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TLC castiga soborno y corrupción; dan certeza a inversiones

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CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE ENERO.- Delitos como el soborno, la malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional serán sancionados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de obligaciones “espejo” para México, Canadá y Estados Unidos.

Esto quedó establecido al cerrarse el capítulo de anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones del TLC.

Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), detalló que cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en materia anticorrupción.

Ahora, México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias.

Éste es un texto ligado a otros apartados como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias. Los temas que siguen pendientes son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.

 

Corrupción tendrá castigo en TLCAN

En la sexta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se cerró el capítulo de anticorrupción, el cual tipifica delitos como  soborno,  malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional, con obligaciones “espejo” para los tres países.

Este apartado plantea elementos vinculantes en materia de derecho internacional y representa un avance hacia mecanismos y mejores prácticas que cumplan con los más altos estándares jurídicos.

“Con este texto podremos alcanzar los niveles de certeza jurídica que requiere la inversión y el comercio”, dijo Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En entrevista detalló que el rubro de anticorrupción obliga a México, Canadá y Estados Unidos a tener un compromiso jurídico “espejo”; es decir, cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en la normatividad aplicable en materia de anticorrupción.

“Se establecen mecanismos de colaboración y cooperación, sistemas de denuncias y actos de corrupción, protección de denunciantes, integridad de funcionarios y gobiernos, además de responsabilidad de empresas”.

Moreno comentó que el lenguaje del capítulo es de carácter vinculante, donde se declara el compromiso de cada uno de los países para fortalecer sus sistemas legales y dar certeza a los demás miembros del TLCAN.

Dijo que México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.

El gremio patronal espera que el avance en el acuerdo comercial tenga “un efecto cascada” en el país para que se logre tener un andamiaje jurídico acorde con las prácticas internacionales a fin de hacer frente a los compromisos pactados en el acuerdo.

“Estas disposiciones al haber escalado a un tratado internacional, que esté apegado a la constitución, se convierte en una ley suprema que deberá respetarse”, señaló.

Dijo que el sector privado espera que durante la conferencia ministerial del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y la ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, confirmen el cierre del capítulo anticorrupción, el cual es el tercero que se concluye luego de seis rondas de trabajo trilaterales.

Cabe mencionar que este es un texto de carácter horizontal y transversal, pues está ligado a otros apartados de acuerdo comercial como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias.

Los temas que siguen pendientes en la negociación trilateral son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, la solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.

Fuente Excélsior

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LA VIVIENDA COMO DERECHO Y MOTOR ECONÓMICO: COPARMEX CDMX Y GOBIERNO CAPITALINO UNEN FUERZAS

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Ciudad de México, 16 de octubre de 2025.— En el marco del foro “Mi Vivienda COPARMEX 2025”, líderes empresariales y autoridades capitalinas coincidieron en que el acceso a una vivienda digna debe ser un derecho alcanzable y un eje estratégico para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México.

Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Comisión de Vivienda de COPARMEX CDMX, hizo un llamado a consolidar alianzas entre gobierno, iniciativa privada e instituciones financieras para garantizar vivienda asequible, bien localizada y sustentable. “La vivienda es el punto de partida de la seguridad familiar, la productividad laboral y la cohesión social”, afirmó.

Por su parte, Inti Muñoz, Secretario de Vivienda del Gobierno capitalino, subrayó que “la vivienda es el principio de todos los derechos” y debe colocarse en el centro de la agenda urbana. Alertó sobre los efectos negativos de la gentrificación y la falta de vivienda cercana a los centros de trabajo, lo que obliga a miles de trabajadores a invertir hasta seis horas diarias en transporte.

El evento, realizado en el World Trade Center, reunió a más de 200 representantes del sector inmobiliario, financiero y gubernamental. Se destacó el déficit de 700 mil viviendas en la capital y la urgencia de soluciones habitacionales que impulsen la competitividad y el bienestar social.

COPARMEX CDMX reafirmó su compromiso con una visión empresarial centrada en las personas, donde la vivienda digna es clave para construir una ciudad más equitativa y habitable.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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REFORMA A LA LEY DE AMPARO: AVANCE HISTÓRICO EN LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre de 2025.— Con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca consolidar el juicio de amparo como herramienta clave para la defensa efectiva de los derechos humanos y el control constitucional.

Las reformas establecen que el interés legítimo deberá implicar una afectación jurídica real, actual y diferenciada, y que la presentación de promociones podrá realizarse por escrito o de forma electrónica, sin que se condicione el acceso al procedimiento por el medio elegido. Además, todas las autoridades involucradas deberán generar un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

Se incorpora una nueva causal para el juicio de amparo indirecto en casos de ejecución fiscal, y se precisan plazos y condiciones para la presentación de pruebas. El fallo deberá emitirse en un máximo de 60 días naturales tras la audiencia constitucional.

La reforma también limita la suspensión de normas generales con efectos generales y exime de responsabilidad penal a autoridades que acrediten imposibilidad jurídica o material para cumplir con la suspensión.

La discusión en lo particular continúa, con reservas presentadas a más de 40 artículos y transitorios.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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