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Preocupa situacion de basureros en México

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Guanajuato.- No sólo en Quintana Roo la basura es un problema y es que el 87% de los basureros que existen en México están en condiciones que podrían propiciar catástrofes ambientales como la ocurrida en Guanajuato cuando el incendio en un basurero provocó la muerte de aves y la intoxicación de personas vulnerables.

Las escenas eran apocalípticas. Una montaña de humo negro envolvió la ciudad de Guanajuato, los primeros días del mes de mayo. Las autoridades locales suspendieron las clases y llamaron a la población para que no saliera a la calle a menos de que fuera estrictamente necesario. Las recomendaciones también incluían no abrir las puertas y las ventanas de las casas porque el aire “podía ser tóxico” y afectar a personas vulnerables. Aves cayeron muertas del cielo por toda la ciudad y otras especies fueron afectadas por el paso del fuego. Autoridades, activistas y pobladores aseguraron que se trató de una tragedia ambiental, una amenaza que se replica en el 87% de los basureros que existen en México y que tienen condiciones similares de funcionamiento que este, en Guanajuato.

María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT) había reconocido que el incendio que comenzó el 1 de mayo en la comunidad de Nochebuena, en la capital del estado, daba señales de alarma: “es un incendio de alta complejidad, por el tipo de residuos que ahí se encuentran, denominado de nivel 4″, aseguró en un mensaje donde aparecía acompañada del titular de salud del Estado, Daniel Díaz. Sin embargo, pese a la referencia de los residuos y sustancias potencialmente tóxicas, no se llevó a cabo ningún protocolo de seguridad, y las autoridades se limitaron a emitir recomendaciones básicas que sometían a la voluntad de sus pobladores.

La Asociación Internacional de Desechos Sólidos (ISWA, por sus siglas en inglés), clasifica a los incendios en los vertederos de acuerdo a su peligrosidad en cuanto al tipo de materiales que alberga. Tomando como referencia lo mencionado por Ortiz Mantilla, el nivel 4 describe fuegos grandes o que se asientan profundamente, cuyo control requiere de más de dos semanas, y que “pueden combustionar cantidades de materiales que habitualmente rebasan los 5.000 metros cúbicos”. En Guanajuato, unas 13 hectáreas (de las 40 que conforman el terreno concesionado para el vertedero) fueron arrasadas por el fuego, que se mantuvo activo durante más de una semana. Además, aun durante la emergencia, entre 90 y 120 toneladas de basura se siguieron depositando en ese sitio.

Para los activistas ambientales y académicos guanajuatenses, que vivieron y respiraron todos los días durante varias semanas una nube tóxica de humo, el incendio pudo ser evitable. Sofía González, activista ambiental que forma parte del Frente ciudadano por el manejo integral de residuos, lo que sucedió en mayo fue el resultado de años de indiferencia por parte de las autoridades: “Fue totalmente evitable, fue el resultado de una mala práctica política y que creo que con una correcta gestión esto no volvería a suceder. Sabíamos que muy probablemente había pesticidas, entonces, si los pesticidas se quemaron, ¿qué más se quemó?, el montón de químicos y agroquímicos que están flotando por el aire. Y claramente como no se ven, pues no preocupa mucho a la población en general”, cuenta.

Lo que más le preocupa, por ejemplo, a la doctora Michelle Farfán, catedrática de la Universidad de Guanajuato e integrante de varios colectivos preocupados por el medio ambiente, es lo que descubrió al tratar de investigar las partículas que comenzaron a respirar a partir de esos días en que duró el incendio: “Buscamos información respecto a los tipos de sustancias que se estaban monitoreando y fue ahí que nos dimos cuenta de que únicamente en la ciudad de Guanajuato se tiene una estación que está en la Universidad y que solamente mide el material particulado PM 2.5 —partículas asociadas con el aumento de enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento pulmonar—, mientras que existen otros contaminantes, como las PM 10 —sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otro—, que quedan fuera del registro.”

Tras la emergencia ambiental, y después de que autoridades locales declararan que clausurarían el lugar por no cumplir con la norma (NOM 083 SEMARNAT), que regula los sitios de disposición final de residuos, este periódico solicitó hablar con el alcalde de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, quien estuvo presente en las labores para apagar el fuego, sin recibir una respuesta. La comunidad guanajuatense no se ha quedado quieta. Aunque la mayoría de las personas no detectan un peligro que parece invisible ante sus ojos, una veintena de colectivos de la sociedad civil se han reunido en el Frente ciudadano por el manejo integral de residuos a partir de la tragedia y han insistido en la creación de planes de gestión —a través de un pliego petitorio que le fue entregado al Ayuntamiento local desde el 31 de mayo— y en la necesidad de que el Gobierno local responda a todas las preguntas y necesidades que le han expresado desde hace años.

El 87% de basureros que corren el mismo peligro
Información oficial del Gobierno mexicano indica que el 87% de los tiraderos de basura en el país son a cielo abierto y solo el 13% son rellenos sanitarios. Es decir, en cada vertedero del país que funciona exactamente igual —o incluso en peores condiciones— que el de Guanajuato, solo por mencionar un ejemplo, persiste una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Renato Iturriaga, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., asegura que lo que ha experimentado a partir del incendio, es incertidumbre y confusión. Por un lado, las autoridades minimizaban la situación, y por otro, se cancelaban las clases, recomendaban no salir y los efectos en la salud de varios de sus amigos decían otra cosa. “La práctica de los fuegos en el basurero es una más de las prácticas totalmente irregulares de un tiradero no normado, de un tiradero este que ignora completamente las reglas de seguridad. Que desaparezca el humo no quiere decir que desaparezcan los problemas”, dice.

Otro ejemplo ha sido el incendio en el basurero al aire libre de Tepotzotlán, en el Estado de México, en marzo pasado, un par de meses antes que el de Guanajuato, ese vertedero, aseguran los vecinos, es clandestino y se encuentra en un área natural protegida. Un símbolo de todo lo que está mal en este y en la mayoría de lugares donde se depositan los desechos de los mexicanos.

La NOM 083, la guía perfecta que no se respeta
La Norma Oficial Mexicana 083, regula la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la ubicación del espacio donde serán llevados. También vigila y recomienda prácticas para el diseño, construcción, operación, clausura, monitoreo y obras complementarias para llevar la basura. Con ello, se trata de garantizar, al menos en papel, la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales y la minimización de los efectos contaminantes. El 87% de los basureros al aire libre estarían infringiendo la norma y llevando al límite a las poblaciones vulnerables que viven cerca de este tipo de lugares.

El viernes, el Frente Ciudadano por el Manejo Integral de Residuos de Guanajuato, integrado por académicos, activistas y ciudadanos de a pie, consiguieron que finalmente, tras dos meses de protestas, peticiones y acciones con la sociedad civil, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, se comprometiera tener una reunión con la agrupación. “Hemos logrado que el Ayuntamiento acepte reunirse con nosotros para abordar nuestro pliego petitorio. A pesar de la inicial falta de respuesta del alcalde a nuestra solicitud de reunión, perseveramos durante dos meses en nuestra petición”, han publicado en sus redes sociales, sin embargo, el escenario es distinto ahora. Cuando las llamas han sido apagadas y ni la población en general ni las autoridades creen que exista un problema real tras el desastre ambiental del pasado mes de mayo. El problema del manejo de los residuos sólidos urbanos continúa sin un rumbo claro para su gestión.

Fuente: El País

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Nacional

IMPI rechaza registro de ‘Ministra del pueblo’ de Lenia Batres: el impacto de los títulos públicos en marcas comerciales

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha decidido rechazar la solicitud de Lenia Batres para registrar la marca “Ministra del pueblo”. Según el organismo, esta denominación podría generar confusión entre el público, al sugerir que el cargo tiene un origen democrático, cuando en realidad no fue obtenido por elección popular.

La resolución del IMPI se basa en disposiciones legales que buscan proteger la propiedad industrial y evitar el uso de términos que puedan inducir a error. Además, se argumenta que el título “Ministra del pueblo” podría contravenir principios establecidos en la Constitución Mexicana y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Este caso ha desatado un debate sobre el uso de títulos públicos en marcas comerciales y su impacto en la percepción ciudadana. Algunos expertos consideran que este tipo de registros podría influir en la opinión pública de manera engañosa, mientras que otros defienden la libertad de utilizar términos creativos en estrategias personales.

Lenia Batres, quien ocupa un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había intentado utilizar esta marca como parte de su imagen pública. Sin embargo, tanto el IMPI como otras instituciones han señalado que el uso de este término podría generar ventajas indebidas en el ámbito político y comercial.

Lenia Batres intentó registrar la marca “Ministra del pueblo”, pero su solicitud fue rechazada, desatando un debate sobre el uso de títulos relacionados con cargos públicos en el ámbito comercial y político. La decisión se fundamenta en la posibilidad de que el término pueda inducir a error, al sugerir que su posición dentro del sistema judicial fue obtenida por elección popular.

El rechazo y sus implicaciones

El concepto de “Ministra del pueblo” ha sido utilizado por Batres en distintos espacios como parte de su identidad pública, pero la regulación actual impide que términos relacionados con el servicio gubernamental sean empleados para propósitos comerciales si pueden generar una percepción equívoca. La resolución destaca que la legitimidad de un cargo público debe mantenerse clara para evitar confusiones entre los ciudadanos.

Este caso pone en evidencia la necesidad de establecer límites en el uso de denominaciones que podrían afectar la comprensión pública de funciones gubernamentales. Algunos argumentan que la restricción impuesta evita interpretaciones incorrectas sobre el proceso de selección de funcionarios, mientras que otros consideran que es una limitación innecesaria a la manera en que una figura pública construye su imagen.

El impacto en la imagen de Batres

El rechazo a la marca representa un obstáculo para la estrategia de posicionamiento de Batres, quien ha intentado consolidar la idea de que su labor está alineada con las demandas ciudadanas. Sin embargo, este intento de registro ha generado críticas sobre si una funcionaria puede apropiarse de un título que, por su naturaleza, implica representación legítima de la voz popular.

Además, la negativa a la solicitud se suma a otras decisiones previas que han restringido el uso del término en el contexto electoral. Esta situación refuerza el debate sobre la manera en que los funcionarios deben presentar su imagen y la importancia de la claridad en los cargos públicos para evitar confusiones o interpretaciones subjetivas.

Regulación del lenguaje en figuras públicas

La discusión sobre este caso va más allá de una marca comercial, tocando aspectos clave sobre cómo los funcionarios pueden identificarse y conectar con la ciudadanía. ¿Hasta qué punto una persona que ocupa un cargo puede apropiarse de términos que refuercen una imagen política? ¿Debe haber reglas más estrictas para evitar que frases asociadas a la legitimidad democrática sean utilizadas sin una elección de por medio?

Este tema deja abierta la pregunta sobre qué tanto influye el lenguaje en la percepción ciudadana y cómo las regulaciones pueden equilibrar la protección de los términos oficiales con la libertad de identificación pública

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Economía y Finanzas

Precio del dólar hoy 21 de abril: ¿en cuánto está el tipo de cambio en México?

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CDMX — El precio del dólar frente al peso mexicano inicia este lunes 21 de abril con una tendencia mixta, en medio de un entorno financiero internacional marcado por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio cotiza en 19.726 pesos mexicanos por dólar (Ciudad de México, 6:50), lo que representa una ligera apreciación respecto al cierre del viernes, cuando la paridad cambiaria cerró en 19.6444 pesos por unidad.

“Durante la sesión, el peso mexicano mostró resiliencia frente a la volatilidad global, impulsado por expectativas de estabilidad en las políticas monetarias locales“, señalaron analistas de Banco Base.

Esta mañana, el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de otras divisas, se mantiene estable con una variación marginal.

La jornada inicia con 14 de las 16 mayores divisas registrando ganancias frente al dólar estadounidense. El peso mexicano se ubica en la posición 10. El franco suizo lidera con un avance de 0.78%.

El real brasileño destaca como la única divisa en registrar pérdidas ante el dólar, con un retroceso de 0.30%.

Tipo de cambio en el DOF, Banamex y Banco Azteca
El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece esta mañana un tipo de cambio de 19.726 pesos mexicanos por dólar.

Mientras que así cotiza el precio del dólar en los principales bancos de México en las primeras horas del lunes 21 de abril, según datos recientes:

Precio de venta:

  • Banco Azteca: 19.80 pesos por dólar
  • BBVA México: 19.85 pesos por dólar
  • Banorte: 19.90 pesos por dólar
  • Banamex: 20.00 pesos por dólar.
  • Fuente: Diario Oficial de la Federación

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