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Jueces castigados se aferran al escritorio; recurren a la SCJN para evitar sanciones

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CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE DICIEMBRE.- Por medio de recursos legales que pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Es el caso de 35 juzgadores que recurrieron a la Corte para frenar su traslado a otros estados, luego de que el CJF decidió reasignarlos por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción.

Mediante las llamadas revisiones administrativas, que resuelven de manera inapelable cualquiera de las dos salas de la SCJN, los jueces argumentan motivos familiares, personales e incluso académicos para revertir los cambios de adscripción.

Además, algunos jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por evidente incompetencia durante la administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Corte revierta su castigo.

En febrero, el CJF destituyó y multó a dos magistrados federales en Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Magistrados y jueces defienden zona de confort

Con diversos argumentos buscan que el Consejo de la Judicatura Federal revierta readscripciones, castigos o suspensiones. Pretextan que están estudiando algún posgrado, motivos familiares y cuestiones personales, entre otros.

pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido readscribir a jueces y magistrados por diversos motivos, ya sea por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción, al menos 35 juzgadores han buscado frenar sus traslados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por diversas razones, como el que se encuentran estudiando algún posgrado, motivos familiares, cuestiones personales, entre otros, los impartidores de justicia tratan de revertir las determinaciones del CJF mediante las llamadas revisiones administrativas.

Y no sólo eso, también algunos de los jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por “notoria ineptitud” durante la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte de Justicia revierta su castigo.

La decisión está en manos de cinco ministros de alguna de las dos salas que componen el máximo tribunal del país luego de que alguno de ellos realice el respectivo proyecto de sentencia, el cual será inapelable.

Por ejemplo, en febrero pasado el Consejo de la  Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Tras una serie de investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas.

Se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, únicos magistrados designados para el estado de Campeche dentro del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

Ambos juzgadores interpusieron ante la Corte un recurso de revisión administrativa, el cual sigue en curso, con el objetivo de revertir la determinación del Consejo y volver a sus puestos.

El Consejo de la Judicatura también determinó la destitución de un juez de distrito en el estado de Veracruz, por actos de corrupción, con lo que suman tres juzgadores removidos de sus cargos en menos de un mes.

Se trata de Anuar González Hemadi, de Veracruz, quien se encontraba suspendido desde marzo de 2017, luego de que otorgara un amparo a item, acusado de abusar sexualmente, junto con otros dos jóvenes, de una menor de edad en 2015.

Este juzgador también impugnó su destitución ante la Suprema Corte. Se espera que el próximo año se resuelva su caso.

También una magistrada federal de Querétaro que fue readscrita a otro estado de la República por el Consejo de la Judicatura Federal alegó ante la SCJN el interés superior de su menor hijo para evitar el cambio de sede.

Ella ya fue enviada a otro circuito, sin embargo, si la Corte concluye que se deben proteger lo derechos del infante, podría volver a Querétaro.

Desde finales de noviembre de 2017 a diciembre de 2018 un total de 16 funcionarios judiciales, 14 de ellos jueces y magistrados, fueron sancionados por el CJF por  indisciplina.

Los castigos impuestos van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de distrito.

En otro tema, el pasado jueves el Consejo de la Judicatura aprobó un Plan integral de combate al nepotismo.

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EN LA OPINIÓN DE:

Dará Federación más de 13 mil millones de pesos a Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó en lo general, con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, el contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos.
El documento ratificado en lo particular, con 30 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa, que será discutido en el Pleno durante las sesiones ordinarias de esta semana.
En el caso particular, Quintana Roo recibirá de parte de la Federación un presupuesto etiquetado por 13 mil 458 millones 635 mil 346 pesos para el 2027, de los cuales 195 millones 718 mil 654 pesos llegan por concepto del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (Fais); 2 mil 231 millones 413 mil 257 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun); 976 millones 123 mil 607 pesos del Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef); 154 millones 362 mil 959 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa); 405 millones 756 mil 864 pesos; 24 millones 666 mil 772 y; 36 millones 407 mil 496.
En cuanto a Educación, la Federación asignó para Quintana Roo a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), 8 mil 555 millones 029 mil 287 pesos; para gastos de Operación, 230 millones 415 mil 483 pesos; del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), 161 millones 425 mil 473 pesos; Educación para los Adultos, 75 millones 433 mil 916 pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam) Asistencia Social, 321 millones 876 mil 578 pesos; más lo que le corresponda de participaciones por el pacto federal.
Por otro lado, el gasto programado para la oficina de la Presidencia es de 800 millones 455 mil 608 pesos; el Ramo 28, “participaciones a Entidades Federativas y Municipios” es de 1 billón 547 mil 607 millones 877 mil 924 pesos; así como “aportaciones a Entidades Federativas y Municipios” es de 1 billón 136 mil 351 millones 570 mil 499 pesos.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2027 considera mantener el techo presupuestario nominal en el mismo nivel autorizado para 2026, por un monto de 5 mil 103 millones 817 mil 038 pesos; para la cámara de diputados, serán 9 mil 913 millones 199 mil 075 pesos y para la Auditoría Superior de la Federación el presupuesto es de 2 mil 914 millones de pesos; el gran total para estos tres órganos legislativos es de 17 mil 931 millones 016 mil 113 pesos. Por su parte, el Poder Judicial tendrá un presupuesto disponible de 72 mil 264 millones 701 mil 999 pesos.
El total para el Instituto Nacional Electoral (INE) quedó programado con 42 mil 274 millones 541 mil 672 pesos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos van a ejercer, 1 mil 650 millones 866 mil 499 pesos. La Fiscalía General de la República tendrá 20 mil 893 millones 598 mil 760 pesos.
Durante la discusión del PPEF 2027, en el Ramo 21 que corresponde al Turismo, el presupuesto asignado es de 1 mil 851 millones 348 mil 379 pesos, con una reasignación de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de 20 millones más, que le quitaron al INE y una parte utilizarán para la promoción turística; dinero que no alcanza para la promoción de todos los destinos de México.
Lo malo de la discusión de este Proyecto de Presupuesto de la Federación para el 2027, es que ninguno de los diputados de la Cuarta Transformación en Quintana Roo levantó la mano para pedir que no se aumentar el Derecho de No Residente (DNR), así como buscar más recursos para el Estado en materia de Salud y Educación; quizá por están en plena campaña política para ver en qué otros cargos seguirán “sirviendo” a los ciudadanos. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, a los titulares de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) Vagner Elbiorn Vega, Emilio Manuel Tamargo Navarro, representante de la paraestatal en Isla Mujeres, y Juan Román Martín Pérez, señalado como coordinador de operaciones de Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres, se les debería fincar responsabilidades administrativas por su probable negligencia al hundirse los transbordadores “Sergio Gracia Aguilar” e “Isla Blanca”, ambas embarcaciones permanecieron amarradas en instalaciones bajo administración de APIQROO.
Estos personajes deben explicar qué medidas adoptaron para atender las condiciones de estas embarcaciones y por qué no se concretó su retiro desde el 2022 que llegaron a la administración. Al tiempo…

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