Ciudad de México.- El Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno (CNI- CIG) dieron a conocer este martes que obtuvieron la suspensión provisional del acuerdo presidencial que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.

En conferencia de prensa, dieron a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial.https://2a3ba156d6c711d2eb5388e3f447fec2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Señalaron que con esta suspensión “el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo”, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”, con lo que reitera “con cinismo su decisión de atropellar los derechos de quien sea, usando a sus grupos armados para hacerlo”.

Señalaron que pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el Congreso Nacional Indígena, interpusieron en total 17 amparos en contra del acuerdo del presidente que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional, con el que se instruye a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución.

Acuerdo que se pasa por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias, y violenta así los derechos de los pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos.

Megaproyectos, dijeron, que facilitan “un mayor despojo de los pueblos originarios mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales”.

Indicaron que, con el acuerdo del gobierno federal, adicionalmente tendrá todas las facilidades para reprimir a los pueblos que se opongan a sus políticas neoliberales.

“A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables; en contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces”, mencionaron.

Fuente Vamguardia