CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE NOVIEMBRE.- A reserva de eventuales modificaciones en los artículos reservados, la mayoría de Morena en San Lázaro dio luz verde a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata del marco legal con el que se reestructura el Gobierno Federal, tal y como lo planteó Andrés Manuel López Obrador: no solo es volver a la vida a una secretaría de Estado y renombrar otra. Es en las “letras chiquitas” donde se ubican cambios significativos que darán un matiz particular al ejercicio de gobierno a partir del 1 de diciembre.

Por principio de cuentas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está planteada por la necesidad de recuperar un modelo de seguridad basado en la existencia de una dependencia que atienda de manera exclusiva esta materia. Una verdad no tan de perogrullo, pues López Obrador y los legisladores de Morena se contraponen al esquema de una “súper” secretaría de Gobernación como la tuvo Enrique Peña Nieto, en la que precisamente se definían las políticas de combate a la delincuencia.

Pero tal y como se indica en este cambio a la  Ley Orgánica, la SSPC también será robusta, pues en ella se deberán coordinar acciones de seguridad, prevención socialde la violencia y protección civil, asuntos prioritarios para la sociedad. Además tendrá  bajo su autoridad la evolución de lo que hoy es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En un camino paralelo puede observarse la reconversión de la Secretaría de Desarrollo Social en la de Bienestar; más allá del membrete con una nueva intencionalidad en su sentido final, la dependencia  tendrá a su cargo las delegaciones de Programas para el Desarrollo, es decir, los 32 “súperdelegados” que serán la única representación del gobierno de López Obrador ante los estados.

Durante la discusión en San Lázaro las principales quejas de la oposición fueron que se le daban facultades a esos 32 funcionarios para proponer a los representantes de las Secretarías de Salud, de Educación, etcétera.  Todo indica que se implantará este modelo de alcances aún no definidos y de temores un tanto infundados: la clave estará en la efectiva operación.

Lo que pocos advierten, es que en las “letras chiquitas” de este marco legal se conforma la base para un mecanismo prácticamente inédito en la vida pública del país: el presidente podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.

De esta manera se espera que el 1 de diciembre, una vez que haya tomado posesión López Obrador, uno de sus primeros actos de Gobierno será firmar un decreto por medio del cual se crea la comisión del caso Ayotzinapa.

Comisiones intersecretariales:

– Creadas por el Presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado.

– Estarán integradas por los propios Secretarios del Gabinete o funcionarios de la Administración Pública Federal.

Comisiones consultivas:

– Formadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad y de experiencia, designados por el Ejecutivo.

– Su objetivo  es resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema específico.

– Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia de la Presidencia y sus conclusiones no serán vinculantes.

Comisiones presidenciales:

– Formadas por integrantes del Gobierno, especialistas o profesionistas, así como servidores públicos de otros poderes u órdenes de Gobierno.

– Se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones investigación, seguimiento y fiscalización.

– Sus propuestas e informes deberán servir como base para toma de decisiones, de acuerdo al objeto que determine su decreto de creación.

Este es prácticamente el primer esbozo del Gobierno Federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a partir del primero de diciembre. Aún cuando falta que todo sea ratificado en el Senado, los diputados comenzaron a cumplir la ruta crítica anunciada hace semanas para que ellos conformen el marco legal para poner en marcha a la nueva administración.