Por el Dip. y Dr. Hugo Alday*

Impulsado por las publicaciones realizadas en el “X” del doctor Juan Antonio García Amado en su visita a México al Tercer Congreso Internacional SILEX, en donde da cuenta de las más épicas conclusiones en la eterna discusión entre iusnaturalistas o iusmoralistas y los iuspositivistas, yo me considero de los últimos, dado que no veo de qué manera una moral superior puede superponerse a la voluntad popular plasmada en la conformación de un Poder Legislativo que edifica el derecho  a partir de decisiones humanas y no religiosas o morales, es que comencé este artículo.

Y fue una frase publicada por el doctor que dice “Recordando a Condorcet y el juicio a Luis XVI, el profesor Rosler puso de presente que el interpretativismo ha cambiado el derecho por la teoría del derecho. Se ha combatido el texto de la ley con la teoría de la ley, la Constitución por la teoría constitucional”. Argumento terriblemente avasallador y contundente, que nos lleva a reflexionar que, en el Congreso de la Unión actual, los miembros colegiados no conocen de derecho y mucho menos de teorías, por lo que el retroceso en el marco jurídico derivado de un  proceso legislativo mediocre lastima a los demás poderes, a las instituciones y la falta de un proceso argumentativo sólido genera poco a poco un estado débil.

Siguiendo con las publicaciones en “X” del doctor García Amado de la Universidad de León, España en el Tercer Congreso Internacional de SILEX, nos dice que: “Para el ex ministro José Ramón Cossio Díaz, el debido proceso inicialmente, bajo la figura de “formalidades esenciales”, era claro: (i) haber sido emplazado y oído en juicio; (ii) poder formular y proponer pruebas; y (iii) presentar alegaciones. Sin embargo, con el paso el tiempo su contenido se ha complejizado”, claro está, derivado de la sobre-teorización del derecho, lo que nos ha llevado a hacer prácticamente imposible condenar delincuentes por inconsistencias en el debido proceso moderno.

Por ello, menciona una interesante propuesta del profesor Rosler, que va de la siguiente forma: “ha sugerido abandonar una concepción fuerte de la argumentación propia del iusnaturalismo y de una concepción interpretativista del derecho, en favor de una concepción débil de la argumentación, propia del positivismo jurídico y defensora de la legalidad”, a efecto de retomar el camino de la Ley en un país que se ha enredado en teorías y principios que opacan el verdadero sentido del derecho muchas veces.

A manera de conclusión reproduzco esta publicación que el doctor García Amado rescata del doctor Garzón Cardenas: “¿Qué relación existe entre la retórica de la igualdad y la derrotabilidad normativa?: la retórica de la igualdad ha llevado a considerar  justificado derrotar normas.  Se ha lesionado al Estado de Derecho en nombre de un principio constitucional”.

Para ello, no basta con votar a jueces, magistrados y ministros emanados del pueblo bueno que, seguramente poco entenderán de filosofía del derecho y silogismos argumentativos para la solución de controversias, sino que se hace necesario que, los legisladores y personas juzgadoras, adquieran competencias en argumentación jurídica para que no nos siga sucediendo como al líder del Senado, Gerardo Fernández que no logró congregar a más de diez funcionarios europeos en su tan anunciada charla sobre la reforma judicial por su bajísimo entendimiento de la materia, o como a la ministra Lenia Batres, que por desconocer las causas de recusación fue impedida de conocer de un asunto de trascendencia para sus seguidores.

Sin duda, mientras el derecho en el mundo se encuentra en una encarnizada lucha entre iusmoralistas y iuspositivistas, entre la interpretación por medio de principios o de la Ley, en México carecemos de legisladores que sean peritos en derecho y a partir de junio seguramente tendremos menos personas juzgadoras expertas, lo que nos coloca en un lugar muy complicado en el que la vida seguirá, sin claridad en el derecho, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

*(Licenciado en derecho con mención honorífica. Maestro en derecho empresarial. Maestro en derecho de la propiedad intelectual, industrial y derecho de la competencia. Doctorante en derecho).

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