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Anaya promueve Secretaría de Seguridad Ciudadana y un instituto especializado en el crimen organizado

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MAYO.- La estrategia de seguridad de este sexenio transcurrió sin cambios sustantivos respecto a la administración de Calderón: los delitos comunes siguieron persiguiéndose con un sistema policial desarticulado y descoordinado, y el combate al crimen organizado se realizó como en el gobierno anterior, utilizando a las fuerzas armadas en un contexto de violencia creciente, además de un limitado gasto en prevención social o de investigación del delito.

Lo anterior se desprende del diagnóstico de seguridad del equipo de Ricardo Anaya, candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, presentado este martes en el Colegio de México (Colmex).

Para Santiago Creel, coordinador del frentista, los cambios institucionales que impulsó esta administración, como la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su reincorporación a la Secretaría de Gobernación, así como la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la Gendarmería Nacional, “no contribuyeron para mejorar los resultadoss”. De acuerdo con Creel, un indicador resume lo anterior: a falta de seis meses para que termine el año, el número de homicidios dolosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto (107,021) rebasó a los ocurridos en la administración de Felipe Calderón (102,859).

Las razones del fracaso en seguridad, de acuerdo con el diagnóstico del Frente, no solo es la fallida estrategia de seguridad, sino el esquema institucional actual que provoca la descoordinación entre autoridades locales, federales y municipales, así como entre los poderes, las instituciones (fuerzas armadas y civiles), las autoridades y la propia sociedad.

En el actual esquema, “no hay un esquema de responsabilidades claro, se imposibilita evaluar el desempeño de cada autoridad, se impide establecer correctivos de manera oportuna, no hay consecuencias por resultados deficientes y se evita un ejercicio de rendición de cuentas”, dijo Creel ante un auditorio reducido a la mitad por falta de quórum.

En un contexto en el que “el combate a la criminalidad descansa mucho más en el poder del fuego de las fuerzas armadas que en un sistema de inteligencia articulado”, y que ha provocado la “atomización de los grupos criminales”, la propuesta de la coalición conformada por el PAN, PRD y MC consiste en crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que concentre las siguientes funciones de seguridad pública:

  • Asumir las responsabilidades del Sistema de Policía Federal, que debe desempeñar labores preventivas y de investigación encaminadas a mantener el orden y la paz social.
  • La articulación de esfuerzos federales locales y municipales a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
  • Un nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado.
  • Un sistema de inteligencia civil que estandarice toda la información de inteligencia relativa a la seguridad pública del país.
  • Sistema penitenciario federal.
  • Responsabilidad del resguardo de las fronteras del país, la migración, aduanas, aeropuertos y puertos del país.
  • Coordinación de acciones en materia de protección civil.
  • Un nuevo modelo de seguridad pública sustentado en una unidad de mando, con responsabilidades claramente atribuidas, transparencia, rendición de cuentas, evaluaciones sistemáticas y cadenas de mando bien definidas.

Santiago Creel explicó que el nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado tendrá un mando único y perseguirá delitos enfocados en el crimen organizado, no otros delitos. “El país contará en el mediano plazo con una sola autoridad y un mando único para enfrentar a los grupos delincuenciales en el país”, explicó Santiago Creel, destacando entre las prioridades la persecución de delitos más violentos, cuidando las consecuencias que provoca descabezar a los grupos del crimen organizado.

La experiencia muestra que los países que han tenido éxitos contra el crimen organizado tienen instituciones especializadas, como Estados Unidos, España y Colombia. -Santiago Creel, coordinador de campaña de Ricardo Anaya.

De acuerdo con la propuesta del Frente, se enfocarán también en la extinción de los bienes inmuebles y la investigación del financiamiento ilícito, mismos que consideran claves para debilitar a las estructuras criminales y que serán usados para los centros de capacitación, indemnizar a víctimas y bonos de desempeño a los servidores públicos que intervengan en el combate.

NORMA CONSTITUCIONAL

Dentro de las propuestas del Frente, la que generó mayor ruido y dudas entre los ponentes fue la iniciativa de norma constitucional de conjunto de carácter transitorio, una propuesta que deberá tener acuerdo nacional y con la que se sujetará a los Poderes de la Unión, a los estados y municipios a una agenda de cumplimiento vinculatorio para reordenar el sistema de seguridad pública en el país “que hoy es lo más cercano a un caos”.

La norma a nivel federal estatal y municipal contempla establecer estándares mínimos en los siguientes rubros: suficiencia de personal, duplicar policías locales y policía federal, servicios de carrera, profesionalización, estímulos, seguridad social, certificación, presupuestos idóneos, órganos de control autónomo y participación ciudadana.

 

LAS FUERZAS ARMADAS SALDRÁN EVENTUALMENTE

Durante la ponencia en el Colmex, el exsecretario de Gobernación también reconoció que la actual estrategia ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, así como homicidios a activistas y periodistas.

Creel recordó algunos de los retos urgentes que tiene el país en materia de derechos humanos: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa sin resolverse, siguen sin esclarecerse el paradero de más de 34 mil personas y los malos tratos siguen siendo generalizados en el país, como denunció el relator de la ONU.

Creel se comprometió a que en caso de que Anaya llegue a la presidencia, resolverán el caso de los 43 de Ayotzinapa y que se respetarán los convenios internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos.

CONSENSO REGIONAL

La política de drogas actual y el combate al crimen no pueden realizarse únicamente de manera interna. México padece las consecuencias de la producción de coca en países andinos, de drogas sintéticas de Asia y de demanda en Estados Unidos, recordó Creel.

“No ha habido iniciativa de Mx en modernizar convenios internacionales respecto al crimen organizado transnacional”, dijo Santiago Creel.

La propuesta del Frente por México contempla una revisión e la relación con Estados Unidos respecto a los temas de trasiego de armas, creciente demanda en consumo, lavado e dinero y financiamiento ilícito, legalización del consumo de marihuana en EU y la revisión del Plan Mérida.

Con una propuesta que el moderador Sergio Aguayo, académico del Colmex, calificó como muy completa y ambiciosa, Creel también se comprometió a que en los primeros 15 meses se controlarán todos los centros penitenciarios del país, se librará el tránsito de las principales vías carreteras del país que se han visto afectadas por la inseguridad y tendrán estrategias específicas para los principales centros turísticos del país.

Fuente Huffingtonpost

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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