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Dictan prisión preventiva a Álvaro Colom, expresidente de Guatemala

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GUATEMALA, 14 DE FEBRERO.- Un juez envió ayer a prisión preventiva al expresidente guatemalteco Álvaro Colom y a nueve de los 10 exmiembros de su Gabinete de Gobierno detenidos por un caso de corrupción, entre ellos, el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight.

Los ex funcionarios están señalados de haber cometido los delitos de fraude y peculado en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entre 2008 y 2012.

Junto al ex presidente Colom y Fuentes, entonces ministro de Finanzas, otros seis exfuncionarios más deberán permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala; mientras que los exministros de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferrate, respectivamente, fueron enviados a centros de salud.

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), detalló que Colom “intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo”.

Esta causa, bautizada como “TransUrbano: Un fraude al Estado. Etapa 1”, ha permitido hasta ahora la captura de 11 personas, aunque algunos involucrados aún se encuentran prófugos.

A su llegada a la sede de tribunales, Colom se mostró confiado en que será librado de los cargos y explicó que el TransUrbano redujo los ataques contra conductores del servicio de transporte de pasajeros e hizo transparente el subsidio estatal.

Sin embargo, la acusación no se basa en la operatividad del modelo, sino en la adjudicación anómala de 35 millones de dólares a empresarios para el sistema de cobro prepago en el proyecto TransUrbano.

Exmandatarios con acusaciones

Fernando Romeo Lucas (1978-1982).
José Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985).
Jorge Serrano (1991-1993).
Álvaro Arzú (1996-2000).

Fuente Informador MX

 

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Internacional

Trump culpable, y ahora, ¿qué sigue?

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Agencia.- La condena a Donald Trump del jueves es solo el paso más reciente en su odisea legal por el sistema judicial de Nueva York. El juez, Juan Merchan, fijó la fecha de sentencia de Trump para el 11 de julio. El expresidente podría ser sentenciado a un máximo de cuatro años tras las rejas o a libertad condicional.

Trump ya ha indicado que planea apelar, después de meses de criticar el proceso y atacar al fiscal del distrito de Manhattan que presentó el caso, así como a Merchan, quien presidió su juicio.

Sin embargo, mucho antes de que se admita ese recurso, Trump se verá envuelto en los engranajes del sistema de justicia penal.

Un informe de presentencia hace recomendaciones basadas en los antecedentes penales del acusado —y previo a este caso Trump no tenía antecedentes—, así como en su historial personal y en el delito en sí. El expresidente fue declarado culpable de falsificar registros comerciales en relación con un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una estrella del cine porno que dice haber mantenido una breve relación sexual con Trump en 2006, a fin de comprar su silencio.

En la entrevista previa a que se dicte sentencia, un psicólogo o trabajador social del departamento de libertad condicional también podría hablar con Trump en una entrevista durante la cual el acusado puede “tratar de causar una buena impresión y explicar por qué merece un castigo más leve”, según el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

El informe previo a la sentencia también puede incluir presentaciones de la defensa, y puede describir si “el acusado está en un programa de asesoramiento o tiene un trabajo estable”.

En el caso de Trump, por supuesto, está solicitando —por así decirlo— un trabajo estable como presidente de Estados Unidos, en una campaña que puede verse complicada por su nueva condición de delincuente. Es probable que Trump tenga que presentarse periódicamente ante un agente de libertad condicional, y podrían imponérsele normas para viajar.

No existe ninguna prohibición legal para que Trump se presente a las elecciones presidenciales siendo un convicto, ni siquiera para que ejerza como presidente. Votar —por sí mismo, presumiblemente— sería más complicado: Trump está registrado como votante en Florida, donde se exige a los delincuentes que cumplan toda su condena, incluida la libertad condicional, antes de recuperar el derecho al voto. A pocos meses de las elecciones, parece poco probable que Trump pueda cumplir su condena antes de esa fecha.

Trump fue condenado por 34 delitos graves de clase E, el nivel más bajo de Nueva York, cada uno de los cuales conlleva una pena potencial de hasta cuatro años de prisión. La libertad condicional o el confinamiento domiciliario son otras posibilidades que Merchan puede considerar.

Dicho esto, el juez ha indicado anteriormente que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Si impusiera penas de prisión, probablemente lo haría de forma concurrente, lo que significa que Trump cumpliría condena por cada uno de los cargos por los que fue condenado simultáneamente.

Si, por el contrario, Trump fuera condenado a libertad condicional, existe la posibilidad de que sea encarcelado si se descubriera que ha cometido otros delitos. Trump, de 77 años, se enfrenta actualmente a otros tres casos penales: dos federales, relacionados con el manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, y un caso estatal en Georgia relacionado a la interferencia electoral.

Incluso antes de la sentencia, se espera que el equipo legal de Trump interponga una apelación, un procedimiento sencillo que, sin embargo, debe resolverse con celeridad .

Dado que fue condenado por delitos no violentos, es poco probable que Trump sea encarcelado en espera de la sentencia, la cual también podría ser suspendida durante la apelación. Esto podría retrasar la sanción más allá del día de las elecciones, ya que la vista y el fallo de la apelación podrían tardar meses.

Fuente: New York Times

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Internacional

Mueren 3 mil personas por sangre contaminada en Reino Unido, revelan oscuro pasado

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Agencia.- Un informe independiente ha puesto al descubierto un capítulo oscuro en la historia del Reino Unido: la contaminación de miles de productos sanguíneos con VIH y hepatitis C entre las décadas de 1970 y 1980. Se estima que más de 30 mil personas recibieron sangre o tratamientos derivados de la sangre infectados, lo que resultó en la muerte de alrededor de tres mil de ellas.

El informe, resultado de una investigación pública de siete años, acusa al gobierno y al Servicio Nacional de Salud (NHS) de encubrir el escándalo durante décadas. Las autoridades, según el informe, tenían conocimiento del riesgo de contaminación desde principios de la década de 1980, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger a los pacientes.

Un grupo de niños fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ en ensayos clínicos, utilizaron productos sanguíneos infectados

Las víctimas del escándalo, muchas de ellas hemofílicas y personas con trastornos de la sangre, recibieron transfusiones y tratamientos contaminados con virus mortales. Como consecuencia, muchos desarrollaron enfermedades graves, incluyendo VIH y hepatitis C, que les provocaron la muerte o les dejaron con problemas de salud crónicos.

El informe critica duramente la respuesta del gobierno y el NHS, calificando de “inaceptable” e “indefendible”. Señala que las autoridades priorizaron la reputación del sistema sanitario por encima de la salud de los pacientes, retrasando la toma de medidas para prevenir la contaminación y negaron información crucial a las víctimas.

Las familias de las víctimas han expresado su indignación y dolor por lo sucedido, exigiendo justicia y reparación. El informe recomienda una serie de medidas para compensar a las víctimas, incluyendo pagos por daños y perjuicios, apoyo psicológico y acceso a mejores servicios de salud, además se especula que la sangre fue tomada de prisioneras que habían recibido dinero a cambio de muestras de sangre.

El escándalo de la sangre contaminada ha conmocionado al Reino Unido, reavivando el debate sobre la seguridad de los productos sanitarios y la responsabilidad del gobierno en la protección de la salud pública. El informe final representa un paso importante para esclarecer la verdad y hacer justicia a las víctimas de este terrible episodio.

¿Por qué las autoridades permitieron usar sangre contaminada?
La contaminación de los productos sanguíneos se debió principalmente a la importación de plasma de países en desarrollo, donde los controles de calidad eran deficientes. Las autoridades no tomaron medidas para retirar los productos contaminados del mercado hasta 1985, a pesar de tener conocimiento del riesgo desde principios de la década de 1980.

El gobierno y el NHS negaron inicialmente la existencia de un problema y culparon a las víctimas por su propia infección. Las víctimas del escándalo han sufrido un enorme sufrimiento físico, emocional y financiero. El escándalo de la sangre contaminada es un recordatorio aleccionador de las graves consecuencias que puede tener la negligencia y la falta de transparencia en el ámbito sanitario. Es de esperar que el informe final y sus recomendaciones contribuyan a prevenir tragedias similares en el futuro.

Las autoridades de salud de Reino Unido han ofrecido apoyo a las personas que resultaron infectadas, con asesoramiento privado y terapia de conversación para personas y sus familias afectadas por sangre y productos sanguíneos infectados.
el costo de ciertos artículos o servicios esenciales relacionados con la salud (apoyo discrecional).

Fuente: El heraldo

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