Cancún
Fracasan medidas de bioseguridad de transgénicos en México

CANCÚN, 1 DE FEBRERO.- En el país, las medidas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (ogm) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguarda de la salud humana, el medioambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola, denunció Greenpeace.
Al presentar su reporte “Bio (in)seguridad en México, analiza el caso del permiso de soya transgénica para la empresa trasnacional Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche, con implicaciones en seis entidades más: Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.
Se confirmó la presencia del grano en polígonos de Campeche no autorizados a Monsanto (como el municipio de Campeche), así como la liberación de un evento transgénico no solicitado por la empresa ni autorizado por la autoridad (MON-89788-1).
Además, se constató la permisividad de la autoridad agrícola a la comercialización y siembra ilegal de soya genéticamente modificada para consumo humano o uso industrial, como “medida de urgencia” al considerar que el evento tenía autorización sanitaria, convalidando actos ilícitos de agricultores”.
El cultivo fue prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sentencia de noviembre de 2015; así como ausencia de procedimientos de inspección y vigilancia e infracciones a las casas semilleras, señaladas como las que vendieron la soya modificada en la región, entre otras violaciones al marco de bioseguridad en México.
“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, y laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas para funcionarios que no aplican la ley, para quienes la emplean “a modo” y para los agricultores que han admitido sembrar de manera ilegal, lo que permite extender la contaminación transgénica en el país”, denunció María Colín Olmos, campañista legal de Greenpeace México.
Ilegalidad
El escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades, beneficia los intereses de las empresas agroindustriales como Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de Conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Holanda, así como en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Al listado de ilegalidades se suma la carencia de información pública y la enorme opacidad gubernamental, además de una serie de obstáculos para el acceso por parte de la sociedad y las comunidades mayas, en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada.
En 2012, la empresa Monsanto Comercial solicitó un permiso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la liberación de soya modificada resistente al herbicida glifosato.
La petición fue en fase comercial para 253 mil 500 hectáreas para en estados: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. El permiso fue aprobado el 5 de junio de 2012, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a las opiniones contrarias de sus órganos técnicos.
Se refiere al entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy INECC) y las comisiones nacionales para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que desaconsejaban el otorgamiento del permiso por las afectaciones ambientales que implicaría la siembra en la península de Yucatán.
En el año 2012, apicultores y grupos apícolas de Yucatán y Campeche interpusieron diversas demandas de amparos por violaciones a sus derechos humanos, resueltos favorablemente para las comunidades en 2014.
Impugnaciones de autoridades y la misma empresa Monsanto elevaron los juicios ante la Corte, que confirmó la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo maya en la emisión del permiso a favor de la empresa, ordenando que la consulta se llevara a cabo en los municipios donde habitan los demandantes.
Prohibición
Entonces, se prohibió la siembra de soya modificada en varios municipios de las entidades de Campeche y Yucatán, aunque la siembra ilegal se dio en el ciclo agrícola 2016 pese a las sentencias de la SCJN.
A pesar de las declaraciones de Monsanto y agricultores locales de que no sembrarían soya genéticamente modificada en 2017, el 13 de noviembre pasado las comunidades de Campeche documentaron nuevamente la presencia ilegal de soya en 23 mil hectáreas del Estado, aproximadamente, mediante denuncia presentada ante el Senasica.
El 15 de septiembre de 2017 la autoridad agrícola revocó el permiso de Monsanto para liberar soya modificada tras el hallazgo de plantas transgénicas en muestras colectadas durante 2016 en áreas no autorizadas de Campeche.
“Es preocupante que a 30 años del inicio de la bioseguridad en México, haya situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y evaluación de los organismo genéticamente modificados en el sector salud, agrícola y del ambiente”, expresó José Antonio Serratos Hernández, experto en bioseguridad.
“Monsanto no es sólo un vendedor de semillas modificadas, sino titular de un permiso con obligaciones de bioseguridad que hoy reniega de cumplir. Las fallas del sistema de bioseguridad en México deben corregirse cuanto antes”, alertó María Colín, la campañista legal de Greenpeace.
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Cancún
Denuncian habitantes de regiones en Cancún el alza ilegal a tarifa de mototaxis

Cancún (Francisco Javier Robles / 5to Poder).- Habitantes de fraccionamientos de las regiones 200 e inmediaciones del Arco Vial Norte de la ciudad se quejan por el arbitrario y sorpresivo incremento de precios que hicieron operadores de mototaxis, desde el pasado 16 de enero.
Aunque no hay autorización del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento Benito Juárez, las cooperativas de mototransporte subieron sustancialmente el precio de “las tiradas”, dejando la mínima en 25 pesos cuando hasta inicio de año era de 20 pesos.
De acuerdo con pancartas dentro de las unidades, los operadores argumentan que esto se debe al aumento de la gasolina, lo que está afectando su economía.
Las quejas de vecinos no se hicieron esperar en los fraccionamientos Nikté, La Joya, Paseos del Mar, Villas Otoch Paraíso, Prado Norte, Haciendas Real del Caribe, Cielo Nuevo, Villas Lakín, Rancho Viejo, Alfredo V. Bonfil, entre otros puntos, a donde la población no está dispuesta a pagar cinco pesos más en sus tarifas.
Cancún
Existen al menos 19 puntos de descargas residuales ilegales en Cancún; drenaje de 40 años en la zona hotelera rebsado: DMAS

Cancún.- Al menos 19 puntos de descargas de aguas negras ilegales sobre zonas de manglares por parte de hoteles y restaurantes, fueron detectados desde el 2021, según informe de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
A través de un estudio elaborado con recursos del ayuntamiento Benito Juárez en el 2021, se arrojaron graves condiciones de contaminación en cuerpos lagunares, aguas subterráneas y zonas costeras de Cancún.
DMAS, la misma que ha promovido varios amparos contra el Tren Maya, denunció que aunque dicha información ha estado disponible para las autoridades municipales desde hace por lo menos dos años, además de no atender la problemática, el ayuntamiento aprobó a mediados del 2022 un nuevo Programa de Desarrollo Urbano que aumenta densidades de construcción en zonas urbanas y da usos de suelo hotelero en playas públicas.
Esto, aseguran, genera mucho más estrés en áreas como la zona hotelera de Cancún, donde se concentra gran parte de la problemática por la sobredensificación que ya se arrastra desde hace más de una década.
Tanto DMAS como representantes vecinales de la supermanzana 15 de Cancún, con el apoyo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, hicieron una presentación virtual con diapositivas del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU) 2022, en las que muestran que el documento sometido a consulta pública el año pasado es muy distinto respecto del que posteriormente se aprobó por el cabildo y que está actualmente vigente, con cambios importantes que no fueron consultados con los cancunenses.
Entre los principales cambios está el que se eliminaron todos los equipamientos deportivos de la ciudad para sustituirlos por espacios recreativos, lo cual es una categoría que no está definida en ningún PDU.
Además, indican que múltiples lotes en la zona hotelera de Cancún incrementan su densidad y altura, pasando de 13 y 15 pisos, a 20 pisos, además de que a un lote ubicado al inicio de la zona hotelera, con uso de suelo para servicios turísticos de playa (SP), le asignaron una nueva clave TH/8/N, la cual ahora permite que pueda construirse ahí un hotel de hasta ocho pisos.
Sobre el estudio de calidad del agua, mencionaron que desde el 2021 quedaron plenamente identificados hasta 19 puntos de descargas de aguas negras ilegales sobre zonas de manglares por parte de hoteles y restaurantes, así como otros puntos donde se derraman los registros de alcantarillado por la sobresaturación de las tuberías.
Además, la firma encargada del estudio, AyMA Ingenieria y Consultoría, concluyó que la calidad del agua en la mancha urbana de Cancún es de regular a mala, con zonas de mayor deterioro en diversos puntos del área natural protegida Manglares de Nichupté y la laguna Nichupté, donde se reconoce que existe una descarga con altas concentraciones de enterococos fecales humanos.
Asimismo, precisa puntualmente que: el sistema de alcantarillado de la zona hotelera se construyó hace 40 años, lapso en el que además del daño físico, colapsos y taponamientos, ha quedado está rebasado en su capacidad y diseño, pues éste se delineó con base en usos de suelo, densidades y dotaciones mucho muy menores a los actuales.
Fuente El Economista / Jesús Vásquez