Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó los documentos que sustentan la demanda impuesta por el Gobierno de México contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos.

El 4 de agosto del 2021 México interpuso una denuncia ante la Corte Federal del Distrito de Boston, Massachusetts, contra un grupo de empresas fabricantes de armas.

El argumento de México es que dichas empresas realizan prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito.

“En atención a los principios de máxima publicidad contemplados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y tomando en consideración que el Gobierno de México ha concluido procesos específicos dentro de la actual etapa procesal del juicio instaurado en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas establecidas en los Estados Unidos de América, se hacen públicos los argumentos que el Gobierno de México ha presentado hasta ahora ante la Corte Federal de Distrito del Estado de Massachusetts, EUA”, explicó la SRE en un comunicado.

El gobierno de México hizo pública la demanda en contra de empresas estadounidenses de armas y la réplica a la respuesta de las empresas estadounidenses de armas demandadas, además de la replica final.

Además, presentó escritos elaborados por amigos de la Corte, para respaldar los argumentos del Gobierno de México y para acercar información adicional a la Corte de Estados Unidos.

• Procuradores Generales de 14 entidades, encabezados por Massachusetts, señalando el interés de ese estado en que continúe el litigio y estableciendo que la ley PLCAA no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal, apoyando el argumento del Gobierno de México.
• 27 Fiscales de distrito, encabezados por el Condado de San Francisco, resaltando la relación entre tráfico de armas e incrementos en la delincuencia.
• Víctimas de violencia armada, organizaciones y expertos en el tema, relatando el daño que sufren las y los mexicanos por el tráfico ilícito de armas, el cual es facilitado activamente por las prácticas negligentes e ilícitas de las empresas demandadas.
• El Gobierno de Belice y el Gobierno de Antigua y Barbuda, junto con una organización experta en temas de seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe, enfatizando las consecuencias negativas del tráfico ilícito de armas.
• Grupos de la sociedad civil estadounidense, que pugnan por el control de armas en ese país, respaldando los argumentos de México.
• Expertos en Derecho Internacional, muchos de ellos miembros de prestigiosas facultades de derecho en Estados Unidos y Europa, coincidiendo con los argumentos legales del Gobierno de México sobre la aplicación de leyes en casos de daños transfronterizos.

Fuente Excelsior