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Gobernadores de Texas y Arizona apoyan paso de Guardia Nacional en la frontera

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TEXAS, 4 DE ABRIL.- Los gobernadores de Texas y Arizona, estados fronterizos de Estados Unidos con México, respaldaron la decisión del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur del país.

Tanto el gobernador de Arizona, Doug Ducey, como el de Texas, Greg Abbott, celebraron la decisión de Trump como una medida “necesaria” para detener el flujo “masivo” de migrantes hacia el país con la intención exclusivamente, según sus palabras, de mantener la seguridad de sus comunidades.

 

Gobierno de Texas

Abbott, del Partido Republicano, aseguró en un comunicado que desde que llegó al poder en enero de 2015 siempre ha mantenido “una presencia continua” de la Guardia Nacional, junto con soldados permanentes del Departamento de Seguridad Pública, en el área fronteriza, pero que toda ayuda es recibida con agrado.

“La acción de hoy de la Administración Trump refuerza el compromiso de Texas de asegurar nuestra frontera sur y defender el Estado de Derecho, por ello, agradezco el apoyo”, valoró Abbott.

 

Gobierno de Arizona

Por su parte, el gobernador de Arizona, el también republicano Ducey, dio “la bienvenida” a este despliegue con entusiasmo, puesto que para él era algo necesario en la región desde hacía mucho tiempo.

“Arizona celebra el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. Washington ha ignorado este tema durante demasiado tiempo y se necesita ayuda. Para Arizona, se trata de seguridad pública”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además de Arizona y Texas, hacen frontera con México los estados de Nuevo México y California, cuyos gobernadores aún no se han pronunciado.

Despliegue de Guardia Nacional depende de los Estados

La opinión de los gobernadores es importante porque el cuerpo de voluntarios de la Guardia Nacional está bajo control de los estados, aunque el presidente puede ponerlo bajo su mando en situaciones excepcionales.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristjen Nielsen, aseguró que está en conversación con los gobernadores para conseguir el despliegue de la Guardia Nacional “cuanto antes”.

Por otro lado, en el Congreso, Trump recibió el apoyo de uno de los legisladores con mayor peso en la asignación de fondos para la frontera, el republicano por Texas Michael McCaul, que preside el comité de Seguridad Nacional en el Senado.

“Los estadounidenses merecen fronteras seguras y el despliegue de la Guardia Nacional es un paso positivo para proporcionar la seguridad que esta nación ha exigido desde hace mucho tiempo”, aseveró en un comunicado McCaul, quien instó a “actuar” a sus compañeros en el Congreso.

Otros legisladores, sin embargo, se mostraron más escépticos con los planes del presidente. Por ejemplo, el legislador demócrata Rubén Gallego, representante de Arizona, consideró que el plan de Trump es simplemente un movimiento político para satisfacer a su base.

“Esto es un insulto a nuestras tropas y dañará a nuestras Fuerzas Armadas como institución”, dijo Gallego, que luchó en la guerra de Irak.

La decisión de Trump llega después de días de quejas del presidente contra una caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos, aunque la Casa Blanca atribuyó la medida al aumento en la llegada de indocumentados al país desde febrero.

Fuente El Sol de México Online

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Trump culpable, y ahora, ¿qué sigue?

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Agencia.- La condena a Donald Trump del jueves es solo el paso más reciente en su odisea legal por el sistema judicial de Nueva York. El juez, Juan Merchan, fijó la fecha de sentencia de Trump para el 11 de julio. El expresidente podría ser sentenciado a un máximo de cuatro años tras las rejas o a libertad condicional.

Trump ya ha indicado que planea apelar, después de meses de criticar el proceso y atacar al fiscal del distrito de Manhattan que presentó el caso, así como a Merchan, quien presidió su juicio.

Sin embargo, mucho antes de que se admita ese recurso, Trump se verá envuelto en los engranajes del sistema de justicia penal.

Un informe de presentencia hace recomendaciones basadas en los antecedentes penales del acusado —y previo a este caso Trump no tenía antecedentes—, así como en su historial personal y en el delito en sí. El expresidente fue declarado culpable de falsificar registros comerciales en relación con un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una estrella del cine porno que dice haber mantenido una breve relación sexual con Trump en 2006, a fin de comprar su silencio.

En la entrevista previa a que se dicte sentencia, un psicólogo o trabajador social del departamento de libertad condicional también podría hablar con Trump en una entrevista durante la cual el acusado puede “tratar de causar una buena impresión y explicar por qué merece un castigo más leve”, según el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

El informe previo a la sentencia también puede incluir presentaciones de la defensa, y puede describir si “el acusado está en un programa de asesoramiento o tiene un trabajo estable”.

En el caso de Trump, por supuesto, está solicitando —por así decirlo— un trabajo estable como presidente de Estados Unidos, en una campaña que puede verse complicada por su nueva condición de delincuente. Es probable que Trump tenga que presentarse periódicamente ante un agente de libertad condicional, y podrían imponérsele normas para viajar.

No existe ninguna prohibición legal para que Trump se presente a las elecciones presidenciales siendo un convicto, ni siquiera para que ejerza como presidente. Votar —por sí mismo, presumiblemente— sería más complicado: Trump está registrado como votante en Florida, donde se exige a los delincuentes que cumplan toda su condena, incluida la libertad condicional, antes de recuperar el derecho al voto. A pocos meses de las elecciones, parece poco probable que Trump pueda cumplir su condena antes de esa fecha.

Trump fue condenado por 34 delitos graves de clase E, el nivel más bajo de Nueva York, cada uno de los cuales conlleva una pena potencial de hasta cuatro años de prisión. La libertad condicional o el confinamiento domiciliario son otras posibilidades que Merchan puede considerar.

Dicho esto, el juez ha indicado anteriormente que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Si impusiera penas de prisión, probablemente lo haría de forma concurrente, lo que significa que Trump cumpliría condena por cada uno de los cargos por los que fue condenado simultáneamente.

Si, por el contrario, Trump fuera condenado a libertad condicional, existe la posibilidad de que sea encarcelado si se descubriera que ha cometido otros delitos. Trump, de 77 años, se enfrenta actualmente a otros tres casos penales: dos federales, relacionados con el manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, y un caso estatal en Georgia relacionado a la interferencia electoral.

Incluso antes de la sentencia, se espera que el equipo legal de Trump interponga una apelación, un procedimiento sencillo que, sin embargo, debe resolverse con celeridad .

Dado que fue condenado por delitos no violentos, es poco probable que Trump sea encarcelado en espera de la sentencia, la cual también podría ser suspendida durante la apelación. Esto podría retrasar la sanción más allá del día de las elecciones, ya que la vista y el fallo de la apelación podrían tardar meses.

Fuente: New York Times

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Mueren 3 mil personas por sangre contaminada en Reino Unido, revelan oscuro pasado

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Agencia.- Un informe independiente ha puesto al descubierto un capítulo oscuro en la historia del Reino Unido: la contaminación de miles de productos sanguíneos con VIH y hepatitis C entre las décadas de 1970 y 1980. Se estima que más de 30 mil personas recibieron sangre o tratamientos derivados de la sangre infectados, lo que resultó en la muerte de alrededor de tres mil de ellas.

El informe, resultado de una investigación pública de siete años, acusa al gobierno y al Servicio Nacional de Salud (NHS) de encubrir el escándalo durante décadas. Las autoridades, según el informe, tenían conocimiento del riesgo de contaminación desde principios de la década de 1980, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger a los pacientes.

Un grupo de niños fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ en ensayos clínicos, utilizaron productos sanguíneos infectados

Las víctimas del escándalo, muchas de ellas hemofílicas y personas con trastornos de la sangre, recibieron transfusiones y tratamientos contaminados con virus mortales. Como consecuencia, muchos desarrollaron enfermedades graves, incluyendo VIH y hepatitis C, que les provocaron la muerte o les dejaron con problemas de salud crónicos.

El informe critica duramente la respuesta del gobierno y el NHS, calificando de “inaceptable” e “indefendible”. Señala que las autoridades priorizaron la reputación del sistema sanitario por encima de la salud de los pacientes, retrasando la toma de medidas para prevenir la contaminación y negaron información crucial a las víctimas.

Las familias de las víctimas han expresado su indignación y dolor por lo sucedido, exigiendo justicia y reparación. El informe recomienda una serie de medidas para compensar a las víctimas, incluyendo pagos por daños y perjuicios, apoyo psicológico y acceso a mejores servicios de salud, además se especula que la sangre fue tomada de prisioneras que habían recibido dinero a cambio de muestras de sangre.

El escándalo de la sangre contaminada ha conmocionado al Reino Unido, reavivando el debate sobre la seguridad de los productos sanitarios y la responsabilidad del gobierno en la protección de la salud pública. El informe final representa un paso importante para esclarecer la verdad y hacer justicia a las víctimas de este terrible episodio.

¿Por qué las autoridades permitieron usar sangre contaminada?
La contaminación de los productos sanguíneos se debió principalmente a la importación de plasma de países en desarrollo, donde los controles de calidad eran deficientes. Las autoridades no tomaron medidas para retirar los productos contaminados del mercado hasta 1985, a pesar de tener conocimiento del riesgo desde principios de la década de 1980.

El gobierno y el NHS negaron inicialmente la existencia de un problema y culparon a las víctimas por su propia infección. Las víctimas del escándalo han sufrido un enorme sufrimiento físico, emocional y financiero. El escándalo de la sangre contaminada es un recordatorio aleccionador de las graves consecuencias que puede tener la negligencia y la falta de transparencia en el ámbito sanitario. Es de esperar que el informe final y sus recomendaciones contribuyan a prevenir tragedias similares en el futuro.

Las autoridades de salud de Reino Unido han ofrecido apoyo a las personas que resultaron infectadas, con asesoramiento privado y terapia de conversación para personas y sus familias afectadas por sangre y productos sanguíneos infectados.
el costo de ciertos artículos o servicios esenciales relacionados con la salud (apoyo discrecional).

Fuente: El heraldo

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