EN LA OPINIÓN DE:
DESACATA 18ª LEGISLATURA A LA SCJN: PT Y MC
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Persiste la violación a la autonomía municipal en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entre otras, señalan los diputados Hugo Alday y José Luis Pech.
• Sólo cambia el nombre de “Constancia” a “Dictamen” para evadir la acción de inconstitucionalidad de la SCJN, coinciden.
• Sin permitirse el debate, el PAN aprobó junto con Morena-Verde-PT, a pesar que la controversia la interpuso un municipio panista.
• En caso que se vuelva a impugnar ante la SCJN, será calificada por ministras y ministros afines al morenismo.
“Advertimos que si bien se modifica el nombre de las “constancias” (inconstitucionales de acuerdo con la acción 471-2023 de la SCJN) para llamarles “dictámenes”, pero subsiste la vulneración de la autonomía municipal” expuso el diputado Hugo Alday Nieto del Partido del Trabajo (PT), al exponer en tribuna su posicionamiento en contra de las reformas a diversas leyes, entre ellas, la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que fue “bateada” por la SCJN al calificarla de inconstitucional al violar el artículo 115 sobre el municipio libre.
Hugo Aladay dio lectura a una parte de la sentencia judicial federal: “El Tribunal pleno observa que la emisión de la Constancia de Congruencia Urbanística estatal implica un acto unilateral del Poder Ejecutivo local, que si bien tiene por finalidad verificar la congruencia de las acciones urbanísticas, lo cierto es que termina por condicionar las autorizaciones sobre uso de suelo y licencias de construcción que previamente emitió un municipio con base en el escrutinio que efectuó la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de la entidad federativa”.
Continúa: “El procedimiento para llevar a cabo alguna acción urbanística comienza en la solicitud de autorización que el particular haga al municipio, el cual emitirá con base en su competencia que tiene reconocida en el artículo 115 de la Constitución General de la República y una vez obtenida, el solicitante previo al inicio de la protocolización de las obras se le impone la obligación de tramitar y obtener a través de la Sedetus la Constancia de Congruencia Urbanística -hoy ‘Dictamen’- siendo que las autorizaciones municipales resultan contrarias a dicha Constancia, no podrán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad acorde a lo establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo, de manera que el particular no podrá llevar a cabo la ejecución de la obra o acción urbanística respectiva”.
Y continúa: “Así, en términos de la normatividad aplicable, la obtención de la ‘Constancia de Congruencia Urbanística’ estatal, que hoy es ‘Dictamen’, se estableció como un requisito necesario para que las personas realicen acciones urbanísticas por lo que tal exigencia tiene el efecto material de constituir una autorización para que el propio ente municipal que coloca el estado en la última instancia después del municipio, l cual sostiene la inconstitucionalidad desde nuestra apreciación de la que fue objeto esta misma ley”.
Ante esto, el legislador petista, quien votó en contra de la reforma, propuso realizar reuniones con los operadores de la norma, así como en tes particulares como la Canadevi y colegios de ingenieros y arquitectos y algunos desarrolladores, con el fin de no caer nuevamente en una inconstitucionalidad “que en esencia se sigue manteniendo”.
Por su parte, el diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano (MC) coincidió en que esta reforma no atendió una corrección real de la invalidez dictada por la inconstitucionalidad de la SCJN y que al ser promovida por el municipio panista de Playa del Carmen, encabezado por Lilí Campos, ahora ningún municipio se atreverá a presentar la acción de inconstitucionalidad ya que todos son morenistas.
Esta reforma apoyada por los panistas Reyna Tamayo y Ángel Álvarez Cervera a pesar de que el municipio de Playa del Carmen, era entonces gobernado por el PAN.
Con esta acción la hegemonía morenista-panista-petista confía en que ahora ningún municipio impugnará ante la SCJN y en caso de que suceda, será la nueva Corte de los “acordeones” la que dictamine que esta reforma ahora sí es constitucional. Usted tiene la última palabra.
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EN LA OPINIÓN DE:
El periodista no debe ser complaciente con el poder
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Tengo la fortuna de conocer casi todos los procesos del periodismo impreso, desde la recolección de la nota en la calle o la fuente, hasta esperar semana para entregar un reportaje para medio impreso; así como conocer los pasos de la producción, la distribución, la comercialización y hasta el control de los recursos humanos; en 28 años de ejercicio periodístico, he visto y vivido casi todo.
He sido soldado raso de la redacción, cabo de la edición y general de la información; trabajé bajo órdenes hasta mayo del 2017 y aprendí (buenas y malas cosas), con jefes(as) que me aportaron y otros con los que tenía que luchar todos los días debido a su ignorancia. Hasta ahora tengo tres modestas novelas y voy por “Sentimientos de Papel”.
Quizá, ese bagaje me da cierta autoridad para escribir hoy esta opinión sobre la situación que vive en periodismo en Quintana Roo, donde los políticos y empresarios juegan a ser periodistas y, los periodistas juegan a ser políticos y empresarios. Pido disculpas anticipadas por si mi redacción ofende a algunos, no es mi interés, es solo dar mi punto de vista sobre el ejercicio que hoy nos quieren hacer creer que está muy devaluado por la sociedad.
El periodismo quintanarroense debe dejar de ser un “artículo” de complacencia para los poderosos y ponerse del lado de la sociedad, de las causas justas, darle la voz a quienes por naturaleza no pueden tener acceso a un medio de comunicación, principalmente cuando este se cotiza en niveles publicitarios altos; ¿cuál es la consecuencia?, quizá quedarse sin recursos económicos por publicidad gubernamental, porque si algo no soporta el cliente institucional es que evidencies las fallas que tiene en la administración de los dineros del pueblo, o sea “no pago para que me pegues”.
Veo con preocupación el sesgo de quien recolecta la información (reportero-corresponsal), cuando ve afectados sus intereses económicos; el silencio cómplice, cuando el gobierno en turno le cumple con su “apoyo” por no darle voz a los quejosos. Me alarma, que podamos publicar información no verificada, emitamos comentarios personales a lo que estrictamente debe ser una nota informativa, violando con alevosía y ventaja los géneros periodísticos. Resulta difícil transitar en una fauna plagada por feroces perros que defienden “la chuleta”, aunque sus amos sean unos corruptos, insensibles, ignorantes y sin calidad moral para dirigir un ayuntamiento, un Congreso, un Estado, un país y hasta una institución pública.
Lamento que la mayoría de los medios de comunicación de esta época, no generen “opinión pública”, sino solo “opinión gubernamental”, porque sugestionado por “el castigo” económico de quien ostenta el poder, no se atreven a evidenciar lo que muchas veces es del dominio público, prefieren voltear a ver hacia otro lado y, sin que nadie se los pida, lanzarse contra los opositores.
El periodista no puede tomar partido a favor de los poderosos, pueden destacar sus obras, pero no hacer mancuerna para cuidar los intereses de un gobierno retorcido en todos los sentidos; la idea infundada por los últimos gobernantes sobre conservadores y liberales, de derecha o de izquierda, a favor o en contra, entre otros muchos adjetivos calificativos imputados al periodista y a los medios de comunicación, no tiene que ser considerado en serio por los que nos dedicamos a esta profesión periodística; nosotros solo contamos historias, exponemos hechos consumados, principalmente aquellos que nos quieren ocultar.
Es más, ya ni la burla perdonan, salen todos “uniformados”, con la misma redacción y hasta con las faltas de ortografía y errores de sintaxis que trae el boletín. La forma es fondo y el fondo es forma.
Concluyo al decir que con la consabida responsabilidad contestaré cualquier comentario que el lector o los actores del periodismo y de la política tengan referente a esta opinión. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, con 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México; el “Plan B” ya es constitucional.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Kenia López Rabadán.
En los transitorios, indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al citado decreto.
Las legislaturas de las entidades federativas preverán los ajustes necesarios a sus presupuestos con el objeto de que las reducciones que en su caso se realicen en cumplimiento a lo previsto en al artículo 116 constitucional, surtan efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente en la entidad federativa que corresponda. Al tiempo…
EN LA OPINIÓN DE:
Choque de trenes o por el estilo
“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra
En el oficio periodístico el lograr un buen encabezado es meritorio. Llamar la atención sobre un tema sin dejarlo desnudo por completo, es un arte. El lector, el escucha, en su caso, debe ser atraído por el enunciado, pero no informado por completo. La teoría de Hmiguway dicen los gringos; oficio decimos nosotros, pero es lo mesmo, dicen en el rancho.
Todo esto viene a cuenta por el encabezado hace unos en los que se cuenta el disque enfrentamiento entre el senador Gino Segura y Rafaelm Marín, el candidato del Palacio Nacional por el gobierno de Quintana Roo por venir. “Choque de trenes” decía la cabeza. El problema es que es un choque imposible, pues sólo hay un tren, pies el proyecto verde no llega ni a armón de segunda.
Viene a mi memoria una tonadilla de finales de 1940, rescatada por Oscar Chaves, que cuenta un accidente entre un tren que iba pita, pita y caminando y un avión que andaba en el llano volando sin descansar. Huelga decir el resultado. El aeroplano es el Partido Verde con todo y su niño. Una cosa es el poder central y otra muy distinta el de una panda mafiosa avecindada en Tulum.
Esa mínima diferencia definirá el mapa político que nos gobernará dentro de poco, una puja que le abre la puerta a la diputada Marybel Villegas y saca del tablero a Jorge Sanen, alarde del analfabetismo funcional, y a otras tantas propuestas del gobierno en turno. No es que se busque para Cancún una lumbrera académica, ñero sí alguien con la instrucción básica terminada.
Desde luego la ruta aún es larga -y la maquina seguía pita y pita y caminando- y pueden ocurrir muchas cosas, pero es difícil que cambie el “no” a los verdes. Ya hicieron fortuna, ya que se vayan. Olvidan o quieren olvidar un principio político que dice que “el matancero de hoy, será la res de mañana” y que sus tropelías les regresaran. ¿Palabra de Dios? No, de Maquiavelo…



















