EN LA OPINIÓN DE:
EL TEST DE PROPORCIONALIDAD Y EL GATOPARDISMO JUDICIAL

Mucho se ha dicho en conferencias, en entrevistas, en reuniones vecinales y en actos multitudinarios que la elección de personas juzgadoras es la panacea que va a venir a resolver el grave problema que subsiste en México respecto de la correcta administración de la justicia, ya que, al elegir a tus juzgadores, pues todo va a cambiar para bien.
En lo personal disiento de todos y cada uno de los argumentos en su mayoría esgrimidos por personajes políticos que en poco o nada se han relacionado con la práctica del derecho, que no han postulado ante tribunales, que no han sostenido ante las autoridades jurisdiccionales las pretensiones de ningún justiciable.
Y es que, la percepción del Poder Judicial no va a cambiar sino cambia el sistema de reglas para resolver los conflictos. Si no sustituimos las fórmulas del derecho moralista que se encuentran anclados en principios derivados de valores morales en lugar del derecho positivo creado por el hombre, los jueces seguirán haciendo uso de esa atribución para derrotar normas aplicables a los casos concetos.
Ese sistema o método que desde los años 90 se apoderó del monopolio de la jurisdicción, es decir de esa potestad exclusiva de “decir el derecho” que tienen los juzgadores, tiene nombre y apellido, se llama “Test de proporcionalidad” y emana de la teoría estándar de Robert Alexy y el tribunal alemán de los años 50.
Desde ese momento, se comenzó a gestar un Poder Judicial Federal que poco a poco secuestró el proceso de decisión jurisdiccional para pasar del estudio argumentativo entre leyes, jurisprudencia, doctrina y precedentes semejantes aplicables al caso concreto, a un proceso meramente lógico-matemático se sumas y valores. Pero de igual forma, el abuso en el uso del test de proporcionalidad de Alexy, implementado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la venia del exministro Arturo Zaldívar, también de apoderó del proceso legislativo.
Así es, hoy en día por más inaudito que parezca, los poderes legislativos se asumen cautivos del Poder Judicial y lo que en estricto sentido es una facultad formalmente propia de un legislador, se ha convertido en un temeroso proceso de revisión de criterios y de sentencias que no contravengan a las iniciativas a proponer, lo que ha generado congresos que incluso traten de ponderar sus propias iniciativas con principios constituciones formales o derivados, en lugar de armarse de valor para defender y asumir sus propias iniciativas. Hoy los congresos subsumen su función creadora de normas a la decisión de un poder judicial derivado de una teoría creada en tribunales alemanes que ya ni ellos mismos utilizan.
Un ejemplo reciente es la Contradicción de Criterios 19/2025 respecto de la prisión preventiva oficiosa en la que el Poder Judicial Federal determinó que, aunque el artículo 19 está en la Constitución General de la República, los jueces y juezas pueden dejar de observar lo dispuesto en la Carta Magna, para interpretar con base en el Derecho Internacional, a través del principio de dignidad humana. Es decir, que, el Poder Judicial faculta al mismo Poder Judicial a pasar sobre la Constitución cuando así lo consideren.
En este orden de ideas y tomando a un grande de la filosofía del derecho como Luis Recasens, tenemos que, todos los males de la teoría y la práctica jurídica se deben a: “la invasión del campo jurídico por el espíritu cartesiano, es decir, por el espíritu matemático geométrico”. Refiriéndose propiamente a la teoría estándar de Robert Alexy que desemboca en el multimencionado test de proporcionalidad, como método favorito del Poder Judicial de México para resolver conflictos.
Por su parte, Martín Reyes en su obra “Más allá del test de proporcionalidad: análisis, crítica y metodologías de adjudicación alternativas al modelo de Robert Alexy”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene una cita maravillosa que nos expone en un solo párrafo lo que está sucediendo en México desde los 90 a la fecha: “Se ha dicho que el Test de proporcionalidad es una metodología que resta fuerza los derechos fundamentales, que incrementa la opacidad y discrecionalidad judicial, que debilita el poder de los órganos, democráticamente electo y del pueblo, amén de qué abre la puerta al gobierno de la judicatura.”
Una vez expuesto lo anterior, es también necesario saber que, disolver el derecho creado por el hombre a través de procesos legislativos en principios emanados de valores morales al criterio exclusivo de una persona a la que se llama juez, sigue siendo una realidad metodológica, la más sencilla, pero por lo visto ineficaz que tenemos.
Y si nuestros nóveles juzgadores resultaran inexpertos en filosofía del derecho y no conocen otras teorías de la argumentación jurídica, como en realidad parece ser, por más que sean votados por el pueblo, seguirán resolviendo con las mismas reglas y luego entonces, estaremos en presencia de aquella máxima de Lampedusa del gatopardismo, en la que todos los jueces cambian para que el poder judicial siga igual, debido a que absolutamente nadie, se ha interesado por el fondo real de la crisis jurisdiccional. Con estas conclusiones es muy probable que la justicia siga, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, en palabras del maestro Joaquin sabina.
Hugo Alday Nieto.
Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad La Salle del Pedregal.
Maestro en derecho por la Universidad Anáhuac del Mayab.
Maestro en derecho pro la Universidad de Alicante España.
Doctorante en Derecho por la Anáhuac Cancún.

EN LA OPINIÓN DE:
REACTIVAN AL COLEGIO DE COMUNICADORES

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• La actual directiva, presidida por la Maestra en Periodismo Político, Maribel Torres Martín, destaca en su informe la certidumbre jurídica readquirida y el nuevo posicionamiento de la organización que busca la mejora continua del ejercicio del periodismo y la comunicación.
• Estableció alianzas académicas con la Universidad Modelo, UNID, Iescda y el Ieqroo.
En días pasados rindió su informe anual la presidenta del Consejo Directivo 2023-2025 del Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo, Maestra en Periodismo Político, Enna Maribel Torres Martín, quien destacó como sus principales aportes la recuperación de la certeza jurídica de la organización, después de más de quince años sin renovación legal, con lo cual recuperan su legitimidad y capacidad para representar, emprender proyectos y alianzas en cumplimiento de su misión de trabajar por la mejora continua del ejercicio del periodismo y la comunicación.
Entre las acciones de la directiva, que tiene como secretario general al Maestro en Periodismo Político y doctorante en Comunicación y Periodismo Científico, Eddie Ortega Ricalde, destacan la organización de conferencias magistrales, cursos de actualización y talleres, dirigidos a fortalecer las capacidades técnicas y éticas de las y los comunicadores del estado, en el marco del compromiso del Colegio con la profesionalización de sus integrantes y del gremio en general.
Maribel Torres precisó que desde el inicio de su gestión estableció tres ejes de trabajo: la profesionalización de las personas asociadas y no asociadas que ejerzan el periodismo y la comunicación; la vinculación con instituciones, empresas y la sociedad para generar proyectos comunes; así como la dignificación y la unidad en el ejercicio de la comunicación en todas sus ramas.
Destacó las alianzas que han establecido con instituciones como la Universidad Modelo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América (Iescda), ésta última con la que firmarán un convenio de cooperación académica el próximo 20 de mayo.
Con estas instituciones educativas han organizado conferencias y talleres con temas de alta pertinencia y actualidad, como “La revolución de la inteligencia artificial: transformando el presente y el futuro”, así como una representación del Colegio en la XIX Cumbre Mundial de Comunicación Política Cancún 2023.
En esta línea de trabajo, informó que se restableció la relación con la emblemática Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG), para ofrecer cursos y diplomados de dicha institución líder en el campo del periodismo en México y América Latina.
Con el Ieqroo se estableció un convenio que tiene vigencia a partir del actual proceso electoral del Poder Judicial y de alcance permanente, con el objetivo de promover la cultura política democrática y prevenir la violencia política en razón de género, impartiéndose un primer curso virtual: “Campañas judiciales y su difusión en radio, televisión y redes digitales”.
En este periodo destaca el reconocimiento a la colega fundadora Maestrante en Periodismo Político, María Elena Montiel Mora, quien recibió el Premio a la Mujer Quintanarroense Destacada en el ámbito de la Comunicación 2023.
Igualmente, la participación del Colegio en el Foro de Consulta Ciudadana en Derechos Humanos en la temática “Periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. En este periodo el Colegio se ha sumado a la solidaridad y apoyo a compañeras y compañeros periodistas que han sufrido algún ataque en el ejercicio de su labor.
Al cierre de su intervención Maribel Torres reiteró que con este informe se abren los tiempos para la próxima publicación de la convocatoria, para quienes tienen interés legítimo y el compromiso de dar continuidad al trabajo colegiado y consolidar esta nueva etapa iniciada, desde una nueva directiva que asuma la alta responsabilidad de fortalecer la unidad, coordinar el rumbo, y contribuir al ejercicio de la “Comunicación con responsabilidad” como reza el lema del Colegio. Usted tiene la última palabra.


EN LA OPINIÓN DE:
Herederos mayas, hundidos en la pobreza

Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
En Quintana Roo existen unos 150 mil hogares indígenas, con una población total de 488 mil 244 personas, de las cuales 236 mil 129 hablan maya, es decir el 48.36 por ciento; el 51.64% es bilingüe.
El último censo en el 2020, detalla que en Cozumel hay 26 mil 886 personas de pueblos originarios; Felipe Carrillo Puerto cuenta con 72 mil 148; Isla Mujeres con 5 mil 540; Othón P. Blanco, 46 mil 602; Benito Juárez, 190 mil 341; José María Morelos, 32 mil 200; Lázaro Cárdenas, 20 mil 824; Playa del Carmen, 56 mil 326; Tulum con 17 mil 830 y; Bacalar, con 19 mil 547 indígenas.
Pues esta población indígena, que representa el 26.27 del total de los quintanarroenses, carece de una calidad de vida aceptable, pues no solo hay pobreza alimentaria y económica en sus comunidades, sino también de salud, de educación y de servicios básicos.
Lo digo porque soy testigo del abandono en el que están las comunidades de los municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, ya que hice un recorrido para conocer de primera mano los usos y costumbres de un pueblo que milita en una época donde no son incluidos.
La constante es la misma, la pobreza y el rezago social; desde altos de Sevilla en Bacalar, hasta Chanchen en Tulum y, desde Chancah Veracruz en Felipe Carrillo Puerto hasta Dziuché en José María Morelos, el clamor es el mismo; “hay mucha migración, mucha inseguridad y falta de atención médica en las comunidades, ya que para poder llegar a un centro de salud caminan muchas horas y eso ha provocado la muerte de nuestros hermanos, además si continúa la migración nos quedaremos si productores de alimentos y no habrá quien lleve esos productos a la ciudad”.
La migración se debe a la búsqueda de fuentes de empleos bien remunerados, que a veces vienen a palear un poco la situación de la pobreza económica; pero por décadas, la pobreza en desarrollo social, solo hay que hacer un recorrido por Manuel Antonio Ay, Chanchén, Cobá, San Juan de Dios, Chanchén Primero, Hondzonot y Chanchén Palmar, todas en Tulum, para darse cuenta de la falta de un centro de salud equipado con personal y medicamentos, no lo hay; para salir de esas comunidades hay que transitar por dos horas en auto particular, del transporte público ya ni hablamos, pues solo se puede llegar en taxi especial.
Situación similar viven las comunidades de Chumpón, Chun-On, Yod Kal, Yodzonot Chico, Chun-Yah, San Hipólito, San Ramón, X-Pichil, X-Yatil, en Felipe Carrillo Puerto, que aparte de sus malos caminos, no hay manera de comunicarse con el exterior; la falta de atención médica y mejora de las viviendas, la han esperado por décadas, sin que hasta el momento ninguna autoridad les haga justicia.
Por más que las autoridades de los tres niveles de gobierno digan que “mejoran la calidad de vida de la zona maya”, la realidad contrasta con lo que reportan, porque al recorrer el Naranjal, Insurgentes, Pozo Pirata, San Carlos, Kancabchén, Candelaria y Puerto Arturo en José María Morelos, los caminos sacacosechas están en pésimas condiciones, no hay apoyo a la producción, puesto que los sandieros y los limoneros, no pueden comercializar sus productos de manera directa y lo venden a los coyotes.
En resumen, un 90 por ciento de los pobladores de la zona maya, unas 400 mil personas, no cuentan con servicios básicos de agua potable, atención a la salud, transporte público, ni oportunidades para salir adelante en su propia comunidad. Aclaro, estos son carencias que están a simple vista de quien visita la zona maya, porque las que no se ven son muchas; por la gran cantidad de problemas familiares que tienen debido al alto consumo de alcohol, sin que una autoridad intervenga para prevenirlo. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, ayer en su Consejo General del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, informaron que ya casi tienen 50 mil (47-1%) afiliados de los 100 que tienen como meta.
“Este progreso se ha logrado gracias al trabajo coordinado de las bases, consejeros, militantes y simpatizantes que siguen avanzando con pasos firmes hacia la consolidación del proyecto”, dijeron a través de un comunicado.


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