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Denunciarán a Fox, Calderón y Ruiz ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE MARZO.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por exfuncionarios del Estado Mexicano en contra de la población civil del estado de Oaxaca, durante el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, los cuales se encuentran en la absoluta impunidad.

Entre los funcionarios que serán llevados a la Corte se encuentran los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los entonces funcionarios federales Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado.

De igual forma el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco Vargas, Manuel Teófilo García Corpus, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, Alma López Vásquez, Sergio Segreste Ríos, Manuel Moreno Rivas, Daniel Camarena Flores, Pedro Hernández Hernández, así como Alejandro Barrita López y Aristeo López Martínez (estos dos últimos asesinados).

Para la Defensoría, durante los años 2006 y 2007, las instituciones de seguridad del Estado (cuerpos federales, estatales y municipales de policía) cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar.

En conclusión, la defensoría resumió que hubo un patrón persistente de ilegalidad en actuaciones de autoridades en sus diferentes niveles de gobierno con respecto al conflicto del 2006 y 2007 que conllevaron a que hasta ahora persista la impunidad, dado que no ha habido responsabilidad penal contra los autores de violaciones a los derechos humanos pese a que se cuenta con elementos suficientes para inculpar, detener, procesar, a diferentes personas como responsables, el Estado sólo ha consignado averiguaciones.

Además, agregó, las denuncias que se presentaron en el ámbito de lo administrativo, no han sido resueltas, lo que siguen siendo actos que continúan violando los derechos humanos de las víctimas y así manteniendo una situación de impunidad.

“Para este organismo de derechos humanos, lo sucedido durante 2006 y 2007 en Oaxaca son crímenes de lesa humanidad que agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, ni a sus familiares, ni a sus comunidades, son fenómenos que atentan contra la humanidad entera pues niegan a la persona su derecho de ser y existir, por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, si queremos evitar que en cualquier lugar del mundo esto se repita, no debemos permitir que ninguno de estos crímenes quede impune”.

Es por ello, que la Defensoría presentará en próximos días una denuncia ante la Corte Penal Internacional buscando con ello restituir la deuda histórica que el Estado mexicano tiene respecto al derecho a la justicia de las personas directa e indirectamente afectadas.

“Crímenes que no obstante su gravedad, los gobiernos tanto federal como estatal, han omitido investigarlos o haciéndolo lo han hecho de manera fraudulenta buscando exculpar a los responsables de tales hechos, quienes se encuentran en completa impunidad”, se puntualizó.

El ombudsman Arturo Peimbert Calvo declaró que ya se sometió esta información a la Fiscal de la CPI para su conocimiento con miras a la adopción de una decisión según el artículo 53 del Estatuto de Roma.

Cabe señalar que el Estatuto de Roma entró en vigor en México el 1 de enero de 2006 y la información que se presenta se refiere a crímenes cometidos durante el período de 2006 a 2007 en el territorio mexicano, por lo tanto, estas conductas entran en la competencia temporal y territorial de la Corte Penal Internacional.

Y es que durante los años 2006 y 2007, el Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad pública para la formación y el empleo de grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme. Dichos grupos, lo mismo tomaron la forma de porros infiltrados en el movimiento social, que de caravanas de la muerte que atacaban durante la noche a la población civil.

Explicó que el movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca inició con las demandas del magisterio, luego se fue alimentando de la inconformidad de amplios sectores de la población hasta convertirse en una insurrección en contra de la forma de ejercer el poder por parte del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

La administración de Ruiz Ortiz se caracterizó por la violencia y amenazas contra las personas opuestas a sus planes económicos y políticos, la corrupción y la falta de políticas públicas para enfrentar problemas estructurales como la pobreza y desigualdad, así como el incremento de la marginación y la exclusión de los servicios públicos, la falta de transparencia en el gasto público, el nepotismo, entre otros elementos autoritarios.

A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento social se fortaleció y se vio apoyado por más personas inconformes. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes.

El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones.

Sin embargo, la estrategia del Estado, primero a nivel estatal y después federal, fue la de combatir al movimiento social a través de tácticas antisubversivas, a pesar de que este se condujo de forma civil y rechazó expresamente la opción armada. En contraparte, el Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad nacional —como el Cisen, AFI, PFP, Sedena y Semar— para idear e instrumentar planes que contemplaron varios operativos de seguridad.

Dentro de estos planes de seguridad no se escatimó la formación y el empleo de grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme.

Las autoridades instrumentaron los siguientes operativos: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.

De esta forma, señaló, el Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Peimbert Calvo recordó que en el conflicto social de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales 24 fueron en el año de 2006 y tres en 2007. De estos casos, 9 asesinatos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales. Además, se mantiene la desaparición forzada de los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, que desaparecieron en el contexto del movimiento social en Oaxaca en 2006 y 2007.

Mientras que a 149 personas detenidas el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca se le sometieron a tortura y tratos crueles y degradantes.

Entonces, los asesinatos, la privación grave de la libertad física, la tortura, y la desaparición forzada de las víctimas, no son hechos fortuitos o casuales, sino que provienen de una innegable política de estado que busca eliminar a todo aquel que pudiese ser considerado un obstáculo.

Como pruebas para la presentación de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional está la propia información de la DDHPO documentada en esos años y las conclusiones, así como el Informe realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de su Facultad de Investigación 1/2007; la Recomendación 15/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.

En todos estos informes, se señala como responsable a nivel estatal de la violación sistemática a los derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto de 2006 y 2007 al entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, quien generó todas y cada una de las condiciones necesarias para la operación de grupos armados ilegales, los cuales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, así como también ordenó y encubrió el uso excesivo de la fuerza cometido por sus subordinados.

Fuente Proceso

 

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Promueve diputada panista iniciativa para promover el uso saludable de redes sociales

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CDMX.- La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) impulsa una iniciativa para que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas fomenten y apoyen la implementación y difusión de programas de concientización sobre el uso adecuado de las redes sociales para prevenir afectaciones en la salud mental de las personas.

La propuesta de la legisladora, enviada a la Comisión Salud para dictamen, plantea adicionar una fracción III Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Resalta que es necesario considerar estos programas de concientización sobre el uso saludable y adecuado de las redes sociales para el bienestar socioemocional, como una herramienta preventiva ante las afectaciones de salud mental que se producen por el uso excesivo de las plataformas digitales.

En la exposición de motivos, el documento indica que el uso de Internet en México se realiza, predominantemente, a través de dispositivos móviles, facilitando con ello el acceso desmedido a las diversas redes sociales existentes en nuestro país.

Menciona que una misma persona puede tener el dominio de diversas cuentas simultáneamente sin considerar el impacto y consecuencias que dichas tecnologías pueden ocasionar a la salud mental de las personas.

De acuerdo con el Estudio Digital 2024 realizado por We Are Social y Meltwater, actualmente un 70 por ciento de la población nacional accede a redes sociales, lo que representa 90.20 millones de personas. En cuanto al tiempo promedio invertido en estas plataformas o redes, se destaca que hubo un decremento de siete minutos, siendo este año de 3 horas y 14 minutos el promedio.

Dicho estudio también comparte datos sobre las visitas de los internautas mexicanos en las plataformas sociales; basados en sus interacciones a febrero de 2024, Facebook quedó posicionado en el primer lugar con una tasa de uso del 93.2 por ciento, WhatsApp con el 92.2 por ciento, Instagram con 80.4 por ciento, Facebook Messenger 79.9 por ciento, y TikTok con 76.5 por ciento.

La iniciativa señala que el uso inadecuado y desmedido de estas plataformas genera consecuencias en la salud de las personas, particularmente en su salud mental, pues tienen la característica de crear dependencia a sus usuarios, aumentando las posibilidades de padecer diversos trastornos mentales, como ansiedad, depresión, soledad, pensamientos suicidas e incluso adicción a las redes sociales.

Resalta que se entiende por salud mental al estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

La diputada Gutiérrez Valtierra apunta que las y los usuarios de redes sociales no son conscientes de las consecuencias que genera en su salud mental el uso excesivo de estas tecnologías, pues se conciben como herramientas de información, entretenimiento y satisfacción del usuario ante el contexto social en el que se desarrolla; sin embargo, es necesario que se trabaje en concientizar a la población sobre el uso moderado y saludable de las plataformas.

Esgrime que al identificarse como una situación que afecta la salud pública se convierte en una responsabilidad compartida con el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, quien por mandato constitucional tiene la obligación de atender la salud mental de las personas de manera prioritaria, garantizando el bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad vinculado al ejercicio de sus derechos humanos.

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Presentan a 6 miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum

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Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, dio a conocer a Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Ernestina Godoy, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué, como los primeros seis secretarios de la próxima administración. 

La presidente electa, Claudia Sheinbaum, presentó la mañana de este jueves a seis secretarios de su gabinete, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre.

En un evento en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), la Doctora Sheinbaum anució a Marcelo Ebrard como su secretario de Economía, a Rosaura Ruíz Gutiérrez como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, a Juan Ramón de la Fuente como su secretario de Relaciones Exteriores, a Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Julio Berdegué como secretario de Agricultura y a Ernestina Godoy como su Consejera Jurídica.

“Son mujeres y hombres de primera, me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la transformación”, dijo Sheinbaum Pardo durante la presentación de los próximos funcionarios del gobierno federal.

Marcelo Ebrard Casaubón luego de perder la candidatura presidencial por parte de Morena ante Sheinbaum ahora será parte del gabinete de la presidenta electa en el cargo de Secretario de Economía. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador fungió como Secretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard Casaubón en 2006 fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un puesto que mantuvo hasta 2012, uno de sus proyectos emblemáticos fue la creación de la Línea 12 del Metro.

Durante la conferencia Ebrard dijo que la tarea que tiene el nuevo gabinete es crear el segundo piso de la cuarta transformación.

Además se comprometió a consolidar la cuarta transformación y que, en su caso, la orientación principal es que la prosperidad compartida tenga condiciones favorables.

México tiene muchas condiciones a favor. La primera, tenemos… los mejores resultados económicos desde hace medio ciclo”, comentó Ebrard Casaubón.

Además, indicó que se tienen todas las posibilidades gracias a los acuerdos comerciales que tiene el país, el crecimiento de la nación como socio principal de Estados Unidos de América.

Por su parte Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México se une al gabinete presidencial con el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, en 2018 fue designado por el presidente López Obrador como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

También fue presidente de las academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias.

Mientras Julio Berdegué Sacristán ocupará el cargo de Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, es Licenciado en Ciencias de la Agricultura por la Universidad de Arizona, cuenta con una maestría en Agronomía de la Universidad de California.

Fue coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Cohesión Territorial que reúne a la fecha 12 proyectos y programas de investigación aplicada.

La presidenta electa anunció la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Estará a cargo de Rosaura Ruíz Gutiérrez. Es licenciada, maestra y doctora en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios posdoctorales en la Universidad de California.

Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra será Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bárcena ha ocupado múltiples cargos en organismos internacionales y cuenta con amplia experiencia como diplomática. Es licenciada en biología por la UNAM y maestra en administración pública por la Universidad de Harvard.

También se anunció la participación de Ernestina Godoy Ramos como Consejera Jurídica de la administración de Claudia Sheinbaum; Godoy es abogada por la UNAM. En la administración pública se ha desempeñado como titular de la Fiscalía General de Justicia (antes PGJ).

Hasta ahora el único nombramiento confirmado era el de Rogelio Ramírez de la O, quien se mantendrá al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La que será la primera presidenta de México dijo tras su victoria en las elecciones del 2 de junio que habrá paridad en su gabinete presidencial y equipo de gobierno.

La presentación completa puede verla aqúi.

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