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Opinión

Zaldívar, de carne y hueso

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LA COLUMNA DE RIVA PALACIO

Por Raymundo Riva Palacio 

Nadie puede negar que Arturo Zaldívar es un abogado realmente inteligente. Pero para quienes lo conocen bien, saben igualmente que es profundamente cínico y mentiroso, como quedó de manifiesto en la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula la semana pasada como un control de daños a fin de evitar que la caracterización que Andrés Manuel López Obrador hizo de él como cabeza la Suprema Corte de Justicia, dañe su imagen -que es lo que más le preocupa-, y lo muestre como lo que realmente es, cómplice del presidente para la persecución de sus enemigos políticos.

Zaldívar, que fue abogado del empresario preferido de López Obrador, Carlos Slim, al grado incluso de haber litigado algunos de sus asuntos cuando ya era ministro, y que tiene varias investigaciones abiertas en la Suprema Corte por presuntos abusos de autoridad y corrupción, no llegó por este presidente al Poder Judicial sino por Felipe Calderón, pero sí fue durante el actual gobierno donde se realizó una estrategia para hacerlo su máxima autoridad, cuyo de cabildeo político llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Scherer.

En un principio parecía que el objetivo en Palacio Nacional era llevar a un ministro que se había distinguido por sus resoluciones sobre la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo y la secuestradora francesa Florence Cassez, y capitalizar en el gobierno su fama pública. Gradualmente se empezó a ver que, por agradecimiento u oportunismo, Zaldívar fue aceptando cada vez más, participar en acciones que no solo violentaban la autonomía del Poder Judicial, sino que se alineaba al objetivo de López Obrador para atacar el régimen vigente y que para instaurar el suyo, requería del apoyo judicial para perseguir a sus enemigos.

La mayor transgresión al orden democrático mediante la imposición de un modelo autoritario, se dio con la creación del llamado Grupo de Judicialización, una idea de Scherer. Lo adscribió al Centro Nacional de Inteligencia porque originalmente el objetivo era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos que trabajaran coordinadamente con las áreas de inteligencia del gobierno y con el Poder Judicial. Ese propósito se desvaneció porque el presidente optó por no enfrentar a los cárteles de las drogas.

En seguimiento al comportamiento que estaba teniendo López Obrador, el Grupo de Judicialización cambió su misión. La prioridad se estableció en políticos, funcionarios del pasado y empresarios. En las reuniones semanales que realizaban se escogían los blancos en función de las necesidades políticas del presidente. Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hacía la investigación y le entregaba a la Fiscalía General. El problema, en la mayoría de los casos, es que no se podían judicializar por la deficiente documentación que entregaba Nieto, pero eso era menos importante, porque más que meter a la cárcel a los enemigos de López Obrador, lo que hacía era lincharlos en la mañanera y enjuiciarlos socialmente.

El Grupo de Judicialización sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno, por su mecánica de operación. Fue el instrumento para utilizar las leyes con fines políticos, sin importar que fueran violadas en el camino. No había interés en el estado de Derecho, por lo cual se cuidó que su existencia y funcionamiento no trascendiera para mantener el discurso de autonomía de autonomía e independencia de la Fiscalía General y el Poder Judicial. Zaldívar no iba a esas reuniones, pero enviaba a su representante, incondicional colaborador, que también llevaba su voz y voto a las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa, donde se construyó con pruebas falsas la versión alterna de la desaparición de los normalistas en Iguala, que tiene metido al presidente en un hoyo histórico.

Zaldívar atendía paralelamente los asuntos personales de Scherer y de Gertz Manero. En el primer caso, reforzaba, a través de sus brazos operativos, las presiones del consejero a jueces y magistrados en el país para que sus fallos se ajustaran a lo que él deseaba. Cuando renunció en septiembre de 2021, en varios juzgados sintieron que respiraban de nuevo, aunque se toparon con la realidad vigente: las amenazas que les enviaba Zaldívar si no atendían la línea que les marcaba era que los trasladarían de juzgados, lejos de donde vivían y a zonas en conflicto. En el segundo caso, Zaldívar apoyó completamente a Gertz Manero en la persecución a su familia política, y cooperaba con enviar otros casos del interés presidencial y del fiscal, a jueces de consigna.

Zaldívar se fue ganando la confianza del presidente por la forma eficiente como ejecutaba sus deseos. En marzo de 2021, a petición de López Obrador, se mostró dispuesto a abrir una investigación contra el juez Segundo de Distrito, Juan Gómez Fierro, por otorgar amparos contra su ley eléctrica, por lo que fue atacado en la mañanera. Antes había forzado a Eduardo Medina Mora a renunciar, en coordinación con la Fiscalía General que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, para permitir al presidente ir incorporando a sus ministros y colonizar la Corte.

Zaldívar se fue sumando a las ministras de Palacio, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, para votar de acuerdo a las instrucciones de López Obrador en varios temas, como declarar que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa era constitucional, o servirle para objetivos de corto plazo, como haber renunciado un año antes de terminar su gestión, para permitirle que pusiera una ministra del ala radical de la cuatroté, Lenia Batres, que será instrumental en la demolición del orden democrático en el país, a partir del edificio democrático que se ha construido por lustros.

López Obrador no ha podido ser más rápido en la regresión democrática del país porque los contrapesos se lo han impedido. Zaldívar buscó que todo fuera expedito, sin alcanzar su objetivo porque la mayoría de los ministros de la Corte actuaron con la autonomía e independencia que el ministro entregó a López Obrador. Ahora, por instrucciones del presidente, pero cobrando en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zaldívar prepara una reforma al Poder Judicial acorde con los deseos y necesidades de López Obrador. Objetivamente hablando, la descripción que hizo el presidente de él, como su operador político en el Poder Judicial, lo descalifica para negociar cualquier reforma, pero Zaldívar es lo suficientemente cínico para querer seguir navegando como si nada hubiera pasado.

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Opinión

Nadie quiere agarrar ‘el toro por los cuernos’

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Hay dos temas torales que deben de tocar los candidatos a un cargo de elección popular en el ámbito federal (Senador y Diputado), el primero tiene que ver con la percepción de inseguridad, el segundo con el tema de la salud (luego hablamos de este), con todas las variantes que trae cada uno de ellos; eso sí, quienes aspiren a gobernar un municipio como Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, deben tener bien en claro que su prioridad es la prevención del delito, así como la atención de la salud en el sistema básico.
Vayamos por el primer tema, que las y los candidatos deben de agarrar por los cuernos.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo los delitos del fuero común van en aumento, por ejemplo las víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal pararon de 832 en enero a 998 en marzo, con un aumento del 19.95 por ciento; en una media del primer trimestre de este año, fueron cometidos 846 delitos mensuales, lo que representa 28.5 delitos diarios en todo el territorio; lógicamente, los municipios con mayor incidencia delictiva son Benito Juárez y Solidaridad, seguido de Tulum y Cozumel.

Un poco más profundo, porque las matemáticas no fallan, es que la sumatoria de delitos del primer trimestre 2024, es de 2 mil 537; que comparados con el primer trimestre del 2023 (2 mil 382 delitos), el incremento fue de 155 eventos, o sea un 6 por ciento más en relación con el mismo trimestre del año pasado.

¿Qué pasa con la seguridad? Que ninguna autoridad se quiere hacer responsable, hacen pasar los eventos como “hechos aislados”, cuando casi de manera diaria hay muertos por causa del crimen organizado. Además, hace falta recursos humanos capacitados para cubrir las plazas en la Policía Preventiva, ya ni hablemos que la Marina y el Ejército, que ahora están ocupados en sus empresas de aeropuertos, aerolíneas, navieras, de transporte ferroviario y de la construcción; la seguridad dejó de ser una prioridad para ellos.

Lo cierto es que por cualquier circunstancia o método de seguridad pública que falle, quien paga los ‘platos rotos’ es la sociedad en su conjunto. Hablo de ese empresario que está con la zozobra que le lleguen a cobrar el llamado ‘derecho de piso’; hablo de los jóvenes (hombres y mujeres) que son desaparecidos porque al lugar que fueron a divertirse manda tal o cual grupo; hablo de ese trabajador del volante que es obligado a aceptar las reglas del crimen organizado para poder operar; entre muchos más como los llamados ‘daños colaterales’.

Urge que las políticas públicas y las propuestas de campaña giren en torno a estos temas, porque sin salud no puedes hacer nada; y sin trabajo por la inseguridad, pues no puedes tener los recursos necesarios para llevar una calidad de vida. Ahí se las dejo…

SASCAB
A una semana de haber iniciado las campañas locales, para presidentes municipales y diputaciones locales, el panorama se aclara para algunos, sin embargo, otros ven su cruda realidad en cuanto a sus anhelos de reelegirse.

Aunque algunos auguran el famoso “carro completo” para la alianza de Morena-PVEM-PT, otros más avezados dicen que no es así, porque los municipios y distritos que están en riesgo son más de dos. Por ejemplo, en José María Morelos, no la tiene fácil el candidato de Morena a reelegirse en el cargo, Erik Borges Yam, porque frente al él hay al menos dos toros que andan con todo para tratar de ganar votos y quedarse con el triunfo de la Presidencia Municipal; hablo de Luis Carrillo Góngora, quien está apoyado por la cúpula del Partido Verde, y del conocido “Xiximac” (Francisco Puc Cen), quien con la bandera de Movimiento Ciudadano (MC) trata de capitalizar el descontento que hay en la zona maya por la dudosa administración de Borges Yam.

Donde limaron asperezas que les provocó la selección de la candidatura, fue en Lázaro Cárdenas, pues los empresarios navieros Josué Nivardo Mena Villanueva, sumó a su equipo de campaña a Ismael Moguel Canto, conocido como “Mayito”; todo por el “bien de los lazarocardenses y el desarrollo del municipio”.

Ayer tuvieron su evento en Holbox, la tierra que los vio nacer, y quizá estos dos empresarios navieros, son un referente del liderazgo político que tienen en la zona; nada que hacer tienen los otros candidatos(as) ante una dupla que ha sido triunfadora de manera individual; ahora imagínese usted qué no harán como equipo. Al tiempo…

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El derecho como solución del todo

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Por: Hugo Alday Nieto

En el marco de los 54 años de Cancún, ya es posible cotejar un antes y un después en la tenencia de la tierra de una de las zonas de mayor plusvalía de México, como es la joya de la corona del Caribe Mexicano: Cancún.

Y es que esta ciudad durante casi 50 años fue administrada por gobiernos que lejos depugnar por una adecuada urbanización y una legal tenencia de la tierra, se convirtieron en meros beneficiarios de la gestoría ilegal de terrenos ejidales con el otorgamiento de autorizaciones y permisos, o bien de la inaplicación de la Ley, en tratándose de la construcción de obras o apertura de todo tipo de negocios e incluso de fraccionamientos sin permiso alguno dentro del ámbito de protección del Plan de Desarrollo Urbano del municipio.

En este orden de ideas, de acuerdo con el plan maestro de 1982, citado por la maestra Christine McCoy en la obra “Quien responde por los invisibles en una ciudad?” editada por la Universidad del Caribe, hoy el desarrollo urbano y turístico de Cancún en un crecimiento ordenado y planeado, debería de contar con 305,894 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del INEGI 2020, esta ciudad cuenta con cerca de un millón de habitantes, lo que nos deja claro que las administraciones de Benito Juárez fueron incapaces de sostener un crecimiento urbano ordenado y dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, desde el inicio de la administración 2018-2021 y la subsecuente en Benito Juárez, se comenzó con un intenso trabajo documental de zonas irregulares en los distintos ejidos que rodean a la ciudad turística más impórtate de México. Y es que hoy, tan solo en Benito Juárez, existen 60,000 familias en la irregularidad, que representa a unas 240,000 personas, es decir cerca del 30% de la población de Cancún se encuentra viviendo en zonas no regularizadas. Es decir que 3 de cada 10 personas en el municipio turístico más importante de México y de los más importantes del mundo, viven en un asentamiento irregular de acuerdo con los datos que la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez aportó a la Sedetus entre 2019 y 2020.

Con dicha información, se comenzaron a realizar diversas acciones coordinadas en dos vertientes, por un lado el combatir la proliferación de “Desarrollos Irregulares” definidos en la obra antes mencionada como aquellos que tienen la particularidad que se encuentran en zonas determinadas como reservas de crecimiento o conservación ambiental, y su común denominador es la falta de servicios y la entrega de vialidades, áreas de donación o equipamiento al municipio, pero en dichos desarrollos es la especulación del suelo lo impulsa. Es decir, son meros activos de especulación comercial que dañan el medio ambiente y que genera un esquema de fraude o de delitos en contra del desarrollo urbano.

Siguiendo con la autora, los “Asentamientos Irregulares” son núcleos de población ubicados en áreas o predios ocupados, fraccionados, lotificados, subdivididos o construidos sin contar con las autorizaciones urbanísticas correspondientes, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra; cuando teniendo todas las autorizaciones, las obras ejecutadas no concuerdan con las mismas, y generalmente son invasiones que carecen de todo tipo de servicio. A diferencia de los anteriores cuyo motivo es la especulación comercial, en los asentamientos se trata de núcleos generados por la necesidad.

Siguiendo con la obra editada por la Universidad del Caribe, nos dice que, en un municipio como Benito Juárez, el porcentaje de tierra ejidal equivale al 66.5% y de zona urbana únicamente el 7.6%. En este sentido, más del 43% del territorio ocupado de Cancún es propiedad ejidal, en donde se encuentran habitadas de forma irregular casi 5000 hectáreas de suelo en el ejido Alfredo V. Bonfil, hectáreas que mediante juicio agrario se intentaron revertir los títulos por parte del un grupo ejidal con la finalidad de volver a parcelar lo ya vendido y desarrollado.

Para ello, las administraciones municipales de 2018-2021 y 2021-2024, realizaron diversas acciones de contención de la especulación comercial a clausurar mas de 14,800 lotes sin drenaje ni permiso en 11 desarrollos irregulares; y a la par, mediante procedimientos municipales encabezados desde el Cabildo y otros procesos de forma paralela en participación con el INSUS, se comenzó la regularización de lotes, con la finalidad de poder otorgarles a los habitantes certeza jurídica de su patrimonio y la posibilidad de contar con agua, drenaje y electricidad con la municipalización de sus calles.

El derecho siempre es la respuesta para sentar las bases de un mejor futuro, incluso ante la mala administración que por décadas hubiese tenido un municipio como el nuestro que alberga al destino turístico más importante de México.

Sin duda la obra literaria editada por la Universidad del Caribe de la autoría de Christine McCoy es un refrescante instrumento con datos e imágenes, que deberán actualizarse tal vez en una segunda obra del daño ecológico y de la afectación al agua que por mera especulación comercial se generó desde el poder.

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