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En vilo, la candidatura de Zavala

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CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE MARZO.- En el primer minuto de hoy viernes arrancaron las campañas con cuatro candidatos en la boleta presidencial: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, quien recibió el registro de su candidatura, pero queda abierta una investigación sobre irregularidades en la recolección de sus firmas de apoyo.

Las nuevas irregularidades señaladas consisten en el hallazgo de que cientos de las firmas de apoyo a la candidata fueron fotocopias de credenciales capturadas en un mismo domicilio durante la madrugada.

Esta acción presupone tráfico ilegal de fotocopias de credenciales y de comprobarse que es responsable, podría perder el registro y no quedar en la boleta. No obstante, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló su registro como candidata, al considerar que negárselo en este momento atentaría contra su derecho a ser votada.

“Más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso”, afirmó el consejero Ciro Murayama.

Dijo que, desde su punto de vista, una persona que hizo trampa no debe estar en la boleta, pero también tiene derechos; además resaltó que al revisar los apoyos ciudadanos de la expanista se encontró una suerte de “talleres de maquila de envíos masivos de apoyos falsos”.

Los consejeros Jaime Rivera y Adriana Favela destacaron que las sanciones por las irregularidades pueden ser desde una amonestación hasta la pérdida del registro, independientemente de la vía penal.

 

Acusan a Zavala de tráfico de copias

El INE investiga ya una red de tráfico de fotocopias de credencial de elector en diversas entidades, mayormente en el Estado de México, que habría proporcionado fotocopias de credencial a las aspiraciones de Margarita Zavala, 14 aspirantes a diputados de la Ciudad de México, incluso a la también expanista Luisa María Calderón, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, entre otros y otras, que se desprende del análisis de la geolocalización de los celulares de los auxiliares que apoyaron a los ciudadanos.

A pesar de que esta irregularidad llevó al INE a descontar 212 mil firmas a Zavala Gómez del Campo, la noche del miércoles los consejeros discutieron si debían dar o no el registro a la aspirante, incluso un representante del PAN los visitó a cada uno para solicitar que no se le aprobara.

Si bien se había dado vista a la fiscalía electoral para que investigara las simulaciones, no se había incluido el tema de las fotocopias, pero debido a los nuevos hallazgos, el consejo general ordenó un procedimiento para ahondar en el tema.

Luego de la sesión del miércoles, los consejeros conocieron más datos sobre las firmas de la expanista.

Los datos entregados por las direcciones de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores arrojan, por ejemplo, que un solo ciudadano recolectó cientos de firmas en el Estado de México a la una, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana; se detuvo a las 6 y retomó su labor a las 7 de la mañana para no parar en todo el día y toda la noche siguiente, y así por varios días más.

En total, ese celular recolectó más de 10 mil apoyos ciudadanos.

Casos similares se encontraron en otras entidades, por ejemplo, en Aguascalientes. Desde un mismo domicilio un celular capturó miles de firmas.

La discusión de los consejeros y el dar a conocer o no datos de la investigación, como estos, se prolongó hasta el mediodía de ayer.

Poco después de las 17 horas reventó en redes sociales la exigencia de que no se le otorgara el registro a Zavala Gómez del Campo por esta irregularidad que se habría dado en 90% de sus firmas.

En realidad, el INE acreditó 45% de firmas de la aspirante realizadas mediante fotocopias, por lo que las invalidó, (212 mil fotocopias).

Los consejeros con dudas para entregar el registro fueron dos.

El resto argumentó que debía dársele el registro mientras no se tenga concluida la investigación y en virtud de que ya con las 212 mil fotocopias descontadas, la aspirante tiene 870 mil 168 firmas dispersadas en al menos 1% del listado nominal de 17 entidades.

Algunos de los dueños de los teléfonos celulares con los que se recabaron firmas de-sactivaron la geolocalización de sus aparatos, pero la mayoría no, por lo que el INE pudo detectar de qué lugares se estaban subiendo las firmas y el patrón atípico en ciertas localidades.

Al cargar la aplicación del INE, los dueños de los celulares tenían la opción de activar o desactivar la geolocalización de sus aparatos.

Aunque hasta el momento el instituto no tiene contabilizado el número de auxiliares que desactivaron esa función y los que la mantuvieron activada, sí pudo detectar registros atípicos que se están investigando desde el punto de vista administrativo.

 

Elecciones costarán $29 mil millones

La chequera electoral está en marcha y a partir de hoy tendrá mayor actividad con el arranque de las campañas electorales.

Así, el proceso electoral más grande de la historia del país, cuyos comicios serán el próximo 1 de julio, tendrá un costo de 29 mil 306 millones 738 mil 444 pesos.

La cifra comprende los presupuestos de los institutos electorales locales, que ejercerán 10 mil 44 millones dos mil 496 pesos; el gasto del INE para el proceso electoral federal, de siete mil 144 millones 961 mil 645 pesos; el de los tribunales electorales estatales, de mil 273 millones 934 mil 948 pesos; el del Tribunal Federal Electoral, de tres mil 893 millones 200 mil pesos y el de la fiscalía electoral, de 161 millones 739 mil 355 pesos.

A estas cifras se suman las prerrogativas que el INE entregará a los partidos este año, de seis mil 788 millones 900 mil pesos.

El próximo 1 de julio estarán en disputa 18 mil 311 cargos federales y locales, entre ellos el de Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

La chequera electoral está en activo, de hecho, desde el arranque del proceso electoral.

Los organismos locales, en su mayoría, tuvieron incrementos en sus asignaciones para este año respecto del anterior, de acuerdo con una revisión que Excélsior hizo de los Presupuestos de Egresos estatales. El instituto electoral de Morelos aún mantiene su demanda de que se le haga  una ampliación de recursos de 176 millones de pesos.

En el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, elevó 68% su gasto para este año; le fue aprobada una asignación de 303 millones de pesos. Para el Tribunal Electoral Estatal le fue autorizado un incremento de 18% en su presupuesto.

En las exposiciones de motivos de los decretos presupuestales de cada estado se argumenta que la elevación presupuestal se justifica debido a la organización de los procesos electorales de cada entidad.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz incrementó 10% su presupuesto, no obstante que este año sólo tendrá elección de gobernador.

La bolsa de seis mil 788 millones 900 mil pesos que el INE entregará a los partidos políticos este año es para financiar actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales y para el liderazgo político de las mujeres (cerca de 129 millones de pesos); financiamiento público por concepto de franquicias postales en año electoral (128 millones de pesos) y pago de franquicias telegráficas (más de 693 mil pesos).

Incluido en ese presupuesto están 42 millones 963 mil 332 pesos para gastos de campaña que se repartirán entre los candidatos independientes.

Los topes de gastos de campaña son, para Presidente 429 millones 633 mil pesos, para diputado federal un millón 432 mil pesos y para senador entre dos millones 864 mil y 28 millones 642 mil pesos.

Inician cuatro en la boleta electoral

José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala obtuvieron su registro como candidatos a la Presidencia de la República, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que cumplieron con los requisitos para aparecer en la boleta del 1 de julio; sin embargo, el pase a la boleta de Zavala aún peligra si se le comprueba que tiene responsabilidad por la simulación y fotocopias de credenciales para votar.

En una sesión especial, los consejeros votaron por unanimidad para que José Antonio Meade sea el abanderado de la alianza Todos Por México (PRI-PVEM-PANAL); Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES); y Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC).

Pero la candidatura independiente de Margarita Zavala fue cuestionada, así como nació su registro se puede morir. Las irregularidades de sus apoyos serán parte de un procedimiento especial sancionador y de comprobarse su responsabilidad la pueden bajar de la contienda.

Los consejeros Jaime Rivera y Adriana Favela destacaron que las sanciones por las irregularidades pueden ser desde una amonestación hasta la pérdida del registro, independientemente de la vía penal.

El proyecto de dictamen que se presentó anoche en el INE precisaba que en la recopilación de apoyos “se desprenden evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones”. Este párrafo fue polémico debido a que algunos consejeros consideraron que atenta contra el debido proceso de la aspirante.

Pese a los señalamientos, el consejo general del instituto avaló el registro como candidata de la exprimera dama, al considerar que negárselo en este momento atentaría contra su derecho a ser votada.

“Más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso”, afirmó el consejero Ciro Murayama, quien dijo que desde su punto de vista, una persona que hizo trampa no debe estar en la boleta, pero también tiene derechos; además resaltó que al revisar los apoyos ciudadanos de la expanista se encontró una suerte de “talleres de maquila de envíos masivos de apoyos falsos”.

Asimismo, el INE le dio 48 horas a Margarita Zavala a partir de su notificación para que presente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el emblema que será utilizado en su propaganda electoral, ya que “se constató que no cumple con lo señalado al contener la fotografía o silueta de la aspirante”.

Los consejeros rechazaron los registros de otros aspirantes a la Presidencia por la vía independiente. Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter, José Antonio Jaime Reynoso, Eduardo Santillán Carpinteiro, Porfirio Moreno Jiménez, Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, Francisco Javier Rodríguez Espejel y Luis Modesto Ponce de León Armenta no obtuvieron su candidatura por falta de requisitos.

Por otro lado, el INE también palomeó las candidaturas a senadores y diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, no hubo cambios en las listas que presentaron los partidos políticos, así que procedieron las candidaturas polémicas del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia; el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, y la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, quienes fueron postulados al Senado.

Por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, afirma el dictamen, cumple con los requisitos al ser ciudadano mexicano por nacimiento; no tiene suspendidos sus derechos o prerrogativas como ciudadano y “renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente al de Canadá, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros”.

Las listas de los candidatos a diputados de mayoría relativa también fueron aceptadas, el INE verificó que ninguno de los partidos tuvo una distribución notoriamente sesgada en contra de un género en el total de distritos con porcentajes de votación más baja.

Fuente Excélsior

 

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Sheinbaum inyecta juventud en las secretarías de Trabajo, Cultura y Turismo

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CDMX.-Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, presentó este jueves 18 de julio a tres miembros más de su Gabinete para el sexenio 2024-2030: los titulares de las Secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo.

Conoce a los tres nombrados:

Claudia Curiel de Icaza

La próxima secretaria de Cultura de México, es una persona que formó parte de su equipo en el jefatura de Gobierno de la capital del país.

La historiadora, de 44 años, actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, un cargo designado por la propia Sheinbaum en febrero de 2022.

Durante su presentación como la próxima secretaria de Cultura a nivel federal, Curiel dijo que la cultura es el lenguaje de identidades y una herramienta de transformación con una promesa hacia el futuro, y su gestión será plural, incluyente y propositiva.

La funcionaria, que destacó por manejar un lenguaje inclusivo durante su discurso, cuenta con una trayectoria de 20 años en instituciones culturales. Antes de su llegada al gobierno capitalino fue subdirectora de la Casa de Lago y de la Dirección General de Músicos de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Claudia Curiel realizó sus estudios universitarios la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes. Fue directora de BESTIA Festival, que promociona música independiente

Es hija de la periodista de espectáculos Claudia de Icaza y del compositor musical Francisco Curiel.

Marath Baruch Bolaños López

Actual secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), se mantendrá en el cargo bajo la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que iniciará el 1 de octubre.

Al anunciar el nombramiento, Sheinbaum destacó que el funcionario ha desempeñado un “papel fundamental” en la dependencia además de llevar Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para fomentar la integración de la población joven al mercado laboral.

El funcionario mencionó que el titular de la STPS tiene mucho que aportar para seguir beneficiando a los trabajadores y afirmó que la política laboral de AMLO implementada a través de la dependencia ha resultado en mayores derechos laborales como el aumento al salario mínimo, la reforma en materia de pensiones o la regulación de la subcontratación.

Marath Baruch Bolaños López asumió la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como relevo de Luisa María Alcalde Luján tras su nombramiento como secretaria de Gobernación, en junio de 2023. En ese momento, el nombramiento del funcionario de 38 años fue considerado por el presidente López Obrador como un relevo generacional dentro de la administración pública.

Bolaños López fue hasta 2020 secretario particular de Marcelo Ebrard cuando fue secretario de Relaciones Exteriores y bajo el gobierno de Sheinbaum será secretario de Economía.

También fue diputado por el grupo parlamentario de Morena, el partido AMLO, en la Asamblea Constituyente encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México en el periodo de 2016 a 2017.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Josefina Rodríguez Zamora

Será Secretaria de Turismo (Sectur) a partir del inicio de su Gobierno el próximo 1 de octubre.

Rodríguez Zamora se desempeña actualmente como secretaria de Turismo del estado de Tlaxcala, cargo que ostenta desde 2021.

La funcionaria dijo que en su próximo encargo se enfocará en continuar el desarrollo regional de destinos a partir de las obras desarrolladas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que marcará una “nueva era del turismo” en el que México se posicionará de forma competitiva mediante herramientas innovadoras de promoción, políticas de desarrollo sustentable y llevando bienestar a la cadena de valor de la actividad turística.

Al presentar los nuevos nombramientos, Sheinbaum mencionó que la funcionaria de 35 años de edad, es la integrante más joven de su Gabinete.

Rodríguez Zamora es empresaria del ramo restaurantero desde 2016 y en 2021 fue candidata de Fuerza por México (FxM), a diputada local local en Tlaxcala, su estado natal.

Previamente fue asesora de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la ciudad de Puebla y Subdirectora de Planeación del Tecnológico de Atlixco, también en Puebla.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana de Puebla y cursa la maestría en Alta Dirección en la Universidad del Valle de Tlaxcala.

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Buscan aumentar la participación de pueblos indígenas en proyectos de obra pública

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CDMX.- El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el fin de fomentar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas en la elaboración de planes, programas y proyectos de obra pública.

Asimismo, para garantizar que las dependencias y entidades respeten el derecho constitucional a la consulta previa de dichos pueblos y comunidades, a fin de que sus miembros puedan participar en asignaciones o licitaciones, y formar parte de la vigilancia, verificación y resoluciones del proyecto para brindar seguridad a sus habitantes.

Para ello, propone adicionar los nuevos párrafos sexto y séptimo al artículo 18 de dicho ordenamiento, para establecer que en el caso de que el proyecto sea propuesto en algún municipio o zona del que formen parte personas, etnia, pueblo o comunidad indígena, las dependencias y entidades deberán informar en breve término y de manera constante, el estatus que guarda el estudio, plan y programa para el desarrollo del proyecto.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Infraestructura, agrega que, si se aprueba el desarrollo del proyecto, las entidades y dependencias deberán de conformar un Comité en el que participen integrantes y miembros de la etnia, pueblo o comunidad indígena, para que formen parte de la vigilancia, verificación y resolución de la obra pública.

De igual forma, habrán de respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes, programas y proyectos de obras públicas, con el propósito de que sus integrantes y miembros puedan participar en la asignación o licitación de la obra pública.

En su exposición de motivos, el legislador sostiene que por medio de políticas públicas y planes de desarrollo urbano y movilidad se han concretado obras como puentes, calles, hospitales, escuelas, parques y jardines, para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, Sánchez Sánchez resalta que en ocasiones los llamados “elefantes blancos” o las obras que no han tenido un impacto positivo en el desarrollo en dichas comunidades son considerados actos discrecionales de la autoridad, toda vez que se maneja un derroche injustificado de recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana.

Precisa que actualmente se procura la consulta y participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas, legislaciones y programas que favorezcan a la sociedad, ya que con su participación se contribuye a dar legitimidad a los proyectos.

Aclara que, a través de diversos criterios jurisdiccionales se determina la relevancia del derecho humano a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en todas aquellas medidas administrativas o legislativas de impacto significativo sobre su entorno, con el propósito de salvaguardar su derecho a la libre determinación y sus demás derechos culturales y patrimoniales.

Con base en ello, subraya la necesidad de que se promueva la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los procedimientos de asignación de obra pública, ya que son los propios habitantes de las comunidades indígenas quienes reciben el impacto de algún proyecto, por lo que es conveniente que vigilen cómo se ejercen los recursos públicos.

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