El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue extraditado desde Panamá, a México.

De acuerdo con un comunicado de la nación centroamericana:

“El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, culminó la extradición del ciudadano mexicano Roberto Borge Angulo, a los Estados Unidos Mexicanos, tras la firma de la resolución ejecutiva número 5 del 14 de diciembre de 2017, que concede su entrega, con fundamento en el tratado bilateral vigente entre Panamá y México y los Códigos de Justicia Penal y Procesal Penal.

La Cancillería Panameña, junto a personal de la Policía Nacional, coordinó el traslado del ciudadano mexicano Roberto Borge hacia el hangar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en el aeropuerto de Tocumen. Previo a su salida de la sede de la Policía Nacional se realizaron dos evaluaciones médicas, a cargo de un médico del Ministerio de Salud. A la par, el gobierno mexicano realizó una evaluación adicional para garantizar que la salud de Borges se mantenga estable desde su salida de Panamá hasta la llegada a México.

Tras la firma del acto de entrega, el exgobernador quedó a disposición de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Procuraduría General de ese país para su traslado. De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores culmina con el proceso de extradición iniciado el pasado 4 de junio de 2017, cuando el gobierno mexicano solicitó a la República de Panamá, por la vía diplomática, la detención preventiva con fines de extradición de Borge Angulo.

Según la solicitud, Borge es requerido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes, delitos de aprovechamiento ilícito del poder, delitos de desempeño irregular de la función pública y delitos de peculado.”

Hace siete meses, el exfuncionario fue detenido en el aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá, cuando pretendía abordar un vuelo rumbo a París, Francia.

Luego de ampararse múltiples veces, intentando evadir la extradición, la Cancillería de Panamá completó el proceso para entregar a Roberto Borge Angulo a las autoridades mexicanas.

El exfuncionario enfrenta, por lo pronto, cuatro acusaciones: una del fuero federal y tres del fuero común.

La salida del exgobernador ocurrió en las inmediaciones del hangar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, adyacente al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por estrictas medidas de seguridad, la Cancillería recalcó sólo dio acceso a la prensa gráfica debidamente acreditada.

Roberto Borge será enjuiciado por peculado, pero no se descartan más acusaciones.

Borge, quien desde el 31 de mayo de 2017 tenía una orden de aprehensión emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido el 4 de junio en el Aeropuerto de Tocumen cuando se disponía a tomar un vuelo a París, Francia.

Fu ubicado desde el 25 de mayo; se hospedaba en un departamento de la Torre Trump en la capital panameña.

El 18 de septiembre, la Cancillería panameña dio luz verde a la extradición del exmandatario, y el 15 de diciembre el gobierno firmó una resolución para que se diera el traslado a México, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó tres hábeas corpus y un incidente de objeciones presentados por la defensa del político mexicano para evitar su reclamo.

Según la PGR el exgobernador quintanarroense está implicado en la venta de terrenos, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

La Fiscalía General de Quintana Roo confirmó que procesará y enjuiciará al exgobernador Roberto Borge por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, cometidos en agravio de la administración pública del estado.

El quebranto patrimonial por esos tres delitos del fuero común asciende a 3 mil millones 104 mil 823 pesos, puntualizó.

En un comunicado, la Fiscalía destacó que el enjuiciamiento no implica que quede restringido el derecho de la representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al exfuncionario, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre de 2004.