CANCÚN, 1 DE FEBRERO.- En el país, las medidas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (ogm) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguarda de la salud humana, el medioambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola, denunció Greenpeace.

Al presentar su reporte “Bio (in)seguridad en México, analiza el caso del permiso de soya transgénica para la empresa trasnacional Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche, con implicaciones en seis entidades más: Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.

Se confirmó la presencia del grano en polígonos de Campeche no autorizados a Monsanto (como el municipio de Campeche), así como la liberación  de un evento transgénico no solicitado por la empresa ni autorizado por la autoridad (MON-89788-1).

Además, se constató la permisividad de la autoridad agrícola a la comercialización y siembra ilegal de soya genéticamente modificada para consumo humano o uso industrial, como “medida de urgencia” al considerar que el evento tenía autorización sanitaria, convalidando actos ilícitos de agricultores”.

El cultivo fue prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sentencia de noviembre de 2015; así como ausencia de procedimientos de inspección y vigilancia e infracciones a las casas semilleras, señaladas como las que vendieron la soya modificada en la región, entre otras violaciones al marco de bioseguridad en México.

“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, y laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas para funcionarios que no aplican la ley, para quienes la emplean “a modo” y para los agricultores que han admitido sembrar de manera ilegal, lo que permite extender la contaminación transgénica en el país”, denunció María Colín Olmos, campañista legal de Greenpeace México.

Ilegalidad

El escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades, beneficia los intereses de las empresas agroindustriales como Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de Conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Holanda, así como en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Al listado de ilegalidades se suma la carencia de información pública y la enorme opacidad gubernamental, además de una serie de obstáculos para el acceso por parte de la sociedad y las comunidades mayas, en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada.

En 2012, la empresa Monsanto Comercial solicitó un permiso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la liberación de soya modificada resistente al herbicida glifosato.

La petición fue en fase comercial para 253 mil 500 hectáreas para en estados: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. El permiso fue aprobado el 5 de junio de 2012, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a las opiniones contrarias de sus órganos técnicos.

Se refiere al entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy INECC) y las comisiones nacionales para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que desaconsejaban el otorgamiento del permiso por las afectaciones ambientales que implicaría la siembra en la península de Yucatán.

En el año 2012, apicultores y grupos apícolas de Yucatán y Campeche interpusieron diversas demandas de amparos por violaciones a sus derechos humanos, resueltos favorablemente para las comunidades en 2014.

Impugnaciones de autoridades y la misma empresa Monsanto elevaron los juicios ante la Corte, que confirmó la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo maya en la emisión del permiso a favor de la empresa, ordenando que
la consulta se llevara a cabo en los municipios donde habitan los demandantes.

Prohibición

Entonces, se prohibió la siembra de soya modificada en varios municipios de las entidades de Campeche y Yucatán, aunque la siembra ilegal se dio en el ciclo agrícola 2016 pese a las sentencias de la SCJN.

A pesar de las declaraciones de Monsanto y agricultores locales de que no sembrarían soya genéticamente modificada en 2017, el 13 de noviembre pasado las comunidades de Campeche documentaron nuevamente la presencia ilegal de soya en 23 mil hectáreas del Estado, aproximadamente, mediante denuncia presentada ante el Senasica.

El 15 de septiembre de 2017 la autoridad agrícola revocó el permiso de Monsanto para liberar soya modificada tras el hallazgo de plantas transgénicas en muestras colectadas durante 2016 en áreas no autorizadas de Campeche.

“Es preocupante que a 30 años del inicio de la bioseguridad en México, haya situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y evaluación de los organismo genéticamente modificados en el sector salud, agrícola y del ambiente”, expresó José Antonio Serratos Hernández, experto en bioseguridad.

“Monsanto no es sólo un vendedor de semillas modificadas, sino titular de un permiso con obligaciones de bioseguridad que hoy reniega de cumplir. Las fallas del sistema de bioseguridad en México deben corregirse cuanto antes”, alertó María Colín, la campañista legal de Greenpeace.

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