Aunque es un delito del que mucho se habla, pocos toman en cuenta la factura a la salud mental que significa no resolverlo.

Conciencia Saludablemente

Por: Psicol. Alex Barrera

La reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión marca un antes y un después jurídico en México: la reforma aspira a homogeneizar criterios, perseguir el delito de oficio y endurecer sanciones frente a una práctica que se ha disparado en los últimos años. La votación responde a una urgencia tangible: la extorsión ya no es un daño sólo económico, es una máquina de erosionar vidas. 

Los números lo confirman y, a la vez, ocultan realidades. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, en 2023 se cometieron 747 mil delitos de extorsión contra unidades económicas, cifra que ilustra la magnitud del fenómeno entre negocios formales.  Cabe señalar que las estadísticas oficiales de carpetas de investigación son mucho menores por no decir engañosas, precisamente es por la altísima “cifra negra” (cantidad de delitos que no se registran en las estadísticas oficiales) que la mayoría de las víctimas no denuncia, es decir las víctimas tienen miedo o desconfianza institucional.  

El impacto económico también aparece con cifras contundentes. Coparmex y diversas estimaciones señalan pérdidas multimillonarias: sólo en 2025, hasta septiembre, las extorsiones han significado una erogación que supera los 21 mil millones de pesos para empresarios, además de multiplicar costos en seguridad privada y obstaculizar la inversión. 

El daño no se limita a lo material. La extorsión induce estrés crónico, ansiedad, insomnio y sensación de indefensión tanto en propietarios como en trabajadores. Pequeños comerciantes describen la extorsión como un “perdón a cambio de sobrevivir”: pagar para continuar operando. Esa lógica genera culpabilidad, vergüenza y un desgaste emocional que se transmite al núcleo familiar y comunitario. Estudios sobre victimización muestran que la repetición del ataque y la impunidad fomentan trastornos de estrés postraumático, depresión y paranoia colectiva, los cuales han sido publicados por ENVE/INEGI y reportes de victimización.  

Las consecuencias secundarias son palpables: zonas enteras ven cerrar negocios ante la imposibilidad de sostener pagos extorsivos o por la pérdida de clientes ante la percepción de riesgo. En Sinaloa, por ejemplo, Coparmex reportó el cierre de alrededor de 2 mil empresas en el primer semestre de 2025 atribuible al clima de inseguridad local; sin embargo, no existe aún una cifra nacional homologada sobre cierres empresariales exclusivamente por extorsión.  

Ese silencio la llamada la cifra negra agrava el golpe psicológico. No denunciar porque temes represalias o porque “las autoridades no harán suficiente” es una doble privación: económica y emocional. La persona queda aislada, sin redes de apoyo formales, normalizando el temor y enquistando el daño. A nivel comunitario, esa normalización mina la confianza social y la capacidad de resiliencia colectiva, además activa un mecanismo de defensa en el cerebro sobre todo porque como miembro de una comunidad el miedo se agrava pues ya no tienes libertad de acudir a lugares recreativos, esto se convierte en una viciosa cadena, que impacta también la economía, pues la extorción desmotiva la inversión, reduce fuentes de ingreso y atemoriza a la comunidad, es decir que el daño es sistémico. 

Frente a este panorama, la ley y las acciones policiales son necesarias pero insuficientes por sí solas. Es imprescindible integrar respuestas que atiendan la salud mental de las víctimas: protocolos de contención, orientación jurídica y fundamentalmente atención psicológica especializada.  

La terapia ayuda a procesar el trauma, recuperar la calma y volver a sentir que se tiene control sobre la propia vida. También permite desarrollar estrategias para manejar el miedo y evitar que este se vuelva permanente. Intervenciones breves, apoyo psicoeducativo y programas comunitarios de resiliencia pueden reducir la ansiedad, mejorar el sueño y favorecer decisiones más seguras, ya sea sobre denunciar o reestructurar la actividad económica. 

La extorsión ataca hogares y tejido económico, pero también hiere la confianza que sostiene la vida cotidiana. Por eso la política pública debe ir más allá de la cárcel para extorsionadores: debe contemplar la reparación integral del individuo y la comunidad, incluida la salud mental para que las personas y comunidades recuperen no sólo su patrimonio, sino su confianza. Si la ley ayer fortaleció la respuesta penal, hoy la prioridad es que la respuesta humana, psicológica y social. llegue al mismo ritmo. Buscar ayuda profesional no es solamente una medida individual: es un acto de reconstrucción colectiva. 

Te interesan los temas de desarrollo humano y bienestar intégrate a https://bit.ly/Kumaneko-SaludyBienestar es Gratis.

**Además de 10 años de experiencia como comunicólogo, ejerciendo el periodismo. Alex Barrera es también psicólogo por la UNAM con profundización en desarrollo humano.
Actualmente brinda terapia clínica con enfoque Biopsicosocial.

Si deseas contactar al especialista o necesitas ayuda terapéutica puedes comunicarte vía Whats App.

“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

La mayoría de los Integrantes de los cuerpos legislativos en los congresos de los 32 estados, así como en la cámara de diputados y en el senado de la república, se formaron bajo una teoría de principios; entonces en construcción para los más viejos, o una teoría; ya consolidada, para los más jóvenes, en la que, la construcción del derecho a través de órganos constitucionalmente establecidos, conformados e incluso democráticamente votados por las mayorías representativas del estado o el país, según corresponda, debían abandonar por completo la defensa teleológica particular del lugar y de la población que representan, es decir, hacer a un lado las particularidades de su realidad, para auto limitarse con base en principios emanados de alguna moral superior.
En realidad, esto equivaldría a que, en la Pirámide de Kelsen, la Constitución del país, se bajara al segundo peldaño para dejar en primer lugar a los principios emanados de una moral superior, de una moral a la que denominan verdadera y, sin duda, los más felices en todo es este proceso de formación jurídica serían aquellos personajes casados con el derecho natural emanado de las teorías de Santo Tomás y sus derivaciones posteriores al derecho natural, a las que en conjunto les ha denominado el doctor García Amado, como teorías iusmoralistas.
En estricto sentido, estas teorías personificadas a través de los cuerpos jurídicos de los diferentes órganos legislativos de México minan y limitan la función de los legisladores para colocarlos debajo de la decisión del Poder Judicial, es decir, en los hechos, la función del legislador moderno queda supeditada a la voluntad discrecional emanada de la moral de un juez.
Jurídicamente esto puede considerarse una aberración no solamente porque vulnera en su totalidad del principio de División de Poderes, que sí está plasmado en el texto constitucional, pero que queda como letra muerta derivado de aquellos principios y valores que no estando plasmados en el texto constitucional permiten inaplicar el derecho positivo, es decir, les da la licencia de pasar por alto o modificar las determinaciones jurídicas que constitucionalmente se crean para establecer las reglas del juego en este tablero llamado República mexicana, que en estricto sentido y teleológicamente, tienen la función de actualizar el marco jurídico acorde a los cambios que van surgiendo en la sociedad para que estas reglas del juego no se desfasen; pero qué, en la práctica se autolimitan a través de un término denominado ponderación, que sirve como un campo de concentración para la creación o configuración del Estado de Derecho y que es controlado, por el nazismo jurisdiccional.
Esta práctica se lleva a cabo todos los días, en todos los congresos de este país y es producto de muchas décadas de gobiernos, en teoría, menos liberales y menos de izquierda, que los actuales. En tal sentido, es de considerarse que los poderes legislativos poco a poco, sin perder de vista su marco constitucional, vuelvan a retomar su lugar en la creación y construcción del derecho sin auto limitarse a través de principios y valores que no se encuentran expresamente plasmados en nuestra Constitución, pero que se han vuelto más poderosos que el voto mayoritario del pueblo mexicano representado en un congreso.
En este sentido, de no retomar el positivismo filosófico jurídico, seguiremos expresándonos como un país liberal y de izquierdas, pero que legisla y juzga desde la más profunda derecha conservadora, y así, de no tomar en serio la construcción del derecho en México, la vida seguirá cómo cómo siguen las cosas que no tienen mucho sentido.