CANCÚN, 10 DE JULIO.-  Cuestiona presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra la presión por parte de transportistas y de la misma plataforma de Uber que daría un revés a la Ley de Movilidad previamente aprobada por el Ejecutivo estatal, con lonque se permitirían las modificaciones; no obstante reconoce que la ley sí afecta a mucha gente.

En entrevista Galaviz prevé que se registre una “lluvia” de amparos una vez que entre en vigor dicha ley en septiembre próximo, aunado a señalar que es una “torpeza” las acciones de legisladores y del Gobierno el tratar de concesionar este servicio.

Por su parte, como se había señalado en 5to. Poder Uber amagó con no regresar a dar el servicio, para ello el guatemalteco Federico Ranero, director general de Uber para México, precisó que la eventual aprobación de las modificaciones a la Ley de Movilidad imposibilitaría el regreso de la plataforma a Cancún, pues entre las reformas propuestas por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González está la operación bajo un esquema de concesión.

En entrevista, Eduardo Galaviz dijo que las negociones se han llevado torpemente porque “sale la ley y empiezan las negociaciones y las presiones con manifestaciones, lo que se puede hacer mucho antes de que salga; se puede negociar antes y calcular los impactos para cada sector involucrado”.

Recordó que el Observatorio Legislativo siempre dijo que no sólo era el tema de Uber como tal porque afecta atribuciones municipales, a transportistas de carga y el autotransporte de pasajeros tanto estatal como municipal y federal, y vaticinó que muy pronto los afectados empezarán a presentar las solicitudes de protección.

“Cuando empiece a funcionar el Instituto de Movilidad (en septiembre), se los aseguró, van a empezar a aparecer amparos de diferentes empresas porque hay consideraciones en la ley que no están tomando en cuenta. Cuando ya se apliquen es cuando se van a interponer amparo las personas y empresas afectadas.

“Y aparte este impasse de 90 días para que empiece a funcionar la ley, tampoco es correcto porque si es cierto que estaba el periodo electoral, tendría que haber en ese lapso una negociación y la única fue que los taxistas fueron al Congreso a presionar e inmediatamente se manda la iniciativa de reforma diciendo que Uber tiene que ser una concesión.”

Galaviz Ibarra sostuvo que el (gobierno del) estado no puede concesionar cosas que no le competen; es decir, el transporte público en ruta establecida en municipios, es una concesión que tiene que dar mediante un permiso o proporcionarlo el propio ayuntamiento, pero el gobierno como tal no puede concesionarlo, tampoco estacionamientos, sitios ni terminales.

“La torpeza es de ambos, de legisladores y del gobierno estatal y que la operación política no está funcionando correctamente, y es algo donde quizá se quiere tener un estado fuerte, pero si no se tiene fuerza en la operación no va a llegar a ningún lado.”

Letra muerta

Por otra parte, Federico Ranero, director general de Uber para México, insistió en que la aprobación de las modificaciones a la Ley de Movilidad, propuestas por el gobernador, imposibilitaría el regreso de la plataforma digital de transporte a Cancún porque prevén el esquema de la concesión.

El directivo aseveró que no hay apertura del gobierno ni de la XV Legislatura para que el planteamiento no sea avalado: “No vemos ninguna apertura y vemos prácticamente una virtual aprobación de esa reforma retrógrada, con lo que imposibilitaría nuestro regreso a Cancún”, sostuvo.

Indicó que los cambios propuestos suprimen la competencia y buscan evitar el ingreso de nuevos actores: “La suprime de una manera importante y alarmante porque está diseñada para no permitir la entrada de otros actores y para que la oferta del transporte siga secuestrada por grupos de poder como el de los taxistas”, apuntó.

Federico Ranero recordó que en 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) invitó a los estados y gobernadores a que los marcos normativos para las empresas de redes de transporte no incluyeran la imposición de requisitos adicionales como las concesiones.

Además, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en mayo de 2017 que las empresas de redes de transporte y el marco regulatorio que les aplica no son comparables con otros servicios de transporte público como el taxi y el modelo de concesiones; sin embargo, en este estado eso es ley muerta”.

Carlos Águila Arreola