“A temblar dirigentes corruptos”

Por Cliserio E. Cedillo Godínez* / 5to Poder

A partir del uno de mayo el sindicalismo en México dará un giro de 360 grados al cambiar tres de las más importantes columnas que sostienen a las organizaciones “defensoras de los trabajadores”: Ya no habrá elecciones a mano alzada (el voto será libre y secreto) de los comités ejecutivos, por lo que se terminará con los “líderes a perpetuidad”; desaparece la obligatoriedad de las cuotas sindicales (serán voluntarias) y los patrones podrán firmar contratos colectivos de trabajo hasta con tres sindicatos, si así lo deciden los trabajadores.

José Juan Chilón Colorado, secretario general del SITEC en Quintana Roo, afirma que estas reformas por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador “sin duda beneficiarán a los trabajadores, porque se democratizará al sindicalismo”, pero previó que dentro de las empresas habrá una competencia muy complicada al permitirse por Ley que tres organismos sindicales representen, cada uno, al 30 por ciento de los trabajadores, lo que dará como resultados que en las empresas existan tres contratos colectivos de trabajo.

Cabe recordar que López obrador ya había advertido, desde su llegada al poder y durante una gira de trabajo por Tampico, Tamaulipas, en el 2018, que acabaría con los líderes sindicales corruptos, el nepotismo y los excesos, esto dentro de las acciones que habrá de implementar, como ésta, en su gobierno rumbo a la cuarta transformación de México. Durante esa gira el presidente de México hizo temblar y puso nerviosos a todos los líderes sindicales del país, pues bien sabían que este gobierno federal morenista viene a combatirlos y encarcelarlos, si les comprueba actos ilícitos.

Muchos trabajadores enterados de estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, coinciden con el propio presidente de México en el sentido de que “se empieza a barrer y a exterminar la corrupción, la prepotencia, los abusos y excesos de poder, el enriquecimiento ilícito, la humillación, la intimidación y los graves perjuicios perpetrados por dirigentes sinvergüenzas y nefastos de los diversos sindicatos que han mantenido en la miseria, la pobreza y el estancamiento a la clase trabajadora”. Era una medida que estaban esperando todos los trabadores de México, dicen analistas nacionales.

Se puede decir que estas reformar ponen a temblar a muchos dirigentes sindicales que por años se han enriquecido y perpetuado en el cargo. En Quintana Roo tenemos varios ejemplos, como la misma Delia Alvarado, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez y sus Organismos Descentralizados (SUTSABJYOD), quien con votaciones a mano alzada lleva más de 20 años en el cargo y, como ella, muchos más dirigentes sindicales en los municipios de Quintana Roo, pues nunca han aceptado a la oposición sindical.

De igual forma, Isidro Santamaría, es el eterno líder de la CTM en Quintana Roo, lo mismo que Martín de la Cruz Gómez, como dirigente de la CROC en Quintana Roo y quien posee la titularidad de la mayoría de Contratos Colectivos de los Hoteles ubicados a lo largo de la costa quintanarroense. Y así como se han eternizado los líderes sindicales de las principales centrales obreras nacionales, con sede en esta entidad, también lo han hecho la gran mayoría de delegados, pues no permiten que ningún opositor llegue al poder, pues son expulsados de los diferentes sindicatos.

Y precisamente, otro de los aciertos de las reformas ordenadas por López Obrador es que ya no existe la obligación del trabajador de afiliarse a un sindicato. Antes decía la Ley que “si un sindicato firmaba un contrato colectivo con una empresa, todos los trabajadores estaban obligados afiliarse a esa organización”. Ahora a partir del primero de mayo del 2023, explica José Juan Chilón, esa obligación desaparece. Es decir, ya no existe la cláusula de exclusión o de exclusividad donde se establecía en el Contrato Colectivo de Trabajo que “si un trabajador no se afiliaba al sindicato podría ser expulsado del empleo”. Ya no más.

Cabe recordar que López Obrador, al principio de su gobierno, se refirió al sindicalismo petrolero, magisterial y de la salud, al advertir que “ya no habrá dirigentes sindicales promovidos, respaldados y solapados por el gobierno, sin rendir cuentas y manejando las cutas a su antojo”. Esto, en complicidad con los empresarios o alcaldes, como es el caso de los Ayuntamientos de Quintana Roo.

Explica el dirigente del CITEC que a partir del primero de mayo ningún patrón, sea de los gobiernos estatal, municipal, federal o de la iniciativa privada deberá obedecer la instrucción de los sindicatos para realizar el descuento de las cuotas sindicales, pues incurrirá en un delito. Los trabajadores no están obligados a pagarla a menos que lo hagan voluntariamente y sin presión de ningún tipo.

En resumen, explica José Juan Chilón, hasta antes del primero de mayo se permitía un Contrato Colectivo de Trabajo por empresa, ahora podrán ser hasta tres y los patrones tendrán la facultad de aceptarlos o no; deja de ser legal el descuento de las cuotas sindicales, ahora será un donativo libre y voluntario de hacerlo forzoso se incurrirá en un delito; luego, entonces, se puede decir que los sindicatos serán organismos honorarios, libres y voluntarios.

Chilón Colorado, dirigente del CITEC asegura que toda la reforma es benéfica a para los trabajadores. Sin estas reformas, dice, la Ley Federal del Trabajo daba a los sindicatos mucho control sobre los obreros, las empresas y los patrones. “Le otorgaba al sindicalismo un poder que le permitía incluso excluir a trabajadores, discriminarlos y hasta para desaparecer empresas (e incurrir en actos de corrupción para beneficio de los líderes sindicales). Ahora depende de la clase patronal decidir si un sindicato entra a su empresa. Antes no, el sindicato emplazaba y la autoridad obligaba al patrón a firmar el contrato colectivo y a respetarlo.

*Director general de 5to Poder Periodismo Consentido; periodista con 48 años de experiencia en radio, diarios nacionales y estatales; tlacaelelcedillo3@gmail.com

MARCHA POR LOS DERECHOS

El 28 de agosto de 1931 se promulgó en México la primera Ley Federal del Trabajo. Importantes antecedentes para su contenido fueron las leyes laborales del estado de Veracruz (1918 y 1924), y las de Yucatán (1918 y 1926). Antes de esto se dieron algunas legislaciones referentes a los accidentes de trabajo en Veracruz (1904) y en Nuevo León (1906). Pero la Revolución Mexicana fue indispensable para el surgimiento de un verdadero corpus jurídico sobre la materia.

En 1917, el Congreso Constituyente reconoció el derecho a huelga y a organizarse, mismo que quedó establecido en el artículo 123 de la Constitución de 1917. Sin embargo, pasó casi una década llena de conflictos colectivos en algunas ramas industriales de jurisdicción federal, ―como la petrolera, la textil, la minera y la ferrocarrilera, entre otras―, cuya atención excedía las facultades de las autoridades de las entidades federativas.

Esta fue la principal razón para la creación de una autoridad jurisdiccional capaz de intervenir y asistir a las partes en conflicto, determinando soluciones: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue creada el 17 de septiembre de 1927 por decreto del Ejecutivo Federal, Plutarco Elías Calles.

La Ley Federal del Trabajo de 1931 reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral: los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales.

Fue el 1 de abril de 1970 cuando se publicó una nueva Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación, sustituyendo la de 1931. Las últimas reformas son del 1 de mayo del 2019.

Sobre las marchas por los derechos de los trabajadores, se conoce que fue en 1913, cuando el general Victoriano Huerta perpetró el golpe de Estado que lo colocó en la silla presidencial en febrero y el primero de mayo, el Hemiciclo a Juárez fue tomado y la voz obrera escuchada. Acompañados de tambores, pancartas y gritos, se posicionaron frente a la Cámara de Diputados, donde demandaron una jornada laboral de ocho horas, la obtención de indemnizaciones y la libre organización de sindicatos