Nacional
Anaya promueve Secretaría de Seguridad Ciudadana y un instituto especializado en el crimen organizado
CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MAYO.- La estrategia de seguridad de este sexenio transcurrió sin cambios sustantivos respecto a la administración de Calderón: los delitos comunes siguieron persiguiéndose con un sistema policial desarticulado y descoordinado, y el combate al crimen organizado se realizó como en el gobierno anterior, utilizando a las fuerzas armadas en un contexto de violencia creciente, además de un limitado gasto en prevención social o de investigación del delito.
Para Santiago Creel, coordinador del frentista, los cambios institucionales que impulsó esta administración, como la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su reincorporación a la Secretaría de Gobernación, así como la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la Gendarmería Nacional, “no contribuyeron para mejorar los resultadoss”. De acuerdo con Creel, un indicador resume lo anterior: a falta de seis meses para que termine el año, el número de homicidios dolosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto (107,021) rebasó a los ocurridos en la administración de Felipe Calderón (102,859).
Las razones del fracaso en seguridad, de acuerdo con el diagnóstico del Frente, no solo es la fallida estrategia de seguridad, sino el esquema institucional actual que provoca la descoordinación entre autoridades locales, federales y municipales, así como entre los poderes, las instituciones (fuerzas armadas y civiles), las autoridades y la propia sociedad.
En el actual esquema, “no hay un esquema de responsabilidades claro, se imposibilita evaluar el desempeño de cada autoridad, se impide establecer correctivos de manera oportuna, no hay consecuencias por resultados deficientes y se evita un ejercicio de rendición de cuentas”, dijo Creel ante un auditorio reducido a la mitad por falta de quórum.
En un contexto en el que “el combate a la criminalidad descansa mucho más en el poder del fuego de las fuerzas armadas que en un sistema de inteligencia articulado”, y que ha provocado la “atomización de los grupos criminales”, la propuesta de la coalición conformada por el PAN, PRD y MC consiste en crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que concentre las siguientes funciones de seguridad pública:
- Asumir las responsabilidades del Sistema de Policía Federal, que debe desempeñar labores preventivas y de investigación encaminadas a mantener el orden y la paz social.
- La articulación de esfuerzos federales locales y municipales a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
- Un nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado.
- Un sistema de inteligencia civil que estandarice toda la información de inteligencia relativa a la seguridad pública del país.
- Sistema penitenciario federal.
- Responsabilidad del resguardo de las fronteras del país, la migración, aduanas, aeropuertos y puertos del país.
- Coordinación de acciones en materia de protección civil.
- Un nuevo modelo de seguridad pública sustentado en una unidad de mando, con responsabilidades claramente atribuidas, transparencia, rendición de cuentas, evaluaciones sistemáticas y cadenas de mando bien definidas.
Santiago Creel explicó que el nuevo instituto especializado en el combate al crimen organizado tendrá un mando único y perseguirá delitos enfocados en el crimen organizado, no otros delitos. “El país contará en el mediano plazo con una sola autoridad y un mando único para enfrentar a los grupos delincuenciales en el país”, explicó Santiago Creel, destacando entre las prioridades la persecución de delitos más violentos, cuidando las consecuencias que provoca descabezar a los grupos del crimen organizado.
La experiencia muestra que los países que han tenido éxitos contra el crimen organizado tienen instituciones especializadas, como Estados Unidos, España y Colombia. -Santiago Creel, coordinador de campaña de Ricardo Anaya.
De acuerdo con la propuesta del Frente, se enfocarán también en la extinción de los bienes inmuebles y la investigación del financiamiento ilícito, mismos que consideran claves para debilitar a las estructuras criminales y que serán usados para los centros de capacitación, indemnizar a víctimas y bonos de desempeño a los servidores públicos que intervengan en el combate.
NORMA CONSTITUCIONAL
Dentro de las propuestas del Frente, la que generó mayor ruido y dudas entre los ponentes fue la iniciativa de norma constitucional de conjunto de carácter transitorio, una propuesta que deberá tener acuerdo nacional y con la que se sujetará a los Poderes de la Unión, a los estados y municipios a una agenda de cumplimiento vinculatorio para reordenar el sistema de seguridad pública en el país “que hoy es lo más cercano a un caos”.
La norma a nivel federal estatal y municipal contempla establecer estándares mínimos en los siguientes rubros: suficiencia de personal, duplicar policías locales y policía federal, servicios de carrera, profesionalización, estímulos, seguridad social, certificación, presupuestos idóneos, órganos de control autónomo y participación ciudadana.
LAS FUERZAS ARMADAS SALDRÁN EVENTUALMENTE
Durante la ponencia en el Colmex, el exsecretario de Gobernación también reconoció que la actual estrategia ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, así como homicidios a activistas y periodistas.
Creel recordó algunos de los retos urgentes que tiene el país en materia de derechos humanos: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa sin resolverse, siguen sin esclarecerse el paradero de más de 34 mil personas y los malos tratos siguen siendo generalizados en el país, como denunció el relator de la ONU.
Creel se comprometió a que en caso de que Anaya llegue a la presidencia, resolverán el caso de los 43 de Ayotzinapa y que se respetarán los convenios internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos.
CONSENSO REGIONAL
La política de drogas actual y el combate al crimen no pueden realizarse únicamente de manera interna. México padece las consecuencias de la producción de coca en países andinos, de drogas sintéticas de Asia y de demanda en Estados Unidos, recordó Creel.
“No ha habido iniciativa de Mx en modernizar convenios internacionales respecto al crimen organizado transnacional”, dijo Santiago Creel.
La propuesta del Frente por México contempla una revisión e la relación con Estados Unidos respecto a los temas de trasiego de armas, creciente demanda en consumo, lavado e dinero y financiamiento ilícito, legalización del consumo de marihuana en EU y la revisión del Plan Mérida.
Con una propuesta que el moderador Sergio Aguayo, académico del Colmex, calificó como muy completa y ambiciosa, Creel también se comprometió a que en los primeros 15 meses se controlarán todos los centros penitenciarios del país, se librará el tránsito de las principales vías carreteras del país que se han visto afectadas por la inseguridad y tendrán estrategias específicas para los principales centros turísticos del país.
Fuente Huffingtonpost
Nacional
PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS
Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.
La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS
México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.
Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.
Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.
El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.
La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
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