Sinaloa.-La celebración de las fiestas patrias es un evento profundamente enraizado en la cultura mexicana, una ocasión para conmemorar la lucha por la independencia y mostrar el orgullo nacional.

No obstante, en Sinaloa, la violencia y el aumento de la actividad delictiva han llevado a la cancelación de la tradicional celebración del 15 de septiembre, lo cual refleja la preocupante situación de inseguridad en el estado.

La situación de violencia, que se asemeja a un conflicto interno, ha dejado una huella profunda en el país. Este viernes 13 de septiembre, la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, amaneció sin clases tras una nueva jornada de violencia, en la que ciudadanos reportaron tiroteos, vehículos con personas armadas circulando por las calles y la quema de automóviles.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la suspensión de todos los festejos del 15 y 16 de septiembre, incluido el tradicional Grito de Independencia y el desfile. “Hemos decidido que no habrá celebraciones públicas ni privadas el 15 de septiembre. Este año, el grito de independencia se realizará de manera protocolaria en el Palacio de Gobierno, únicamente con la presencia de la escolta, la banda de guerra y mi gabinete, sin invitados”, declaró el gobernador.

Esta suspensión es una clara muestra de cómo la violencia afecta la vida cotidiana de la población. La cancelación de las festividades ha generado entre los ciudadanos un sentimiento de desprotección y miedo, al ver cómo los espacios públicos se tornan cada vez menos seguros.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advierte sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México y viene dando seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre. Ello ocurre en el marco de un paquete de reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Poder Legislativo de manera simultánea.

La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.

Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país. Asimismo, se llamó la atención de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial. Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.

La Comisión Interamericana comparte que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos. En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.

Entre otros temas cuestionados, la Comisión ha conocido de la inclusión en la reforma constitucional de medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como “jueces sin rostro”, cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano. Del mismo modo, ha recogido la inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.

Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma.

En su informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, la Comisión señaló que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Enfatizó la importancia de que los sistemas de selección y nombramiento garanticen el principio de igualdad y no discriminación; que establezcan criterios de selección con base en el mérito y capacidades profesionales y calificaciones jurídicas apropiadas; que se realicen en el marco de procesos públicos y transparentes; que garanticen la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial; y que determinen mandatos con una duración de tiempo definido y suficiente. En esta línea, los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia.

Por su parte, la Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas señaló su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, indicó que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de personas juzgadoras, y advirtió los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura.

La Comisión insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación. Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhorta a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.