CANCÚN, 8 DE MARZO.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) elaboró un recuento de la situación de las mujeres que habitan y trabajan en los ecosistemas forestales, y aunque han ganado espacios en asambleas comunitarias y algunas ya son propietarias y ejidatarias, aún hay una enorme desigualdad en los bosques y selvas.

Las mujeres de los bosques son una agenda pendiente, y en la península, las mujeres están insuficientemente representadas en puestos de elección popular.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo desde 1975 en la lucha de las damas por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, y en el caso de las mujeres de los bosques, sigue siendo una agenda pendiente.

Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel de suma importancia en el manejo, conservación y defensa de los recursos naturales y sus territorios; sin embargo, esa importante labor ha sido menospreciada e invisibilizada por cuestiones culturales y estructuras de organización patriarcales.

La Evaluación de Género y Desarrollo Sostenible en la Península de Yucatán (Egeds-PY) es una iniciativa de la Oficina Regional de México, América Central y el Caribe y la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, recopiló información, y la relacionó con el contexto de desigualdad entre mujeres y hombres en la región.

En su fase inicial, la Egeds-PY se centró en sectores vinculados con el desarrollo sostenible como son educación y participación económica, medios de vida, tenencia de la tierra, participación social y política y compromisos internacionales en género y medio ambiente.

El Índice de Medio Ambiente y Género (EGI) es una herramienta que permite relacionar variables y establecer intersecciones entre género, medio ambiente y desarrollo sostenible. En su fase piloto incluyó a 73 países, y México obtuvo la posición 21 a nivel global.

En 2014 se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la General de Partidos Políticos (LGPP), en las que están dispuestas las nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas a cargos de representación popular, y se establece la obligatoriedad de paridad de género

Pese a ello, en la península de Yucatán las mujeres están insuficientemente representadas en puestos de elección popular, precisó el CCMSS: en la península no hay gobernadoras. En el estado yucateco, el ocho por ciento de los 106 municipios tiene alcaldesas, mientras que en Quintana Roo y Campeche el porcentaje es de apenas uno por ciento.

En diputaciones federales se eleva la participación: en Campeche 75 por ciento; en Quintana Roo 57; más de la mitad son mujeres, y en Yucatán el porcentaje es de 27 por ciento. En cuanto a las legislaturas estatales, el porcentaje más alto lo tiene Quintana Roo, con 40 por ciento, mientras que en Yucatán es de 36 y en Campeche de 31 por  ciento.

En las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sólo una es titular (Campeche), y en las delegaciones de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ninguna.

Y en las gerencias estatales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la única mujer es la de Yucatán; en los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), el promedio en los tres estados es de 38 por ciento. En las direcciones de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo sostenible, únicamente 14 por ciento  son mujeres.

Desbalance

El CCMSS cita que en México, en el medio rural habitan casi 27.5 millones de personas, de las que 50.4 por ciento (13.9 millones) son mujeres, y apenas 26 por ciento de las personas con derechos a la propiedad ejidal son mujeres, un desbalance en el acceso a la tierra que deriva en una participación restringida en la toma de decisiones y goce de beneficios.

Aunque en algunas comunidades agrarias indígenas (o tierras comunales) el padrón es relativamente más inclusivo: 32 por ciento de titulares de derechos agrarios son mujeres, en los ejidos es significativamente más excluyente. En algunas regiones, hasta fechas muy recientes, los hombres les prohibían entrar a las asambleas y ejercer actos de posesión.

Hoy en día, la participación de mujeres en la mayoría de órganos de decisión de los ejidos y núcleos agrarios indígenas es muy escasa y limitada: sólo 15 por ciento de los puestos de órganos de representación vigentes son ocupados por mujeres, y menos del ocho por ciento de presidentes de comisariados ejidales o de consejos de vigilancia son féminas.

En promedio, en el país las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, 31 más que los hombres, pero gran parte del trabajo no se contabiliza porque se desarrolla en el hogar, en tareas como manejo de cultivos y animales de traspatio para la subsistencia, así como en el cuidado de terceras personas como sus hijos, sin percibir remuneración.

Por Carlos Águila Arreola

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