CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE FEBRERO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas.

En este modelo, las secretarías u organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia de los servicios realizados.

En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandipropició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos.

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas se dan en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, indicó.

En la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó manejos irregulares por 114,250 mdp.

De esta cifra falta recuperar o aclarar el destino de 104, 242 mdp, 91.2% del total.

Hizo 1,865 auditorías y 4,439 recomendaciones.

Replican modelo de universidades

Detecta la Auditoría Superior posible fraude por 968 millones 887 mil pesos en entidades gubernamentales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales replicaron el esquema de fraude e irregularidades en el que incurrieron algunas universidades públicas. Tras las auditorías a la Cuenta Pública 2016 se detectó que este modus operandi propició un posible daño a la Hacienda Pública Federal por al menos 968 millones 887 mil pesos.

Derivado de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que hay abuso en las contrataciones entre dependencias y entidades públicas en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.

Esta práctica propicia el desvío de recursos públicos, afecta la imagen de gestión gubernamental y a final de cuentas no se tiene evidencia de que se entregan los bienes y servicios contratados.

La ASF presentó 12 auditorías a la Cuenta Pública 2016 que replican este modelo de corrupción, entre ellas una que la llevó a solicitar la revisión de objetivos y atribuciones del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), al advertir que no cumple con los propósitos para los que fue creado.

Destacó que el INCA Rural signó varios contratos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pero carecía de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos.

“Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (estas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios a INCA Rural”, precisa.

Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos.

“En este caso, el Conafe contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100%  de los bienes y servicios solicitados”.

Se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones, en las adquisiciones realizadas entre la Sagarpa y la Universidad Autónoma de Chapingo; entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Autónoma de Zacatecas; también entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Conapesca; entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la Sagarpa, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad; entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, y entre Televisora de Hermosillo y la Sedatu.

Excélsior dio a conocer en febrero de 2017 que la ASF detectó un modus operandi de corrupción en la que incurren las universidades públicas. Tan sólo en el 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.

El modus operandi consiste en simular contratos, incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para llevar a cabo las labores acordadas o a empresas inexistentes.

Por otro lado, la ASF dijo  que hizo siete auditorías forenses a universidades, es decir, aquellas que practica para la investigación y documentación de un presunto delito.

Por ejemplo, se detectó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por 90 millones 014,790.05 pesos correspondiente al importe en exceso pagado por la Sedatu a la Universidad Tecnológica de Campeche, de los cuales se realizaron pagos injustificados a 11 empresas por 79 millones 49,784.01 pesos, sin que se tenga evidencia de que hayan otorgado los bienes o servicios.

FUENTE  EXCÉLSIOR 

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