Chetumal.- Por atentar contra el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que un juzgado federal otorgó suspensión definitiva para frenar la tala en zonas fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde se construye el Tren Maya.

El juicio de amparo fue promovido en julio de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil.

La decisión obliga a que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los siguientes tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dice un comunicado emitido por Cemda.

El juzgado consideró que el “Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea” no suple los permisos ambientales “que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.

La suspensión se otorgó al considerar que la tala y desmonte sin autorizaciones de cambio de uso, “pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable”, dice el comunicado de Cemda.

El juzgado admitió la demanda, al considerar que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.

Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el litigio hicieron un llamado al Poder Judicial a ejecutar la suspensión definitiva, “pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales”.

“Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas.”

Chetumal (Sol Paz Paredes/5toPoder). – La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Flor Ruiz Cosío, en entrevista dio a conocer que debido a que la ley les permite a las empresas pagar las utilidades a sus trabajadores hasta el 31 de mayo, la dependencia a su cargo no puede actuar contra las incumplidas hasta pasada esa fecha.

De ahí que confirmara que, a partir del 1 de junio, se llevarán a cabo operativos para verificar el cumplimiento de las empresas con respecto al pago de utilidades, informó Ruiz Cosío, tras adelantar que al menos en 800 empresas se aplicará una revisión exhaustiva para verificar el cumplimiento de esta obligación, la cual se debe repartir de manera proporcional de acuerdo con la Ley del Trabajo.

Precisó que el año pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social logró recuperar a favor de los trabajadores un monto de 213 millones de pesos 273 mil pesos en cuanto al pago de utilidades y se prevé que en presente 2023 esta cantidad sea mayor debido a que existe ya una recuperación económica tras la pandemia.

Para ello, dijo, tiene previsto ampliar el número de verificadores con 9 personas más pasando de 3 a un total de 12 y, en el caso de encontrarse irregularidades, se pueden aplicar multas de hasta 500 mil pesos.

Reiteró que el plazo marcado por ley para que los patrones paguen las utilidades es el próximo 31 de mayo, por lo cual hizo el llamado a los trabajadores -quienes son libres de manifestarse-, a no afectar su fuente de trabajo ya que el patrón podría rescindirles su contrato dado que hasta antes de esta fecha está el empresario dentro de los plazos de ley.