Ciudad de México. – La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa se concentrará en la colonia de Pueblo Viejo, en Iguala, una vez que la Sedena reveló que Gildardo López Astudillo, El Gil, había ordenado a un jefe policiaco “pásame unos (estudiantes) por el camino a Pueblo Viejo. Yo los recibo”.

Pueblo Viejo fue sitio de inspección de las autoridades de Guerrero y también las federales. En octubre de 2014 se encontraron cinco fosas con restos de 28 personas; ninguno era de los normalistas.

Esta nueva información pública que servirá para seguir las investigaciones son parte de distintos elementos con soporte documental que estaban en poder de la Segob y de la Sedena y forman parte de la investigación penal.

Con estas revelaciones es un hecho que el dique gubernamental que por años ocultó y negó información sobre la desaparición de los 43 normalistas cedió. Está fisurado y empezó a emanar datos para la investigación y esclarecimiento de los hechos de hace 7 años y fundamentalmente para  conocer el paradero de los estudiantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es el artífice de este avance informativo que se perfila para agilizar el camino para llegar a la verdad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente de 2014.

Al decidir públicamente el jefe del Ejecutivo federal entrar de lleno al caso Iguala —uno de los 100 compromisos que se impuso el 1 de diciembre de 2018 en su toma de posesión—, la información desconocida hasta ahora por la opinión pública servirá para terminar de armar el rompecabezas del caso.

El camino hacia el desenlace de esta historia, sin embargo, aún reserva sorpresas. Una de ellas es si el Presidente decide que se cumpla con la recomendación de la CNDH para que se envíen a análisis genético los 114 restos óseos propuestos en el documento de 2018. El resultado de ese estudio se plantea como clave para dilucidar el destino final de un grupo de los normalistas desaparecidos.

Los hechos que muestran cómo en cuestión de días la investigación tuvo un envión más cualitativo a partir de la evidente participación presidencial, están en la divulgación de videos, comunicaciones y minutas.

La Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR, no pudo contener la divulgación de esta información que, por orden presidencial, ahora es pública.

La primera reacción fue la expuesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvantes de la FGR. Reprocharon que no se les haya consultado. Además de que las nuevas revelaciones tendrán necesariamente un impacto en lo que, hasta ahora, han indagado la Fiscalía y el GIEI.

La llegada del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hombre de toda la confianza de López Obrador, es factor en la revelación de información del caso Iguala.

El nuevo titular de la Segob permitió develar la existencia de 40 videos grabados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde se aprecia la tortura a personas relacionadas con el caso cuando eran interrogados.

De la tortura de implicados en la desaparición de los normalistas se sabía por los estudios científicos realizados. Los resultados positivos pusieron en libertad a decenas de implicados, pero la evidencia fílmica mostrada por un medio y confirmada por la Fiscalía del caso, es contundente.

Falta conocer la totalidad de los videos para poder saber qué funcionarios estuvieron en esos hechos y, en todo caso, si habrá responsabilidades de carácter penal para quienes presenciaron las torturas y hasta qué nivel de la cadena de mando llegará.

Otro hecho es la obtención, al menos, por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero.

Igual que los videos grabados por personal del Cisen, las minutas de Grupo de Coordinación Guerrero —órgano colegiado, presidido por el gobernador del estado e integrado por el gabinete de seguridad estatal, la IX Región Militar, la VIII Región Naval, la Delegación Estatal de la PGR, Coordinación de la Policía Federal en el estado y el delegado Estatal del Cisen— no habían aparecido en el curso de la investigación, aunque la CNDH requirió al Cisen para entregar toda la información y documentación con la que contara relacionada al caso Iguala. Esa negativa gubernamental está en el Apartado 2 de la recomendación del órgano autónomo titulado Dificultades enfrentadas en la investigación.

Un hecho más que prueba que la intervención directa del Presidente en el caso es fundamental es la revelación de dos comunicaciones de mensajes de texto reveladas el 1 de octubre de 2021, entre El Gil, líder de la banda delincuencial Guerreros Unidos y un jefe policiaco de Iguala, donde el segundo le dice que tiene a unos “ayotzinapos”, es decir normalistas de Ayotzinapa, y el primero le ordena que se los entregue. La otra conversación es entre un policía identificado como Ramón y un delincuente de nombre Alejandro Palacios, El Cholo Palacios.

Esta información, difundida desde el sitio web de la Secretaría de Gobernación, inicia así: “Por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador…”

El hecho que la Sedena haya entregado las comunicaciones de texto de El Gil y el jefe policiaco de Igual se inscribe en un acto de lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el Presidente y, a su vez, una demostración del nivel de colaboración que la Sedena tiene en el caso, deslindando una participación negativa en los hechos de hace 7 años. “…información relevante que entregó la Sedena”, informó la dependencia a cargó del secretario López Hernández.

La prueba de que elementos del 27 Batallón, con sede en Iguala, no participaron directamente está en los mensajes de texto, ya que El Gil, como testigo protegido de la Fiscalía, declaró que un grupo de normalistas había sido llevado al Batallón del Ejército.

Este dique gubernamental, que ahora está fisurado, se conformó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La prueba es que la CNDH había solicitado en su momento información que le fue negada. Sin embargó, el dique trascendió, públicamente, hasta la mitad de la administración de López Obrador, como lo sustenta el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien dijo que el ocultamiento de información, no sólo se dio en el sexenio anterior, sino también en el actual.

Se convirtió en lugar de asesinatos de Guerreros Unidos

La primera noticia documentada sobre Pueblo Viejo —lugar donde El Gil pidió a un jefe policiaco que le entregara a un grupo de normalistas—, fue a través de Marco Antonio Ríos Berber, integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos.

De acuerdo con la reconstrucción hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 4 de octubre de 2014, Ríos Berber declaró ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que “…ya cerca de la una, en el lugar el Chocky, un individuo aún sin identificar por nombre y apellidos, traía a los tres ayotzinapos arriba del Mustang, estaban El Gaby, Mente y Chaky, y Chocky dijo que se iban a jalar para el cerro… como a los 20 minutos regresé con ellos al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo para dejarles el diésel en ese momento El Gaby, junto con Chocky, ya habían matado a los tres ayotzinapos… esto me lo dijo la Mente, y también me dijo que le ordenó al Chacky que hiciera una fosa, y que posteriormente El Gaby con El Chocky los aventaron al hoyo, y Gaby roció con diésel los cuerpos y les prendió fuego hasta que se calcinaran… al rato llegó también al cerro el Gaby en la Tacoma blanca y llevaba a diez de los ayotzinapos… en ese momento el Chocky ordenó que matáramos a los diez… y dejamos vivos a cuatro, en ese momento arrastraron el Chacky, la Vero y la Mente a los seis muertos al hoyo en donde el Gaby les roció el diésel y también les prendió fuego hasta que se calcinaron, y posteriormente el Gaby junto con el Chacky taparon el hoyo con ramas…”.

En el mismo documento de la CNDG se refiere a que otro integrante de Guerreros Unidos que también refiere que los normalistas fueron privados de la vida y después incinerados en Cerro Pueblo Viejo.

Se trata de Ramiro Ocampo Pineda, alias El Chango. Así lo declaró ante el Ministerio Público de la Federación el 11 de octubre de 2014.

En el mismo apartado del trabajo de la CNDH, posible ubicación de normalistas en fosas clandestinas localizadas en Cerro Pueblo Viejo y La Parota, en el municipio de Iguala, Guerrero, se menciona que en su declaración del 17 de diciembre de 2015, ante el Ministerio Público de la Federación, El Gil ofreció una explicación del porqué supone que Ríos Berber señaló a las autoridades que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en los lugares conocidos como Cerro Pueblo Viejo y La Parota.

Dijo que El Gil Ríos Berber había estado bajo las órdenes de El May, pero cuando fue detenido formaba parte de la célula controlada por Los Tilos, y ésta es la razón por la que condujo a las autoridades a Cerro Pueblo Viejo y La Parota, ya que éste es el sitio al que El May trasladaba a sus víctimas para privarlas de la vida y después inhumarlas.

Fuente Excélsior