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La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge

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En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE ENERO.- Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.

Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y el de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvío más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).

La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.

La madre de Borge, María Rosa Angulo Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla de Cozumel por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.

Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.

La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal. Fuente Proceso

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  1. Adriana

    8 enero, 2018 at 10:33 AM

    Nuestras instituciones son una verguenza, han perdido todo principio basico de moralidad, etica y sentido común. Solo falta que hasta una disculpa pública le den y quede libre. Pero no lo dudaria ni tantito que eso es altamente posible. Solo siguen quedando como idiotas e incompetentes nuestras autoridades . Y así quieren el respeto del pueblo no sean sin vergüenzas muestren un poco de dignidad.

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Confirma Tribunal suspensión provisional a Tren Maya

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Ciudad de México.- Un tribunal federal de Mérida confirmó la suspensión provisional que impide la obra del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, porque no existe Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).


Por unanimidad, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó este jueves por la tarde la suspensión dictada el 12 de abril por el juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo.

La magistrada Raquel Flores, y las secretarias en funciones de magistradas, María Isabel Cetina y Mayra Greene Negroe, declararon infundados dos recursos de queja del Gobierno para impugnar la suspensión provisional.

Greene detalló que, si bien existe una “autorización provisional” para el nuevo trazo del Tramo Cinco Sur, ésta no puede ser vista como equivalente de la MIA.

Agregó que las propias autoridades reconocieron, en sus recursos, que la MIA aprobada para este tramo aún no existe.

La “autorización provisional” para la obra fue otorgada con base en un decreto presidencial de noviembre pasado, que ordenó a las dependencias exentar de tramites a las obras prioritarias del actual Gobierno.

La suspensión provisional confirmada es “para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

El juez Novelo tiene agendada para hoy la audiencia incidental del amparo 884/2022, en la que decidirá si convierte la suspensión provisional en definitiva, misma que estaría vigente durante todo el tramite del juicio de amparo, o hasta que el Gobierno presente una MIA que cumpla los requisitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Novelo ha otorgado al menos otras dos suspensiones provisionales contra el Tramo Cinco Sur, en los amparos 820/2022 y 821/2022 y, según un grupo ambientalista, el pasado 29 de abril concedió una más que también abarcaría el Tramo Cinco Norte, de Cancún a Playa del Carmen.

El contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el Tramo Cinco Sur fue adjudicado hace un año al consorcio Grupo México y Acciona, pero el Gobierno cambió el trazo original, que corría paralelo a la carretera 307, y lo movió hacia la selva, lo que ha provocado las protestas y amparos.

La violación a las suspensiones daría lugar a responsabilidad penal de los funcionarios responsables, pues es un delito previsto en la Ley de Amparo.

Tanto el juez Novelo, como el Tribunal colegiado, son los encargados de resolver todos los amparos contra el Tren Maya, sin importar en que estado se ejecuten las obras.

Fuente Mural

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