelos, Fernando Aldape Salas, Director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos y Juan Carlos Peniche Payen, Coordinador de Desarrollo y Vinculación, y quien o quienes resulten con responsabilidad administrativa.

Un apunte de la denuncia contenida en dos expedientes, refiere que la intervención de la ASF tiene el objetivo de fincar las responsabilidades correspondientes a los exfuncionarios Públicos y determinar bajo Auditoría Técnica Especializada, la cantidad total del desvió de los recursos federales y del perjuicio a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio del Estado de Morelos.

En enero el Comisionado Estatal de Seguridad, Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, estimó el presunto desvío por 27 millones de pesos en la gestión de su antecesor Capella Ibarra.

Ortiz Guarneros dijo que el desvío fue detectado cuando la dependencia federal presentó la propuesta al Vicealmirante para fortalecer la capacitación de cuerpo policiaco.

En respuesta el Comisionado solicitó un informe para conocer el número de elementos que no contaban con este tipo de adiestramiento y encontró que 400 elementos de las Policías Preventiva, Investigación Criminal y custodios del Servicio Penitenciario, carecen de la capacitación requerida y no hay constancia de que hayan acudido a la Academia de Policía, pese a que cuentan con un certificado.

Los cursos tuvieron un costo aproximado de 27 millones de pesos que fue cubierto con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Más adelante, precisó que la administración de Capella Ibarra arrojó irregularidades graves porque hay más de 400 policías que tienen como siete cursos de capacitación pero nunca fueron a la academia. “Eso se llama peculado y presentaremos la demanda. Que caiga quien tenga que caer”, dijo el Vicealmirante en clara alusión a su antecesor.

El Comisionado adelantó que también investigarán el costo de la construcción del C5 porque lo que obra en archivos dice que se invirtieron 2 mil millones de pesos pero eso lo tiene que revisar el Fiscal Anticorrupción, sostuvo.