CANCÚN, 3 DE ABRIL.- Plataformas de trasporte como Uber siguen siendo tema pendiente y es que según Erasmo Abelar Cámara, vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista (MNT), el avance en las investigaciones en los casos en los que este tipo de plataformas no ha tenido seguimiento por parte de los órganos encargados de impartir justicia ni por las propias empresas.

Fue en 2012, cuando la plataforma de movilidad por demanda Uber llegó a la Ciudad de México, junto a otras aplicaciones virtuales como son Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive y Yaxi, ostentandose como alternativas de trasporte “seguras” para las mujeres ante el aumento de agresiones sexuales en su contra en el servicio público, planteó Erasmo Abelar Cámara, vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista (MNT), y secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”.

El ex secretario general de los taxistas cancunenses, Eric Ramiro Castillo Alonso, quien lideró el MNT y con el respaldo de las 32 entidades de la república es hoy presidente vitalicio del organismo, y Erasmo Abelar estuvo a su lado y tuvo acceso a muchísima información que hoy capitaliza en el liderazgo de los ruleteros de Benito Juárez, mientras otorgó entrevista en la que habló sobre la aplicación.

Los servicios de transporte controlados mediante dispositivos móviles se convirtieron, desde hace cinco años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”; sin embargo, aún no hay ningún protocolo de denuncia ni seguimiento si hay acoso o agresiones sexuales dentro de las unidades, pese a casos como el de Mara, en Puebla.

“Tampoco con las empresas que tienen concesión para operarlos ni con ninguna instancia del gobierno capitalino”, añadió el líder taxista, quien recordó que en los dos últimos años (2015 y 2016), según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 73 de las 79 violaciones denunciadas y cometidas en transporte público, fueron en taxis.

Abelar Cámara recordó que en los últimos meses dos casos fueron denunciados: en Puebla, el de la estudiante de 19 años Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify, y el de Marimar Cosío, usuaria de Uber en la Ciudad de México, quien difundió en sus redes un video en el que narró cómo fue víctima de acoso sexual por el conductor.

En ningún caso hay un seguimiento por parte de alguna instancia de justicia ni de las propias empresas, salvo pláticas con Uber por parte del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres Cdmx) para ver posibles acciones a seguir, pero son cinco empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento.

Violencia

Según un diagnóstico de ONU Mujeres y El Colegio de México de violencia hacia las mujeres en el transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres han sido violentadas en esos espacios, de alguna u otra manera. Sólo se vigila que cumplan con normativas viales y reglamentos, pero de prevención de violencia contra mujeres, aún nada.

El caso de Mara Fernanda propició que la opinión pública cuestionara la operación de esos servicios en el país; incluso, el senador panista por Aguascalientes, José de Jesús Santana García, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El intento busca crear un registro de las plataformas digitales de las empresas, así como de cada uno de los operadores y que éstos transparenten su domicilio, teléfonos de contacto y una carta de antecedentes laborales y no penales. De aprobarse, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría que coordinar el registro.

La iniciativa también plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México, y es que las personas usuarias no tienen contacto directo en caso de denunciar algún incidente con los choferes, pues la comunicación la realizan mediante correos electrónicos.

Amparos

Erasmo Abelar recordó que hay 45 solicitudes de amparo por resolver en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra Uber, y en ese sentido fustigó que la trasnacional “reacciona a las acusaciones de acoso sexual sólo cuando hay presión mediática; si no, no hacen nada. No hay certeza ni garantía para quien denuncia que sus agresores serán dados de baja”.

Y reiteró que “seguiremos luchando y advirtió que estamos pendientes de la actuación del Congreso estatal, que legisla para reformar la Ley de Tránsito y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo porque no vamos a permitir nada que ponga en riesgo la ley y el trabajo de más de 17 mil sindicalizados” (son nueve mil operadores).

Abelar Cámara puntualizó que cada vez son más los estados contra el funcionamiento de aplicaciones como Uber debido a que “afecta a todos los taxistas al estar prohibido, por ley, prestar el servicio de transporte público en vehículos particulares sin concesión”.

Los estados de Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Baja California y la Ciudad de México, al igual que Quintana Roo, se oponen a su operación

En el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, hasta diciembre pasado, cuando dejó de operar Uber, se habían detenido alrededor de tres mil unidades (214 al mes en promedio), por las que se han pagado más de 600 millones de pesos (cuatro millones por cada mes) durante los 15 meses que duró la aplicación en el destino.

Por Carlos Águila Arreola

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