Ciudad de México.- La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lanzó una nueva licitación para la contratación de un servicio especializado que ayude al proceso de comercialización del avión presidencial (TP-01), Boeing 787-8 Dreamliner, denominado en su momento José María Morelos y Pavón, debido a que no ha sido vendido desde diciembre de 2018.

A partir del Acuerdo Específico de Colaboración que firmó en 2019 el Gobierno de México, a través de Banobras, con la UNOPS, este organismo de Naciones Unidas brinda asistencia técnica para, entre otros proyectos, la enajenación de la aeronave adquirida en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón y utilizada oficialmente del 10 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de 2018 por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

El proceso de contratación de UNOPS bajo la referencia ITB/2021/19079 establece que el piso mínimo de venta de la aeronave será de $2,286,017,512.15 (2 mil 286 millones 17 mil 512 pesos con 15 centavos) y la “comisión de éxito” será propuesta por la empresa que esté interesada en llevar a cabo este servicio.

Previo a ello, recibirá un “monto de reconocimiento” el cual no deberá exceder del 0.03 por ciento del valor mínimo de venta del avión (685 mil 800 pesos), que sería descontado de la comisión de éxito si es que concreta el objetivo.

El proceso de licitación de la UNOPS abrió el pasado 14 de mayo y se encuentra vigente hasta el próximo 4 de junio a las 20 horas.

Contratación de un servicio especializado que apoye al proceso de comercialización y enajenación de la aeronave Boeing 787-8 VVIP del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”.

Una vez determinada la propuesta ganadora, el contratista será responsable de llevar a cabo una investigación de mercado con el objetivo de encontrar y recomendar potenciales compradores con las mejores condiciones para el gobierno mexicano.

Para tal fin, la empresa que brinde el servicio especializado tendrá que realizar actividades de promoción y publicidad de la aeronave, nacional e internacional, como también la identificación de las alternativas viables para su enajenación.

La UNOPS establece en sus lineamientos que ninguno de los posibles compradores del avión presidencial deberá estar incluido en la lista de vendedores suspendidos de Naciones Unidas (List of Suspended Vendors) ni en la lista 1267 de empresas involucradas con el financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo; lista de proveedores suspendidos de UNOPS; lista de proveedores no responsables, lista de firmas o individuos inelegibles, ni en la lista de declarados inelegibles por el Banco Mundial.

De forma adicional, “se deberá verificar que la empresa interesada en la compra ni sus socios estén o hayan estado involucrados en procesos o demandas legales; que los recursos para la compra de la aeronave provengan de fuentes lícitas (sean recursos propios o financiamiento)”, se refiere en las bases de licitación.

La empresa ganadora de este proceso de la UNOPS tendrá un plazo de 16 semanas (4 meses) a partir de la firma del convenio, prorrogables por otras 16 semanas, para lograr la venta del avión.

SIGUEN LOS GASTOS

En tanto se logra este nuevo intento de comercialización del otrora TP-01 (Transporte Presidencial-01), actualmente, el avión permanece resguardado por la Fuerza Aérea Mexicana en el 6º Grupo Aéreo, antiguo Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, su conservación y labores de mantenimiento le ha representado una erogación superior a los 420 millones de pesos.

Estos recursos incluyen 34 millones erogados durante su estancia de 19 meses en los Estados Unidos, 286 millones para la organización de la rifa de septiembre de 2020; 100 millones para la conservación del avión desde que regresó a México, así como un millón 945 mil pesos como parte del contrato con Boeing Company para el servicio de actualización, administración y encriptado de un software de operación.

Cabe recordar que el Boeing 787-8 se encuentra bajo un esquema de arrendamiento financiero vigente firmado por Banobras con el Ejército con duración de 15 años por un valor superior a los 6 mil millones de pesos.

De esta manera, en los últimos nueve años, la SEDENA ha erogado más de 2 mil 250 millones de pesos en el arrendamiento y queda un saldo pendiente por 3 mil 830 millones de pesos.

Fuente Excélsior