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Opinión

Del informe oficial de Mara Lezama y el “sabadazo” legislativo

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“El Minotauro”

Por: Nicolás Durán de la Sierra

Dos puntos abordará este comentario con aires de columna, y los dos, sobra decirlo, tienen miga. El bien nutrido discurso de Mara Leza en su segundo informe, con su innegable labor en pro de los más desprotegidos, validó lo dicho por el presidente López Obrador poco antes: pone “el ejemplo a muchos que han gobernado la entidad desde que fuera territorio y luego estado”.

Si la frase puso sal a la comidilla del informe, dos de los exgobernadores presentes, dieron la miga. Uno con su silencio elocuente, Miguel Borge, que dice: “a mí ni me vean, que hice la universidad y la red cultural estatal” y Félix González, con elogios a Mara Lezama, aunque desde el tono del que nunca tuvo que ver con el proceloso pasado de la política estatal.

Digo proceloso porque la voz se ajusta a las huellas que dejara su paso por el gobierno estatal, que incluyen a su delfín el finísimo Roberto Borge, para más señas. Carlos Joaquín no asistió porque que está de fiesta por el nacimiento de su hijo con Paola Masciadri, su nueva pareja y no anda para informes. Se sugiere que le ponga Tonatiuh pues Giuseppe ya es un nombre muy sobado.

El otro tema nada tiene de festivo, pues resulta que mal comienza la presente legislatura, al dar el clásico sabadazo para, con la mayoría de Morena, ampliar de nueve a doce años el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado, la que ocupa Raciel López Salazar, con turbulento pasado tanto en su natal Chiapas, como en Puebla, donde fue titular de Seguridad Pública.

La extensión del periodo no fue respaldada ni por el PAN ni por Movimiento Ciudadano porque la propuesta no se había ventilado lo suficiente. La seguridad pública no sólo en el Estado sino en todo el país es un desastre, es un tema en el que nos quedó a deber el gobierno que se va, ¿por qué entonces dar a las fiscalías un periodo de dos sexenios? ¿Eso no es abonar a la impunidad?

Por un lado, Morena hizo hasta lo imposible por reformar al poder judicial, necesario para sanear este ámbito, si se quiere, pero por el otro se dan doce años de poder a los fiscales, como si las fiscalías no fueran un nido delincuencial, como si hacerlas transexenales fuera un logro cuando en realidad es un retroceso que va hasta contra el sentido común.
Para crear monstruitos, nada mejor que sesionar los sábados.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten

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Opinión

Quintana Roo y las nuevas estrategias contra el crimen; las fiscalías a juicio

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“El Minotauro”

Por: Nicolás Durán de la Sierra

La estrategia nacional de seguridad que presentara hace unos días Omar García Harfuch, nuevo titular de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia una amplia reforma al sistema policial nacional y en especial de las fiscalías y las entidades estatales del ramo y todo hace suponer que Quintana Roo será uno de los primeros estados en donde se verán dichos cambios.

Si bien es cierto que en los dos últimos años se ha avanzado en lo que toca a la seguridad pública y que la entidad ya no está entre los más violentas del país, lo que es un gran logro, también lo es el que Cancún está en la lista negra nacional de muertes violentas, lo que se ventiló recién en la renovada conferencia matinal presidencial ahora encabezada por Claudia Sheinbaum.

Dentro del nuevo esquema de seguridad destaca de manera especial, la coordinación de facto de todas las secretarías y fiscalías estatales con la estrategia federal que encabeza García Harfuch, con implícito derecho de veto en estas instancias, lo que pone en entredicho la estancia hasta por doce años -hágame el favor- de los fiscales y otros funcionarios de carácter local.

¡Tanto que les costó a nuestros diputados aprobar la reforma para darle dos sexenios al fiscal Raciel López Salazar, y ahora vienen con otra estrategia!… Así es la política. Es probable que los cambios se den en los días por venir, si no es que ya iniciaron a sottovoce, como es debido en una operación de inteligencia. En breve se espera la iniciativa presidencial correspondiente.

El gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a tener su propia faz en lo que toca a la seguridad, pero seguirá la ruta del sexenio pasado para atenuar la pobreza y abatir la base social que nutre al crimen e incentivar a los cuerpos de policía con capacitación y más salarios y en tal sentido, Quintana Roo es en donde se pagan los mejores sueldos del país. Se avanza, sin duda.

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Opinión

Elección de jueces: 1 de junio

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

Este lunes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso reformas a dos leyes generales: de Instituciones y Procesos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

Estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral, significa que la reforma al Poder Judicial avanza, a partir de la reforma constitucional.

Queda firme: el domingo 1° de junio de 2025 se realizarán las elecciones de todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mitad de magistradas, magistrados y jueces federales del país. En los estados se elegirá a la totalidad de magistradas y magistrados y a la mitad de jueces. En ambos niveles será en 2027 cuando se concluya la elección del cien por ciento del poder judicial federal y de los estados.

TAMBIÉN LAS FISCALÍAS
Necesariamente, más adelante vendrá la reforma a las leyes secundarias para la reforma a las fiscalías General de la República y de los estados, tal como volvió a anunciar en estos días el senador Gerardo Fernández Noroña.

Con estas acciones queda más desdibujada la guerra legal –los últimos coletazos del viejo régimen judicial–, que sólo prolonga la agonía y caen en la indignidad las ocho magistradas y magistrados enredados en esta anacrónica “guerra de guerrillas legal”.

Los ministros y ministras no podrán postularse; tampoco los magistrados y magistradas de los estados. Todos los demás sí podrán hacerlo, es decir, magistradas y magistrados federales y jueces federales y estatales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estará a cargo de todo el proceso y las actuales reformas son precisamente para facultar al INE a emprender esta histórica tarea de organizar la primera elección popular en el Poder Judicial de la federación y los estados.

Estas reformas detallan lo que la reforma constitucional no hace, ya que corresponde a las leyes secundarias, tal como establece en artículo transitorio la reforma constitucional.

Los plazos y fechas ya fueron establecidos en las reformas presentadas al Congreso y su organización tendrá una inversión muy cercana a los cinco mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al firmar la iniciativa en la Mañanera del Pueblo este lunes 7 de octubre:

“La elección se hará con la información pública disponible”, en alusión a la negativa de las ocho ministras y ministros, aferrados a sus privilegios e intereses que representan. Usted tiene la última palabra. 

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