CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ENERO.- Están de moda. Casos como la Estafa Maestra, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo lo ratifican, pero ¿qué son las empresas fantasma?.
Han operado en México durante décadas. En 1980, el mecanismo se utilizaba para evadir impuestos. Otros abogados y contadores dan cuenta de ellas desde los años 60 del siglo pasado.

Con frecuencia, el lenguaje periodístico confunde a los lectores. Esto se debe a que, en la realidad, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma.

Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias.

Tampoco sus facturas son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No generan empleos ni riqueza; su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción.

Entonces, ¿por qué se dice que las empresas son fantasma y que sus facturas son falsas? La respuesta es sencilla: en los tiempos anteriores a que el SAT implementara sus sistemas informáticos –cuando las facturas eran de papel–, una práctica usual era que los nombres de las empresas y sus respectivos RFC fueran inventados, no existían para efectos legales ni fiscales. En consecuencia, las facturas eran apócrifas, sólo papel.

En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios.

Sus operaciones son inexistentes, por lo que los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma.

Complicidad

En sus primeros tiempos, la finalidad de las empresas fantasma era evadir impuestos. Estas expiden CFDI que amparan operaciones falsas para simular la venta de bienes o la prestación de servicios.

Los comprobantes son “comprados” por otros contribuyentes, quienes los utilizan para efectuar deducciones en el ISR y acreditamientos en el IVA. En su conjunto, la simulación da la apariencia de legalidad a actos de suyo delictivos.

Al paso de los años, ese actuar se infiltró en las dependencias públicas. El negocio no se limitó a la evasión de impuestos. Con un mecanismo similar, incluso más simple, el falseamiento y la simulación de operaciones se enfocaron al desvío de recursos públicos.

La Federación, los estados y los municipios pagan a las empresas fantasma los CFDI que estas les entregan. Se trata de una maquinación perfecta, que sólo requiere de la complicidad de las empresas con los funcionarios en turno.

En teoría, las empresas fantasma tendrían que pagar el ISR e IVA causados con motivo de los pagos recibidos. No lo hacen. De manera descarada deciden no pagar y, al mismo tiempo o poco después, desaparecen.

Otra posibilidad es que los recursos se dispersen en una cadena de aliados o en otras empresas fantasma, las cuales a su vez también se esfuman. Todo esto, en su conjunto, obstaculiza la fiscalización y la identificación de las rutas del dinero.

Terreno ‘fértil’

Las entidades federativas son campo propicio de actuación de las empresas fantasma. Esto obedece, en primer término, a que más del 90% de los recursos que manejan proviene de transferencias federales, las cuales representan cantidades descomunales y apetitosas.

En 2014, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) entregado a los 32 estados, fue equivalente al total del IVA recaudado por el SAT en el mismo año.

Una segunda razón es que los sistemas contables y de fiscalización en las entidades federativas son precarios, lo que no sólo facilita la simulación de contratos de obras y servicios, sino que propicia la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las finanzas públicas.

Además, el control político de los gobernadores es férreo, lo que complica las indagatorias locales y las acciones judiciales en contra de los responsables. Lo que llama la atención, sin embargo, es la actitud pasiva de la Federación en esta materia.

Una tercera circunstancia que prohíja el desvío de recursos públicos en los estados, es que, sin justificación alguna, gran parte de los contratos de obras y servicios se asignan en forma directa; es decir, sin licitación pública, lo cual viola la Constitución federal. Sobra decir que en esas contrataciones se privilegia a las empresas fantasma.

Creadas para el saqueo

Tres ejemplos de empresas constituidas en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz para adjudicar contratos de manera directa y desviar recursos de tres administraciones priistas entre 2010 y 2016.

Chihuahua
Samex

» En agosto de 2015, fue creada Servicios y Asesorías, Samex, S. C. En febrero de 2016, recibió un contrato por 55 millones de pesos por adjudicación directa para proporcionar “talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria”.

» La información de la empresa y de la adjudicación fue reconocida por el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, quien entregó cuatro contratos cuyos recursos fueron desviados posteriormente al PRI.

» Samex y otras tres empresas fueron creadas en el mismo mes, en agosto de 2015, y las cuatro tenían el mismo domicilio fiscal.

» El exgobernador priista César Duarte (2010-2016) es investigado por esta transferencia de recursos al tricolor.

Quintana Roo
Construcciones y Desarrollos Padrin

» La empresa fue creada en 2010; para 2011, luego de que Roberto Borge tomó protesta en abril, comenzó a recibir los primeros contratos. En sus dos primeros años de operación, recibió 17 contratos por 92 millones 142 mil pesos.

» Uno de los beneficiarios de la empresa es Francisco Ruiz Anitúa, compadre de Roberto Borge. Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el domicilio de la empresa es Cerrada Los Almendros MZA 14, Lote 13 y cuenta con menos de 10 empleados.

» Según imágenes satelitales, la dirección corresponde a una casa de dos pisos en una zona habitacional.

» En febrero de 2017, el empresario Carlos Mimenza denunció a Borge ante la PGR por el delito de desvío de recursos, a través de por lo menos 26 empresas.

Sonora
Proconnor

» Creada desde 2006, la empresa Proconnor, S.A. de C.V. fue utilizada en el sexenio del panista Guillermo Padrés (2009-2015) para desviar recursos del Gobierno de Sonora y transferirlos al extranjero.

» Además de inscribirla ante el SAT, Proconnor fue registrada ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El domicilio fiscal de la empresa es Manuel González 40, en Hermosillo, Sonora. La dirección corresponde a una vivienda de una planta en una colonia popular de la capital del estado.

» Proconnor fue beneficiada con 23.1 millones de pesos en el Gobierno de Padrés, de los cuales 3.1 millones fueron asignados en contratos de obra pública y 19.9 millones en condonaciones fiscales por adeudos federales.

» El 12 de septiembre de 2016, el SAT incluyó a Proconnor en la lista de empresas sospechosas de operaciones inexistentes.

Veracruz
Carrirey

» La empresa fue constituida el 20 de julio de 2012 como una comercializadora. En marzo de 2013, la firma obtuvo un contrato de la Secretaría de Educación de Veracruz por 19 millones de pesos. Según el acta constitutiva, la empresa fue dada de alta para dedicarse a 17 rubros diferentes; es propiedad de Virginia Quiroz Cárdenas.

» El domicilio fiscal es Michoacán, número 410, colonia Villa de Guadalupe, en el Puerto de Veracruz.

» En imágenes de 2014, se muestra que la entrada a la propiedad es una reja en un callejón que luce abandonado en el que se aprecia un letrero que anuncia cuartos en renta.

» Como esta, otras 21 empresas fueron constituidas con domicilios fiscales en colonias de la misma zona de Veracruz; en total, este grupo de firmas recibió contratos por 645 millones de pesos durante la Administración de Javier Duarte.