CANCÚN, 2 DE ABRIL.- Por medio de la recomendación 06/2018, publicada el 28 de marzo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) devolver, “a la brevedad posible”, las pertenencias a los usuarios de las cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS) que aún no las reciben.

En la recomendación, la CNDH da un plazo de cuatro meses –hasta el 28 julio– a PGR para diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la dependencia que intervenga en operativos de cateo.

El organismo emitió la recomendación derivado de la falta de una debida diligencia ministerial y excesos durante la orden de cateo a las oficinas de FNS, situadas en la Supermanzana 4 de Cancún, sita sobre la avenida Cobá, casi esquina con la Tulum.

La Dirección General de Comunicación de la CNDH emitió un comunicado que precisó que “la falta de diligencia ministerial y excesos en la ejecución de una orden de cateo, atribuibles a personal de la PGR, derivó en violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de quienes arrendaban cajas de seguridad de una empresa privada”.

El documento establece que si bien el cateo fue autorizado judicialmente en un inicio, se omitió informar al juez de control que el objeto de la diligencia era una empresa privada abierta al público.

“Por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial”, señaló.

La CNDH recomendó a la PGR “que, conforme a derecho, se devuelvan a la brevedad las pertenencias a los usuarios de las cajas de seguridad que aún no hayan sido devueltas; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia que presente ante la Visitaduría General contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso de la ejecución del cateo”.

Además, “en un plazo de cuatro meses a partir de aceptada la recomendación, deberá diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la PGR que intervenga en cateos, y elaborar un protocolo de actuación homologado sobre la debida diligencia ministerial apegándose a los artículos 14 y 16 constitucionales”.

Los dos servidores públicos involucrados son el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la ejecución del cateo, y el fiscal coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

La CNDH también llamó a las dependencias de todos los niveles de gobierno a que ajusten su normatividad al espíritu protector de derechos humanos de la Constitución, y la legislación de la comisión.

Por Carlos Águila Arreola

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