NICARAGUA, 31 DE JULIO.- Nicaragua lanzó este martes por la noche un fuerte ataque contra México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú por impulsar en la OEA un proyecto para crear una comisión especial sobre la crisis política nicaragüense—la más grave desde 1990—y les acusó de ejecutar una maniobra “injerencista” en los asuntos internos del país centroamericano.

El reclamo nicaragüense fue planteado en una carta que el embajador encargado de negocios interino de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado Ramírez, envió a la embajadora costarricense Rita Hernández Bolaños, representante permanente de Costa Rica en ese foro como presidenta del Consejo Permanente del organismo hemisférico.

Alvarado escribió que su país “eleva su más enérgica protesta” por un proyecto de declaración del Consejo Permanente presentado por las ocho naciones “que, de manera injerencista, quiere inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua”.

Nicaragua “rechaza enérgicamente y denuncia esta maniobra política e injerencistaque, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente” de la OEA, “en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional lo cual rechazamos”, alegó el embajador nicaragüense.

“El gobierno de Nicaragua no acepta la conformación de ninguna comisión especial del Consejo Permanente de la OEA para tratar asuntos internos y desconoce todas las reuniones del Consejo Permanente que se realicen sin la anuencia de nuestro gobierno”, recalcó, al solicitar a la embajadora costarricense que distribuya la carta a las misiones acreditadas en el organismo interamericano.

La “comisión especial” sería una vía para mantener un seguimiento al conflicto en Nicaragua y, según fuentes diplomáticas, la resolución para aprobar su creación necesitaría de al menos del respaldo de 18 votos para poder ser promulgada por el Consejo. La iniciativa podría ser votada el próximo jueves en una cita extraordinaria del Consejo que dará seguimiento a la situación de Nicaragua, anunció hoy la OEA.

De ser aprobada, la comisión tendría un máximo de una docena de estados integrantes, con mandato poder confirmar una comitiva que visite Nicaragua, pero en un paso que requeriría de la aceptación del gobierno nicaragüense, que en los últimos días reflejó su profundo malestar con la OEA.

En una resolución que emitió el 18 de julio anterior, el Consejo aprobó con 21 votos a favor de sus 34 miembros una condena por la represión a la población civil en Nicaragua y exigió al gobierno nicaragüense cesar la violencia, desmantelar a los bandas paramilitares, retomar el diálogo y aceptar el calendario electoral propuesto por esa organización, que propuso adelantar las elecciones de 2021 a 2019. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó y desconoció esa resolución.

La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril de este año por el rechazo masivo a una reforma a la seguridad social, en un movimiento que derivó hacia exigencias democráticas y generó intensos y prolongados reclamos para demandar la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el adelanto de las elecciones presidenciales y una serie de cambios institucionales.

En entrevistas la semana pasada con las cadenas televisivas estadounidenses Fox y CNN en español, Ortega rechazó las acusaciones de represión, se negó a anticipar los comicios y reiteró que su gobierno es víctima de una conspiración imperialista de Washington en alianza con sectores derechistas nicaragüenses.

Las protestas han dejado entre 295 y 448 muertos, según organismos nicaragüenses independientes de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la OEA, responsabilizó al gobierno de Ortega de la sangrienta y mortal crisis y de una represión generalizada en contra de las manifestaciones antigubernamentales. En la entrevista con CNN, Ortega cifró el número de muertos en 195.

Tras ganar los comicios de 2006, Ortega asumió un primer quinquenio en 2007 y, en lo que las fuerzas opositoras calificaron como fraudes electorales y violaciones constitucionales, se reeligió de manera consecutiva e indefinida en las elecciones de 2011 y 2016, para prolongar su mandato por otros dos periodos de cinco años de 2012 y 2017 que deberían concluir en enero de 2022.

Los opositores acusaron a la pareja presidencial de establecer una dictadura dinástica, pero Ortega y Murillo siempre rechazaron esas denuncias y aseguraron que su plan es conducir a su país a una fase de prosperidad y democracia.

Fuente El Financiero