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Ordena tribunal federal suspender publicación de la reforma judicial

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CDMX.-Un tribunal federal ordenó suspender la publicación de la reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y diversos congresos locales, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que es el último paso antes de hacerla oficial.

Un Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, ordenó suspender la publicación del decreto luego de que la organización Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. interpuso una queja por el incumplimiento de una suspensión anterior cometida por parte de diversas autoridades.

De esta forma las y los magistrados del tribunal federal aceptaron el recurso de queja y concedieron esta suspensión provisional para que la reforma no sea publicada en el DOF.

“En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”, señala la sentencia.

La suspensión se da a conocer después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que publicará la reforma judicial en el DOF el 15 de septiembre, luego de que más de 17 Congresos Estatales la aprobaran en sus respectivos estados.

Morena minimiza amparo; aseguran que reforma judicial será promulgada el 15 de septiembre
La senadora Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y próxima consejera jurídica de la presidencia de Claudia Sheinbaum, minimizó la suspensión otorgada por un tribunal federal en contra de la publicación del decreto de reforma al Poder Judicial.

Minutos antes de que el Senado de la República sesionara para realizar el conteo de las 23 Legislaturas locales que avalaron la reforma judicial, Ernestina Godoy declaró que es improcedente la suspensión otorgada por un tribunal colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima.

“Son improcedentes, un poder no puede hacer eso con otro poder”, dijo al preguntarle si este amparo puede impedir que el Congreso concluya el proceso de reforma constitucional o que el presidente Andrés Manuel López Obrador firme el decreto, como tiene programado hacerlo el próximo 15 de septiembre.

“Están en contra de dejar los privilegios, dejar la opacidad, dejar todo el tema de que no responden a la gente, de que no hay quien los vigile como a todos los funcionarios públicos. Tienen que entender que ya se aprobó la reforma”, dijo Godoy en breve entrevista antes de inicia la sesión.

El abogado Luis Eliud Tapia explicó que, de acuerdo con el documento de esta resolución, no se trata de una reacción al anuncio del presidente de publicar la reforma judicial el 15 de septiembre en el DOF.

“Es interesante ver en qué fecha lo solicitan, o sea, hay que ponerlo en perspectiva, porque no es que se acaba de hacer ahorita por el proceso, sino que esto ya lleva al menos desde el 5 de septiembre”, mencionó Tapia.

La reforma judicial fue aprobada en el Senado desde las tres y media de la mañana del 11 de septiembre, después de desechar las reservas por Morena y sus aliados, sin modificaciones, con 86 a favor y 41 en contra, y, por ser constitucional, fue enviada a los congresos locales para lograr su aprobación en al menos 17.

Especialistas consultados coincidieron en que la reforma judicial podría publicarse en el DOF este 15 de septiembre y continuar en ejecución de manera ordinaria.

“Desde mi punto de vista no existe fundamento jurídico para que una autoridad judicial impida al presidente la publicación del decreto de reforma. Considero que se trata de una decisión judicial precipitada, carente de base constitucional o legal”, aseguró Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El proceso legislativo marca que debe hacerse la declaratoria de Reforma Constitucional, conforme al artículo 135 de la Constitución. Al cumplir esa etapa, la reforma se envía al Poder Ejecutivo para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

“La publicación en el DOF no es en sí mismo un acto de autoridad sino que obedece al último de los pasos del procedimiento legislativo. Primero habrá que demostrar que ese proceso fue violado para después poder echarlo para atrás”, afirmó Mariana Tamés Espadas, coordinadora jurídica de Strategia Electoral.

Tapia concuerda en que, normalmente, se interpone un mecanismo de impugnación cuando hay un proceso de reforma ya terminado. Es decir, cuando ya esté publicada en el DOF, pero en este caso Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. busca evitar precisamente eso.

“Regularmente uno presenta recursos contra procesos concluidos, no contra un proceso que está en curso y ese es otro problema porque no es un proceso concluido. Aquí quieren hacer una cosa extraordinaria porque hay una reforma extraordinaria”, comentó el abogado.

Tanto Tapia como Tamés sostuvieron que, a pesar de que no impida la publicación de la reforma judicial el 15 de septiembre en el DOF, esta suspensión podría ser un argumento contra el proceso legislativo que la oposición pretende impugnar.

“En su momento podría ser agregado al caudal probatorio que se presente para demostrar los vicios en que se incurrió durante el proceso legislativo de reforma pero, para efectos prácticos y jurídicos, seguramente será improcedente. Se otorgaron otras suspensiones similares durante la discusión y ninguna fue tomada en consideración”, refirió Tamés.

Prohíben enviar iniciativa a los congresos de los estados
Desde el pasado 5 de septiembre se dio a conocer que un juez federal concedió una cuarta suspensión provisional contra la reforma judicial por la que ordenó al Congreso de la Unión no votar y aprobar la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, fue quien concedió esta suspensión definitiva, luego de que la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos promoviera una demanda de amparo contra la iniciativa de reforma presidencial.

En su demanda la asociación civil señaló que de aprobarse la reforma judicial se llevaría a cabo una transgresión a la Constitución y las normas internacionales en materia de impartición de justicia (autonomía e independencia judicial).

Por este motivo, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que el Congreso de la Unión no vote ni apruebe la iniciativa de reforma al Poder Judicial ni lo envíe a los Congresos locales.

+Originalmente el juez había fijado para este jueves 12 de septiembre la audiencia en la que definirá si suspende de forma definitiva la discusión y aprobación de la reforma judicial, sumando así ya cuatro suspensiones definitivas contra la reforma judicial.

Sin embargo, debido a que algunas de las autoridades responsables no han respondido a la demanda determinó diferir la audiencia para el próximo viernes 11 de octubre.

Las otras suspensiones contra la reforma judicial
La primera suspensión contra la reforma judicial fue concedida desde el pasado sábado 31 de agosto por la jueza Martha Magaña López que dio la primera suspensión de oficio (provisional) contra la reforma judicial -que ya otorgó la suspensión definitiva-, mismo día en el que se dio a conocer sobre una segunda suspensión concedida por juez Felipe Consuelo Soto, del juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el estado de Chiapas.

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Benito Juárez ciudad prioritaria en el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum

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CDMX.-En sus primeros 100 días como presidenta de México, Claudia Sheinbaum se enfocará en bajar la incidencia delictiva de alto impacto en los 10 municipios más peligrosos del país y en combatir la violencia que azota al estado de Chiapas, tareas pendientes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un documento titulado “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 días”, que presentará formalmente el próximo martes, el enfoque en estas dos tareas es debido a que el 25.3% de los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada se registran en 10 municipios; mientras que en Chiapas los homicidios dolosos se concentran en 12 de los 124 municipios que integran esta entidad.

Además, se enfocará en la atención del delito de extorsión en el “ciclo productivo del limón” en Michoacán, un fenómeno que involucra a diversos grupos delictivos que compiten en la zona por quedarse con las ganancias que genera este ilícito.

Lee | La estrategia de seguridad de los primeros 100 días de Sheinbaum, ¿es lo que necesitamos?

Para cumplir con estos objetivos se enfocará en crear un gabinete alterno de seguridad, mejorar las labores de inteligencia de las principales instituciones de seguridad del país, fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e incluso en implementar una atención integral a los delitos de alto impacto.

Los 10 municipios con mayor número de homicidios dolosos en México
La principal “estrategia emergente” que implementará el gobierno de Claudia Sheinbaum durante sus primeros 100 días será disminuir la incidencia delictiva de alto impacto en los 10 municipios con mayor número de homicidios dolosos del país.

Y es que de acuerdo con información del SESNSP mientras que la tasa nacional de homicidios en el país es de 20.5, los municipios de Colima (173.2), Tijuana (86.6), Acapulco (85.3), Celaya (68.3), Cajeme (67.4), Ciudad Juárez (64.1) Tlajomulco de Zúñiga (42.9), Chihuahua (38.9), León (36.9) y Benito Juárez (34.6) superan por mucho la tasa nacional.

“(Además), los 10 municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos se encuentran a su vez dentro de los 5 Estados de atención prioritaria (Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco)”.

Por este motivo es que la estrategia iniciará en Tijuana (Baja California), León y Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), así como en Benito Juárez (Quintana Roo) y Colima (Colima), lugares donde convergen diversas fracciones delincuenciales del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles regionales.

Atención a la seguridad en Chiapas
Por su parte, para llevar a cabo la estrategia de atención a la seguridad en Chiapas, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum propone realizar tareas operativas y enfocadas a la atención de las causas.

Esto debido a que los homicidios dolosos en esta entidad se concentran en 12 de los 124 municipios que conforman esta entidad, que son Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tila, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque.

Por este motivo se propone “atender las causas de la violencia” con programas del Bienestar, presencia permanente de autoridades de seguridad como mecanismo de prevención, “construcción de paz con acciones de desarrollo comunitario”, inteligencia y despliegues operativos.

La información se da a conocer la misma semana en la que se confirmó que el Ejército mató a 6 migrantes en Chiapas al “confundirlos” con integrantes del crimen organizado, lo que contrasta con la intención de reforzar la seguridad en la zona con más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cuestionada sobre el tema, la presidenta informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de determinar si hay responsabilidad de mandos militares o sólo de los soldados que dispararon.

Extorsión a limoneros en Michoacán
Como última estrategia, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca hacer frente a la extorsión en el “ciclo productivo del limón” en Michoacán, particularmente en los municipios de Nueva Italia, Amntunez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán.

Esto es debido a que el derecho de cobro de piso de diversos grupos delictivos en la entidad abarca a cada una de las etapas productivas de este producto como lo es la producción, el empacamiento, el transporte y la comercialización.

Desde el pasado mes de agosto de 2024, productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista, en Michoacán, anunciaron que realizarían un paro debido a que continuaban las extorsiones y amenazadas en su contra por parte del crimen organizado.

Luego de minimizar la situación, el gobierno de Michoacán anunció que asumiría el control y operación del tianguis limonero para que reanudarán las operaciones, pero debido a que esto no ocurrió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer que los productores continuaban siendo víctimas de extorsión.

“Hay este conflicto, se está atendiendo la extorsión en la zona de Buenavista de la Tierra Caliente de Michoacán. Ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal para dar protección a los productores”, dijo.

Ahora, en su análisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum señala que cada municipio de Michoacán “tiene grupos delictivos distintos que compiten por la extorsión”, pero ya tiene identificados al menos a 11 cabecillas de estos grupos.

Las otras estrategias del gobierno de Sheinbaum
Entre las otras estrategias que esboza el Gobierno de Sheinbaum en el documento está fortalecer la “coordinación integral entre miembros del Gabinete” para “evitar duplicar esfuerzos y presentar resultados que reflejen la fuerza de estado en su conjunto”.

Esta incluye la creación de un gabinete alterno de seguridad que esté integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, Pemex Logística, el Servicio de Administración Tributaria, entre otras dependencias encargadas de combatir el financiamiento ilícito y el lavado de dinero en el país.

También realizará tareas para el fortalecimiento de inteligencia e investigación en el país, el fortalecimiento del SESNSP, una estrategia de seguridad en carreteras y vías generales de comunicación, así como el establecimiento de 10 fuerzas de tareas conformadas por las principales instituciones de seguridad de México.

Fuente: Animal Político

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John deja a más de 236 mil afectados a su paso por México

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Agencia.- Cumplieron el sueño de tener una casa propia, tras el trabajo de muchos años, sin embargo, en horas y días debido a las intensas lluvias dejadas por el huracán John, todo quedó destruido y ahora son solo recuerdos para Verónica López Galindo, quien vive junto con su esposo y sus tres hijos en Acapulco, al sur del país.

La casa ubicada en la Colonia Los Olivos, en la unidad habitacional San Agustín, fue edificada a un costado del río y con la crecida el agua fue socavando y llevándose las placas de concreto de la calle, así como paredes, bardas y casas completas.

López Galindo recuerda que eran grandes crujidos de la tierra, retumbaban los cimientos y colapsaba el concreto. “Ya nada volverá a ser como antes”, lamenta.

John desafió los pronósticos al golpear como huracán categoría 3, degradarse a baja presión remanente y después fortalecerse otra vez como tormenta tropical para tocar tierra de nuevo el 27 de septiembre en el estado de Michoacán.

El Gobierno reportó al menos 236 mil 636 afectados en Guerrero, que el 23 de septiembre padeció el golpe de John, huracán categoría 3, que dejó un estimado de 29 muertos en todo el país e inundaciones que no han cedido.

Las lluvias afectaron a 108 mil 792 personas de 27 mil viviendas en 28 municipios de Guerrero, pero tan solo en el puerto de Acapulco hay un adicional de 127 mil 844 damnificados de 39 mil 941 hogares, detalló Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en la conferencia matutina del Gobierno.

“Al momento de caer las placas dije se va a caer a mi casa y la casa de mis vecinos, mi esposo me calmaba y decía ten fe pero desgraciadamente el huracán John regresó a Acapulco, empezó a llover demasiado, cuando vimos que caían las casas nos espantamos”, expuso López Galindo.

Con lágrimas y sin contener el llanto, Verónica lamenta que por las lluvias ha perdido todo su patrimonio, ahora tiene que vivir con una tía, aunque reconoce que todos los días, desde muy temprana hora y hasta altas horas de la noche, tiene que estar cuidando algunas pertenencias que pudo rescatar.

“Éramos una familia en armonía, venían nuestras familias y decían ‘qué bonita quedó tu casa’, la hicimos con mucho sacrificio mi esposo y yo, nosotros la construimos a nuestra forma y quizás no muy lujosa pero teníamos lo mejor”, recordó.

Otro caso es el de Gloria Elia Hernández, quien recuerda que su casa no ha colapsado, sin embargo, está en un “voladero” con otra vivienda más, y creen que en cualquier momento pase la peor tragedia para ellos.

Contó que vive con sus dos hijos, además de su hermano, su esposa y sus dos sobrinos en la casa de alado, sin embargo, desde hace dos semanas, han tenido que cambiar la comodidad de su hogar, invadidos por la tristeza y la melancolía. “Rescatamos un refrigerador, una estufa, colchones, mi hermano sacó sus bases de colchón, son muy pocas cosas”, indicó ante la destrucción.

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CNDH dona 70 millones de pesos para damnificados por el fenómeno
La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, afirmó que destinará 70 millones de pesos para ayudar a la población afectada por el huracán “John”.

“Gracias a la responsabilidad con la que ejercemos el presupuesto que nos fue otorgado este año por el Congreso, hemos generado ahorros y ha llegado el momento de usarlos. ¿Qué mejor que ponerlos al servicio de esta causa? Estoy en este momento enviando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia de 70 millones de pesos para apoyar a nuestros hermanos guerrerenses y michoacanos en su necesidad apremiante”, dijo en un video difundido en su cuenta de red social X.

“El reto no solamente es la sobrevivencia diaria, sino de la reconstrucción de sus casas, de los caminos y de las carreteras y de la infraestructura, sobre todo de escuelas y hospitales lacerados por este fenómeno que nos convoca a unirnos en apoyo de quienes necesitan ayuda y solidaridad. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede ser ajena a esta realidad y por lo mismo estamos listos para apoyar”, agregó Piedra Ibarra.

Fuente: informador

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