Nacional
TLC castiga soborno y corrupción; dan certeza a inversiones
CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE ENERO.- Delitos como el soborno, la malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional serán sancionados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de obligaciones “espejo” para México, Canadá y Estados Unidos.
Esto quedó establecido al cerrarse el capítulo de anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones del TLC.
Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), detalló que cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en materia anticorrupción.
Ahora, México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias.
Éste es un texto ligado a otros apartados como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias. Los temas que siguen pendientes son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.
Corrupción tendrá castigo en TLCAN
En la sexta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se cerró el capítulo de anticorrupción, el cual tipifica delitos como soborno, malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional, con obligaciones “espejo” para los tres países.
Este apartado plantea elementos vinculantes en materia de derecho internacional y representa un avance hacia mecanismos y mejores prácticas que cumplan con los más altos estándares jurídicos.
“Con este texto podremos alcanzar los niveles de certeza jurídica que requiere la inversión y el comercio”, dijo Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En entrevista detalló que el rubro de anticorrupción obliga a México, Canadá y Estados Unidos a tener un compromiso jurídico “espejo”; es decir, cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en la normatividad aplicable en materia de anticorrupción.
“Se establecen mecanismos de colaboración y cooperación, sistemas de denuncias y actos de corrupción, protección de denunciantes, integridad de funcionarios y gobiernos, además de responsabilidad de empresas”.
Moreno comentó que el lenguaje del capítulo es de carácter vinculante, donde se declara el compromiso de cada uno de los países para fortalecer sus sistemas legales y dar certeza a los demás miembros del TLCAN.
Dijo que México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.
El gremio patronal espera que el avance en el acuerdo comercial tenga “un efecto cascada” en el país para que se logre tener un andamiaje jurídico acorde con las prácticas internacionales a fin de hacer frente a los compromisos pactados en el acuerdo.
“Estas disposiciones al haber escalado a un tratado internacional, que esté apegado a la constitución, se convierte en una ley suprema que deberá respetarse”, señaló.
Dijo que el sector privado espera que durante la conferencia ministerial del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y la ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, confirmen el cierre del capítulo anticorrupción, el cual es el tercero que se concluye luego de seis rondas de trabajo trilaterales.
Cabe mencionar que este es un texto de carácter horizontal y transversal, pues está ligado a otros apartados de acuerdo comercial como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias.
Los temas que siguen pendientes en la negociación trilateral son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, la solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.
Fuente Excélsior
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Nacional
RansomHub expone vulnerabilidad en sistemas informáticos del Gobierno de México
Agencia.- El grupo de ransomware RansomHub añadió al Gobierno de México en su lista de víctimas, apuntando específicamente a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJEF). Según datos compartidos en su plataforma en la deep web, el grupo afirma haber encriptado y secuestrado 313 GB de información confidencial, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad y operación de esta entidad clave en la administración pública.
La advertencia fue reportada inicialmente por el especialista en ciberseguridad y analista de amenazas Miguel Becerra, quien, a través de su cuenta en X, señaló que el dominio www[.]gob[.]mx podría haber sido comprometido por los atacantes.
¿Qué datos secuestro RansomHub?
El grupo de ransomware asegura haber obtenido información altamente sensible, entre la que se incluyen:
- Contratos administrativos.
- Datos financieros.
- Información de seguros.
- Listas de funcionarios de la CJEF con nombre completo, fotografía, RFC, correo institucional y área de trabajo.
Como prueba de su ataque, el grupo publicó un contrato de lineamientos para el arrendamiento de inmuebles utilizados por la Consejería Jurídica. Esta dependencia, fundamental para la estructura administrativa del Ejecutivo Federal, es responsable de revisar y validar los instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente de la República y de elaborar los proyectos de iniciativas de ley que este presenta al Congreso de la Unión.
Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Plazo y consecuencias de una potencial filtración del Gobierno de México
El grupo de ciberdelincuentes otorgó un plazo de 10 días para que el gobierno de México pague el rescate. Aunque la cifra exigida no se ha hecho pública, RansomHub amenaza con liberar toda la información en la deep web si no se cumple con el pago.
Entre los archivos secuestrados se encuentran datos críticos que, de ser divulgados, podrían comprometer tanto la operatividad de la Consejería Jurídica como la confidencialidad de los funcionarios y las decisiones estratégicas del gobierno.
Cabe destacar que diversos especialistas como Víctor Ruiz, instructor certificado en ciberseguridad y fundador de SILIKN, recomiendan no pagar a los grupos de ransomware; sin embargo, la decisión también puede depender de las potenciales afectaciones.
“Al saber que la víctima paga, el grupo de ciberdelincuentes puede optar por vender, alquilar o intercambiar con otros grupos el acceso inicial, las credenciales o la información extraída, permitiendo que otros atacantes también se aprovechen de la situación”, alertó Ruiz en otro caso reciente de ransomware.
En referencia al ataque a la CJEF, Ruiz advirtió que los grupos cibercriminales especializados en ransomware, como RansomHub, suelen conservar la información utilizada para vulnerar los sistemas de una empresa o institución gubernamental: “Esto les permite, por un lado, ejecutar nuevos ataques contra las mismas víctimas, continuar extorsionándolas o incluso comercializar estos datos con otros grupos delictivos para amplificar el impacto del ataque”.
El especialista, en declaraciones para Publimetro México, señaló que es fundamental que el gobierno implemente medidas inmediatas y refuerce sus controles de seguridad, ya que, de no hacerlo, “corren el riesgo de que vuelvan a ser atacados y vulnerados en el transcurso de las siguiente semanas”.
¿Quién es RansomHub y cómo opera?
RansomHub es un grupo de ransomware que ha ganado notoriedad global por sus ataques bien organizados y su modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS). Fundado a inicios de 2024, tras el desmantelamiento del grupo ALPHV/BlackCat, RansomHub permite que sus afiliados (quienes utilizan su malware) ejecuten ataques y retengan el 90% de los pagos obtenidos, mientras que el grupo central recibe el 10%. Este modelo ha atraído a numerosos ciberdelincuentes y ha ampliado su impacto global.
El grupo opera bajo un conjunto de reglas que limitan sus objetivos. Por ejemplo, prohíben atacar hospitales sin fines de lucro y organizaciones en países como Cuba, Corea del Norte, y China. Sin embargo, se enfocan en instituciones y empresas con alta capacidad de pago, priorizando objetivos que manejan información sensible, como el sector gubernamental y corporativo.
Una de sus estrategias es liberar pequeñas muestras de datos robados para presionar a las víctimas a pagar. Si el rescate no se realiza, los datos completos son liberados en la deep web, exponiendo información confidencial que puede ser utilizada por otros actores malintencionados.
Entre las víctimas de RansomHub en México están OMA, UNAM y Mabe, con datos sensibles comprometidos en la dark web.
Víctimas mexicanas de RansomHub
México ha sido un blanco recurrente de este grupo. Entre sus víctimas más destacadas se encuentran:
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA): RansomHub liberó 2.2 terabytes de información, incluyendo auditorías, contratos y datos de seguridad de 13 aeropuertos mexicanos.
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): En mayo de 2024, atacaron a la universidad, comprometiendo datos de más de 37,000 usuarios y empleados.
- Mabe: La empresa mexicana de electrodomésticos también fue blanco del grupo, con amenazas de liberar datos bancarios y personales de miles de clientes
La creciente amenaza del ransomware en México
Este nuevo ataque al Gobierno de México subraya la creciente amenaza que representa el ransomware para las instituciones públicas y privadas en el país. Con datos estratégicos comprometidos y el riesgo de divulgación masiva en caso de incumplimiento, la presión sobre la CJEF es enorme. Este incidente también refuerza la necesidad de invertir en ciberseguridad y establecer protocolos robustos para prevenir y mitigar ataques cibernéticos que comprometen no solo a las organizaciones, sino a la confidencialidad y seguridad nacional
Fuente: Publimetro
Nacional
Anuncian recorte presupuestal en seguridad, salud y cultura
CDMX.- De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó este viernes a la Cámara de Diputados, 16 de las 19 secretarías gubernamentales registran recortes presupuestales para el próximo año con respecto a los recursos que ejercieron durante el 2024.
Las más castigadas son las secretarías de la Defensa Nacional, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, Medio Ambiente, Energía y Cultura.
Para el siguiente año, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa pasa de e 270 mil 465 millones a 151 mil 995 millones de pesos, con una disminución de 118 mil 470 millones, equivalentes a menos 43.8 por ciento. Mientras, los recursos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pasan de 110 mil 339 millones a 70 mil 422 millones, una reducción de 39 mil916 millones, lo que representa 36.2 por ciento menos; mientras para Medio Ambiente el recorte es de 39.4 por ciento al pasar su presupuesto de 73 mil 232 millones a 44 mil 370 millones.
¿De cuánto será el recorte para la Ssa?
Para la Secretaría de Salud el recorte que se le aplica es de 34 mil 420 millones, al pasar su presupuesto de 101 mil 114 millones a 66 mil 693 millones de pesos, mientras el gasto de la Secretaría de Cultura sufre una reducción de 17 mil 467 millones a 12 mil 081 millones, con una disminución de 5 mil 385 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con la Secretaría de Energía que para el siguiente año se le asigna un monto presupuestal por 138 mil 307 millones de pesos; es decir, 36 mil 561 millones menos cuando este año tuvo 174 mil 868 millones de pesos.
En contraste, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá un incremento de aumento de 51 mil 467 millones de pesos, al pasar de 89 mil 331 millones a 140 mil 799 millones. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también tiene un de 183.3 por ciento; actualmente ejerce 13 mil 427 millones pero para el siguiente año su gasto crece a 38 mil 048 millones. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Bienestar que, de acuerdo con el PEF, su presupuesto pasará de 567 mil 061 millones a 579 mil 883 millones de pesos.
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