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Empresas “fantasma”, el arma secreta de Borge

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CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ENERO.- Están de moda. Casos como la Estafa Maestra, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo lo ratifican, pero ¿qué son las empresas fantasma?.
Han operado en México durante décadas. En 1980, el mecanismo se utilizaba para evadir impuestos. Otros abogados y contadores dan cuenta de ellas desde los años 60 del siglo pasado.

Con frecuencia, el lenguaje periodístico confunde a los lectores. Esto se debe a que, en la realidad, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma.

Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias.

Tampoco sus facturas son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No generan empleos ni riqueza; su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción.

Entonces, ¿por qué se dice que las empresas son fantasma y que sus facturas son falsas? La respuesta es sencilla: en los tiempos anteriores a que el SAT implementara sus sistemas informáticos –cuando las facturas eran de papel–, una práctica usual era que los nombres de las empresas y sus respectivos RFC fueran inventados, no existían para efectos legales ni fiscales. En consecuencia, las facturas eran apócrifas, sólo papel.

En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios.

Sus operaciones son inexistentes, por lo que los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma.

Complicidad

En sus primeros tiempos, la finalidad de las empresas fantasma era evadir impuestos. Estas expiden CFDI que amparan operaciones falsas para simular la venta de bienes o la prestación de servicios.

Los comprobantes son “comprados” por otros contribuyentes, quienes los utilizan para efectuar deducciones en el ISR y acreditamientos en el IVA. En su conjunto, la simulación da la apariencia de legalidad a actos de suyo delictivos.

Al paso de los años, ese actuar se infiltró en las dependencias públicas. El negocio no se limitó a la evasión de impuestos. Con un mecanismo similar, incluso más simple, el falseamiento y la simulación de operaciones se enfocaron al desvío de recursos públicos.

La Federación, los estados y los municipios pagan a las empresas fantasma los CFDI que estas les entregan. Se trata de una maquinación perfecta, que sólo requiere de la complicidad de las empresas con los funcionarios en turno.

En teoría, las empresas fantasma tendrían que pagar el ISR e IVA causados con motivo de los pagos recibidos. No lo hacen. De manera descarada deciden no pagar y, al mismo tiempo o poco después, desaparecen.

Otra posibilidad es que los recursos se dispersen en una cadena de aliados o en otras empresas fantasma, las cuales a su vez también se esfuman. Todo esto, en su conjunto, obstaculiza la fiscalización y la identificación de las rutas del dinero.

Terreno ‘fértil’

Las entidades federativas son campo propicio de actuación de las empresas fantasma. Esto obedece, en primer término, a que más del 90% de los recursos que manejan proviene de transferencias federales, las cuales representan cantidades descomunales y apetitosas.

En 2014, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) entregado a los 32 estados, fue equivalente al total del IVA recaudado por el SAT en el mismo año.

Una segunda razón es que los sistemas contables y de fiscalización en las entidades federativas son precarios, lo que no sólo facilita la simulación de contratos de obras y servicios, sino que propicia la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las finanzas públicas.

Además, el control político de los gobernadores es férreo, lo que complica las indagatorias locales y las acciones judiciales en contra de los responsables. Lo que llama la atención, sin embargo, es la actitud pasiva de la Federación en esta materia.

Una tercera circunstancia que prohíja el desvío de recursos públicos en los estados, es que, sin justificación alguna, gran parte de los contratos de obras y servicios se asignan en forma directa; es decir, sin licitación pública, lo cual viola la Constitución federal. Sobra decir que en esas contrataciones se privilegia a las empresas fantasma.

Creadas para el saqueo

Tres ejemplos de empresas constituidas en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz para adjudicar contratos de manera directa y desviar recursos de tres administraciones priistas entre 2010 y 2016.

Chihuahua
Samex

» En agosto de 2015, fue creada Servicios y Asesorías, Samex, S. C. En febrero de 2016, recibió un contrato por 55 millones de pesos por adjudicación directa para proporcionar “talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria”.

» La información de la empresa y de la adjudicación fue reconocida por el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, quien entregó cuatro contratos cuyos recursos fueron desviados posteriormente al PRI.

» Samex y otras tres empresas fueron creadas en el mismo mes, en agosto de 2015, y las cuatro tenían el mismo domicilio fiscal.

» El exgobernador priista César Duarte (2010-2016) es investigado por esta transferencia de recursos al tricolor.

Quintana Roo
Construcciones y Desarrollos Padrin

» La empresa fue creada en 2010; para 2011, luego de que Roberto Borge tomó protesta en abril, comenzó a recibir los primeros contratos. En sus dos primeros años de operación, recibió 17 contratos por 92 millones 142 mil pesos.

» Uno de los beneficiarios de la empresa es Francisco Ruiz Anitúa, compadre de Roberto Borge. Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el domicilio de la empresa es Cerrada Los Almendros MZA 14, Lote 13 y cuenta con menos de 10 empleados.

» Según imágenes satelitales, la dirección corresponde a una casa de dos pisos en una zona habitacional.

» En febrero de 2017, el empresario Carlos Mimenza denunció a Borge ante la PGR por el delito de desvío de recursos, a través de por lo menos 26 empresas.

Sonora
Proconnor

» Creada desde 2006, la empresa Proconnor, S.A. de C.V. fue utilizada en el sexenio del panista Guillermo Padrés (2009-2015) para desviar recursos del Gobierno de Sonora y transferirlos al extranjero.

» Además de inscribirla ante el SAT, Proconnor fue registrada ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El domicilio fiscal de la empresa es Manuel González 40, en Hermosillo, Sonora. La dirección corresponde a una vivienda de una planta en una colonia popular de la capital del estado.

» Proconnor fue beneficiada con 23.1 millones de pesos en el Gobierno de Padrés, de los cuales 3.1 millones fueron asignados en contratos de obra pública y 19.9 millones en condonaciones fiscales por adeudos federales.

» El 12 de septiembre de 2016, el SAT incluyó a Proconnor en la lista de empresas sospechosas de operaciones inexistentes.

Veracruz
Carrirey

» La empresa fue constituida el 20 de julio de 2012 como una comercializadora. En marzo de 2013, la firma obtuvo un contrato de la Secretaría de Educación de Veracruz por 19 millones de pesos. Según el acta constitutiva, la empresa fue dada de alta para dedicarse a 17 rubros diferentes; es propiedad de Virginia Quiroz Cárdenas.

» El domicilio fiscal es Michoacán, número 410, colonia Villa de Guadalupe, en el Puerto de Veracruz.

» En imágenes de 2014, se muestra que la entrada a la propiedad es una reja en un callejón que luce abandonado en el que se aprecia un letrero que anuncia cuartos en renta.

» Como esta, otras 21 empresas fueron constituidas con domicilios fiscales en colonias de la misma zona de Veracruz; en total, este grupo de firmas recibió contratos por 645 millones de pesos durante la Administración de Javier Duarte.

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La Comisión de Puntos Constitucionales define fechas para discutir y votar los proyectos de dictamen sobre iniciativas del Ejecutivo

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CDMX.- La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el acuerdo sobre las reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, y por integrantes de la LXV Legislatura.

El acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y tres abstenciones, argumenta que ante la importancia que representa para la vida social, política, económica y jurídica las iniciativas de modificación constitucional, se acordó hacer un plan de trabajo.

Refiere que el 1 de agosto iniciará la discusión y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de dictamen sobre los siguientes artículos constitucionales:  

Artículo 123 en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores. Artículos 4° y 27 relativos a agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar. Artículos 4° y 5° sobre protección a la salud y artículos 3°, 4° y 73 respecto a protección y cuidado animal.

Para el 2 de agosto se prevé discutir y, en su caso, aprobar dos proyectos de dictamen: el que modifica el artículo 28 en materia de vías y transporte ferroviario, y el que reforma diversos artículos de la Carta Magna sobre austeridad y percepciones de servidores públicos.

El 9 de agosto, el proyecto de dictamen que modifica el artículo 2° en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.

Mientras que el 13 de agosto, el proyecto de dictamen que reforma el artículo 19 en materia prisión preventiva oficiosa. El 14, el de las modificaciones a diversos artículos de la Carta Magna sobre áreas y empresas estratégicas. 

El 15 de agosto se contempla el traslado del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia justicia, y la calendarización de las iniciativas relativas a la simplificación administrativa, electoral y de la Guardia Nacional.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Robledo Ruiz explicó que a partir del 1 de agosto y hasta el 23 de agosto se podrán discutir 14 iniciativas, y el 15 de agosto, después de recopilar las conclusiones de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, se logrará presentar un proyecto de dictamen, a fin de que el 22 de agosto se pueda discutir.

Detalló que en el proceso de debate de los dictámenes las y los integrantes de la Comisión emitirán su opinión en lo general y lo particular, mientras que las reservas se anexarán al dictamen y se pasarán a la Mesa Directiva para que continúe su proceso legal y constitucional. Agregó que de lo contrario las y los legisladores de la próxima Legislatura no tendrán la facultad de pronunciarse a favor o en contra.

Anunció que una vez concluida la reunión de este día se difundirán los proyectos de dictamen próximos a discutir, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresó que el acuerdo tiene falta de claridad en la calendarización para la discusión de estos temas, pues no se sabe qué día se va a discutir qué tema, “lo que es falta de transparencia y pareciera que se quiere hacer un albazo”. No hay conclusiones sobre diversos temas como la reforma al Poder Judicial, simplificación administrativa y desaparición de órganos, y existe una mordaza para no presentar reservas en la Comisión, dijo.

A su vez, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) consideró que lo que se va a discutir, tanto el proyecto de acuerdo como los proyectos de dictamen, atienden las fuentes de legitimidad en cuanto a validez, justicia y eficacia; hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica, la reglamentación de la Cámara y las costumbres parlamentarias.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que el acuerdo no cumple en el fondo ni en la forma con el Reglamento de la Cámara y que, si bien hay temas que se ven con simpatía y se votarán a favor en el Pleno, como el salario mínimo, pueblos indígenas y afrodescendientes, protección animal, agua y medio ambientes, “vamos a votar en contra porque el PRI se opone a la llamada reforma judicial, que es un ataque a los principios que rigen la democracia”.

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no hay ningún intento de albazo porque en febrero se presentaron las iniciativas constitucionales. Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal. “No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”.

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) consideró que lo presentado es totalmente violatorio de los derechos de las y los legisladores en lo que respecta a presentación de reservas, lo cual está establecido en el Reglamento de la Cámara Diputados. Además, resaltó que discutir 18 iniciativas de relevancia, por tener un impacto en la Constitución Política, es un despropósito y un atropello al respeto de la soberanía.

La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, propuso que el 9 de agosto se vote la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2°, toda vez que ese día se conmemora a los pueblos indígenas. Agregó que esta adecuación normativa es trascendental, pues el Estado mexicano saldará la deuda histórica que tiene con esa población.

Al respecto, el presidente de la Comisión propuso votar las iniciativas del Presidente y de las y los legisladoras en materia de indigenismo el 9 de agosto. Explicó que estas modificaciones son toda una Constitución indígena para los pueblos originarios y afromexicanos, al poner en orden muchos conceptos.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) celebró la calendarización de los trabajos de la Comisión de puntos Constitucionales, ya que otorga orden a la discusión. Asimismo, solicitó permitir la presentación de reservas, pues es fundamental que queden registradas, toda vez que habrá cambio de Legislatura.

Iran Santiago Manuel, diputado de Morena, mencionó que estas reformas van a sentar las bases para continuar con la cuarta transformación y no hay ningún albazo legislativo dado que desde hace meses se viene discutiendo el tema. Agregó que ha sido práctica parlamentaria el que las reservas se vayan al Pleno. “Nosotros, como cuarta transformación, no estamos poniendo en peligro a la República, sino se está recuperando. Las reformas se van a aprobar”.

Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia García Anaya aplaudió que se esté buscando incluir el tema de las reservas en el proyecto de acuerdo; sin embargo, dijo, “la oposición lo votará en contra pese a que sea en beneficio de las y los ciudadanos. El pueblo de México está pendiente de lo que sucede y pasa en esta Cámara”.

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Repite Zoé Robledo para el IMSS en el gabinete de Claudia Sheinbaum

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CDMX.- La virtual Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó desde su casa de transición a un integrante más de su gabinete ampliado. En esta ocasión refrendó en su puesto a Zoé Robledo, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, informó que Carlos Augusto Morales López, será su secretario particular.

El primer nombramiento de su gabinete ampliado fue Lázaro Cárdenas Batel, que será el jefe de Oficina de la Presidencia durante su mandato.

Aún faltan otros nombramientos relevantes como la dirección general de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), estas últimas serán nombrados en septiembre, según adelantó la próxima presidenta de México.

¿Quién es Zoé Robledo?
Es politólogo por el ITAM y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado Liderando el Crecimiento Económico de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University.

El 22 de mayo de 2019, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Director General del IMSS y actualmente es el encargado del programa de transformación del sistema de salud nacional IMSS-Bienestar, en el que es presidente de su junta de gobierno.

En julio de 2018 fue electo Diputado Federal por el Distrito VI del estado de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Solicitó licencia en noviembre de 2018 para ocupar la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del primero de diciembre de ese año a mayo de 2019.

Fue vicecoordinador parlamentario de Morena-PT.
De 2012 a 2015 presidió la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y posteriormente presidió la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía; también fue secretario de Estudios Legislativos, Primera; de Puntos Constitucionales; del Comité de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.

Representó al Senado de la República en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y fue presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes de Parlamentos Centroamericanos (FOPREL). Asimismo, ocupó la segunda posición en el ranking de mejores senadores de México realizada por la plataforma Atlas Político en el 2015.

En 2014, fue el primer político mexicano en presentar su #3de3, iniciativa para que funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.
El 1 de julio de 2012 fue electo Senador de la República representando al estado de Chiapas.

¿Por qué se queda alfrente del IMSS?
La decisión de que Robledo Aburto continúe al frente del IMSS responde a varios motivos. Según Sheinbaum Pardo, ha desempeñado una gran función en su cargo y es vital para consolidar el IMSS-Bienestar. Este programa busca la federalización de la salud en los estados que han optado por este modelo, un proceso que Sheinbaum considera esencial no interrumpir.

“Tuvimos una reunión este lunes con el doctor (David) Kershenobich, que es el futuro secretario de Salud, y con Zoé y algunos otros compañeros y compañeras y ya estamos trabajando la consolidación del IMSS-Bienestar, el equipamiento de los centros de salud, un modelo también todavía de mayor cercanía con la ciudadanía para la atención a la salud del IMSS Bienestar, el programa de adultos mayores, de salud para los adultos mayores, donde va también a colaborar el Imss y el imss bienestar”, detalló.

Por otro lado, detalló que en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión de planificación integral para delinear las acciones a implementar en los primeros 100 días de gobierno y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

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