“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

En estas últimas semanas, los lectores de esta columna de opinión, toman tiempo para verter sus comentarios de tal o cual tema que trato, acción que agradezco en gran manera, pues lo hacen a través de los diversos medios de comunicación que me hacen el favor de publicar.
Ayer mismo, un grupo de organizaciones y de la sociedad civil, me hicieron llegar su inquietud sobre la propuesta de Ley de Participación Ciudadana, que vienen trabajando desde hace cuatro años, la que retomaron de la primera Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo en 2005, aunque fue abrogada en el 2018, para darle paso en 2019 a la Ley vigente de Participación Ciudadana.

Sin embargo, en 2022 se conforma un grupo promotor de la ley conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes realizan mesas de trabajo para ‘co-crear’, entre las organizaciones del grupo promotor, el texto de la iniciativa; hacen uso del mecanismo “iniciativa ciudadana” contemplada en la Ley de Participación de Quintana Roo.

Para marzo de 2023 organizaciones, colectivas y personas de Quintana Roo presentaron una iniciativa ciudadana a la XVIII Legislatura, se discutió en Comisión, sin embargo, al concluir su periodo en agosto del 2024, dicha iniciativa pasó a “la congeladora”.

El esfuerzo bien vale la pena, porque ahora son los ciudadanos los que proponen la manera en la que debe legislarse, el pueblo organizado, sin partido, interesado en participar en la “cosa pública”, como lo he discutido con mis lectores, una cuarta vía para poder gobernar desde el municipio hasta el país.

La columna vertebral de la propuesta para retomar el tema de reforma de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo, es que estas organizaciones proponen que la mayoría de las iniciativas sean ciudadanas; hacer realidad el Plebiscito, el Referéndum y la Revocación del Mandato; este último tema, sería aplicable cuando el pueblo compruebe que su gobernante no cumpla con las expectativas de un buen gobierno.

También proponen que los ejecutivos, realicen audiencias públicas, los ayuntamientos tengan un Cabildo abierto; que fomenten la colaboración comunitaria; creen, no simulen, los Comités de Participación, los Consejos Asesores Ciudadanos; realicen Consulta Pública para los asuntos más importantes de la comunidad; les den espacios a las Contralorías Sociales, Presupuesto Participativo, Planeación Participativa, Mecanismos de Participación Social para Niñas, Niños y Adolescentes; así como tener un Congreso abierto.

En la audiencia pública, que los participantes puedan proponer de manera directa a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los Ayuntamientos, la adopción de acuerdos o la realización de acciones de su competencia. Solicitar y recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública estatal y municipal, así como de las actuaciones de las diputadas, diputados y las comisiones del Congreso del Estado. Formular las peticiones, propuestas o quejas relacionadas con las funciones públicas. Emitir opinión respecto del cumplimiento de los programas y actos de gobierno.

Este podría ser el génesis de la cuarta vía para un buen gobierno, evitaría los conflictos sociales, las manifestaciones, el descontento ciudadano que permea a todos los sectores. De no tomarse en cuenta, el siguiente paso es la organización del pueblo para tomar las riendas de cualquier gobierno. Ahí se las dejo…

SASCAB
Por cierto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizará mañana jueves 27 de marzo, a las 04:30 pm en el Four Points by Sheraton Cancún Centro, su Asamblea Electiva, en la que se renovará la presidencia.

La que tiene todas las de ganar, es la empresaria María Jovita Portillo Navarro, quien propone fortalecer el tejido empresarial local mediante la creación de foros de diálogos para fomentar la colaboración entre empresarios, gobierno y sociedad civil. Al llegar a la Presidencia, va a implementar programas de apoyo a las empresas con programas de capacitación, asesoría y vinculación con fondos de financiamientos.

También busca impulsar la innovación y la sostenibilidad por medio de alianzas con instituciones académicas y gubernamentales, con el fin de promover la economía circular y las prácticas ecológicamente responsables. Propone consolidar el liderazgo de Quintana Roo en el entorno empresarial, al promover intercambio de buenas prácticas con otros centros empresariales y organismos para fortalecer la competitividad regional. Al tiempo…

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

Por el Dip. y Dr. Hugo Alday*

Impulsado por las publicaciones realizadas en el “X” del doctor Juan Antonio García Amado en su visita a México al Tercer Congreso Internacional SILEX, en donde da cuenta de las más épicas conclusiones en la eterna discusión entre iusnaturalistas o iusmoralistas y los iuspositivistas, yo me considero de los últimos, dado que no veo de qué manera una moral superior puede superponerse a la voluntad popular plasmada en la conformación de un Poder Legislativo que edifica el derecho  a partir de decisiones humanas y no religiosas o morales, es que comencé este artículo.

Y fue una frase publicada por el doctor que dice “Recordando a Condorcet y el juicio a Luis XVI, el profesor Rosler puso de presente que el interpretativismo ha cambiado el derecho por la teoría del derecho. Se ha combatido el texto de la ley con la teoría de la ley, la Constitución por la teoría constitucional”. Argumento terriblemente avasallador y contundente, que nos lleva a reflexionar que, en el Congreso de la Unión actual, los miembros colegiados no conocen de derecho y mucho menos de teorías, por lo que el retroceso en el marco jurídico derivado de un  proceso legislativo mediocre lastima a los demás poderes, a las instituciones y la falta de un proceso argumentativo sólido genera poco a poco un estado débil.

Siguiendo con las publicaciones en “X” del doctor García Amado de la Universidad de León, España en el Tercer Congreso Internacional de SILEX, nos dice que: “Para el ex ministro José Ramón Cossio Díaz, el debido proceso inicialmente, bajo la figura de “formalidades esenciales”, era claro: (i) haber sido emplazado y oído en juicio; (ii) poder formular y proponer pruebas; y (iii) presentar alegaciones. Sin embargo, con el paso el tiempo su contenido se ha complejizado”, claro está, derivado de la sobre-teorización del derecho, lo que nos ha llevado a hacer prácticamente imposible condenar delincuentes por inconsistencias en el debido proceso moderno.

Por ello, menciona una interesante propuesta del profesor Rosler, que va de la siguiente forma: “ha sugerido abandonar una concepción fuerte de la argumentación propia del iusnaturalismo y de una concepción interpretativista del derecho, en favor de una concepción débil de la argumentación, propia del positivismo jurídico y defensora de la legalidad”, a efecto de retomar el camino de la Ley en un país que se ha enredado en teorías y principios que opacan el verdadero sentido del derecho muchas veces.

A manera de conclusión reproduzco esta publicación que el doctor García Amado rescata del doctor Garzón Cardenas: “¿Qué relación existe entre la retórica de la igualdad y la derrotabilidad normativa?: la retórica de la igualdad ha llevado a considerar  justificado derrotar normas.  Se ha lesionado al Estado de Derecho en nombre de un principio constitucional”.

Para ello, no basta con votar a jueces, magistrados y ministros emanados del pueblo bueno que, seguramente poco entenderán de filosofía del derecho y silogismos argumentativos para la solución de controversias, sino que se hace necesario que, los legisladores y personas juzgadoras, adquieran competencias en argumentación jurídica para que no nos siga sucediendo como al líder del Senado, Gerardo Fernández que no logró congregar a más de diez funcionarios europeos en su tan anunciada charla sobre la reforma judicial por su bajísimo entendimiento de la materia, o como a la ministra Lenia Batres, que por desconocer las causas de recusación fue impedida de conocer de un asunto de trascendencia para sus seguidores.

Sin duda, mientras el derecho en el mundo se encuentra en una encarnizada lucha entre iusmoralistas y iuspositivistas, entre la interpretación por medio de principios o de la Ley, en México carecemos de legisladores que sean peritos en derecho y a partir de junio seguramente tendremos menos personas juzgadoras expertas, lo que nos coloca en un lugar muy complicado en el que la vida seguirá, sin claridad en el derecho, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

*(Licenciado en derecho con mención honorífica. Maestro en derecho empresarial. Maestro en derecho de la propiedad intelectual, industrial y derecho de la competencia. Doctorante en derecho).

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