Agencia.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que “en el día” dispongan la inmediata libertad del exmandatario Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”.

En el documento se señala que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) —de que el Estado peruano se abstenga de la liberación de Fujimori— “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que advierte una “falta de competencia”.

“En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, refiere el Tribunal Constitucional.

El Tribunal aludió así a un indulto que ya había sido anulado previamente. Dicho indulto, dictado por el Tribunal Constitucional, avalaba liberar a Fujimori “por razones humanitarias”.

En una resolución vista por The Associated Press, el Tribunal indicó a la agencia estatal que administra las cárceles que “en el día” disponga “la libertad inmediata” de Fujimori, de 85 años.

Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión (1990-2000) atribuidos a un escuadrón militar clandestino.

La polémica sobre la posibilidad de su excarcelación resurgió esta semana cuando el TC ordenó cumplir, en palabras de su presidente Francisco Morales, con “la inmediata libertad” del exmandatario al denegarse pedidos de aclaración sobre aquel fallo de 2022 en el que concedía un habeas corpus y en el que revalidaba el indulto que le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ese indulto fue luego anulado por el Poder Judicial al detectar graves irregularidades.

El juez adujo el viernes que no le correspondía ejecutar la sentencia a su despacho sino al propio Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. Éste le había enviado su sentencia, con la orden para que se cumpla la excarcelación, porque la demanda a favor de Fujimori se había presentado inicialmente en la corte de la ciudad de Ica.

Sin embargo, el juez de Ica, Vicente Fernández, negó tener esa competencia porque su juzgado rechazó el habeas corpus.

Fuente: AP

Texas.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró la orden de un tribunal a Texas de retirar el “muro flotante” en la frontera con México.

En un mensaje en X, antes Twitter, indicó que “desde la @SRE_mx, celebramos la decisión del 5º Tribunal de Circuito de Apelaciones de EU, de rechazar la solicitud de Texas para mantener instaladas las boyas en el Río Bravo“

Agregó que “continuamos trabajando para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las y los migrantes“.

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, posteó que “el 5º Tribunal de Circuito de Apelaciones de EU dictaminó que Texas debe remover 305 metros de boyas instaladas en el río Bravo. Celebramos esta decisión que refrenda el respeto por los derechos humanos y los tratados bilaterales entre México y EU”.

Dan revés legal a Texas

Texas tuvo el viernes un revés legal en su batalla en torno a las boyas instaladas en el río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, cuando un panel de jueces dejó en pie la orden de un magistrado federal de retirar la barrera de 300 metros.

La decisión representa una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que demandó al estado de Texas por instalar las boyas en el sector de Eagle Pass como parte de la Operación Estrella Solitaria del gobernador republicano Greg Abbott contra la inmigración irregular. La demanda del Departamento de Justicia de EU argumentó que la barrera constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río Grande (río Bravo en México).

El gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas argumentando que se vio obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse” de una “invasión” de migrantes, acusando a la administración federal demócrata de no defender la frontera sur.

En la apelación, Texas dijo que el juez David Ezra se equivocó en su conclusión de que las boyas representan una obstrucción a la navegabilidad del río y que abusó de sus facultades al ordenar el retiro de las boyas, argumentos con los que no estuvo de acuerdo el panel.

Texas aún tiene varias vías legales para proseguir con el caso e incluso llevar la pelea ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Las boyas ocasionaron que el gobierno de México pidiera en varias ocasiones a EU que se retirara la barrera.

Fuente: El Universal.