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‘No tenemos miedo’, gritan nicaragüenses en Masaya

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NICARAGUA, 29 DE JUNIO.- Pobladores de la combativa ciudad nicaragüense de Masaya salieron a las calles para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y justicia por los más de 220 muertos en las protestas que sacuden al país desde hace más de dos meses.

 

“¡No tenemos miedo!”, “¡Que se vaya!”, “¡Asesino!”, “¡Elecciones ya!”, gritaron los lugareños mientras recorrían las angostas calles de esta ciudad de artesanos y pequeños agricultores, que se declaró en rebeldía hace dos semanas.

Cargando la foto de su hijo de 15 años muerto de un balazo en el pecho en una barricada, marchaba Aura López, una humilde empleada doméstica de 45 años, vestida de blanco con un lazo negro en la solapa.

“La policía no me le perdonó su vida. Me lo mataron. Todos los días le pido a mi Dios que me dé fuerza para llevar este dolor tan grande. Pedimos que nos ayuden a sacar a Ortega por las buenas o por las malas. Es el culpable de este sufrimiento”, declaró a la AFP entre sollozos.

Los pobladores esperaban en el barrio de Monimbó, epicentro de la represión, a expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes finalmente fueron a Jinotepe (norte) tras violentas incursiones de fuerzas de seguridad la noche del jueves.

Una larga fila de personas se formó en la iglesia de San Miguel, en Monimbó, con fotos de fallecidos, casquillos de balas y hasta ropas con sangre, para poner denuncias ante la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPH), que cifra en 285 las muertes, aunque otro grupo humanitario las calcula en más de 220.

Para este sábado los opositores convocaron a la “Marcha de las flores” en Managua y otras ciudades, que había sido suspendida hace una semana por la violenta incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares en varias zonas del país.

“Habrá un baño de sangre” 

Con adoquines, muebles, árboles y otros escombros, los habitantes de Masaya construyeron barricadas en casi todas las calles de esta ciudad de 100.000 habitantes 30 km al sur de Managua.En los últimos días, violentas operaciones de las fuerzas combinadas del gobierno desmontaron varias trincheras, pero los monimboceños no bajan la guardia y las mantienen.

Su barrio peleó con furia en la insurrección que encabezó el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, y hablan con orgullo de su combatividad.

Ahora piden la renuncia de Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que llegó al poder con esa revolución y volvió al gobierno a través del voto en 2007. Lo acusan a él y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de instaurar el nepotismo y una dictadura, y desatar una brutal represión.

“No nos van a callar ni a amedrentar. Este pueblo no va a claudicar, va a resistir hasta que Ortega se vaya. Si nos provocan habrá un baño de sangre”, dijo con un megáfono el dirigente estudiantil Yubrank Suazo, en la pequeña plaza de Monimbó, de donde partió la marcha.

“La lucha está empezando” 

Cubriéndose del sol con una bandera de Nicaragua, Auxiliadora Bonilla, de 54 años, dijo estar “luchando por un país libre”. “Hemos abierto los ojos, esta lucha apenas está empezando”, aseguró a la AFP, sentada en una acera de la placita.

Está comenzando porque, según ella, el gobierno está “jugando” con el diálogo que, mediado por la Iglesia católica, reanudó el lunes con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina a grupos de la sociedad civil-, para intentar superar la crisis.

El proceso se ha estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. No obstante, la Iglesia piensa convocar a una plenaria el martes. El gobierno de Ortega califica las protestas y la exigencia de la renuncia de Ortega como una “intentona golpista” apoyada por Estados Unidos y acusa a los manifestantes de “delincuentes” y “pandilleros”.

Estados Unidos impuso el jueves más restricciones de visado a responsables de violar derechos humanos en Nicaragua. A principios de junio lo había hecho contra oficiales de la Policía Nacional.

Ante el agravamiento de la represión, los delegados de la CIDH y de la ONU llegaron esta semana al país y se reúnen con las partes y las víctimas de la violencia.

Durante su estancia bajó apenas un poco la acción de grupos de civiles encapuchados y fuertemente armados que siembran pánico en las calles en la noche y a plena luz del día.

Fuente Zócalo

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TRUMP IMPONE TASA DE $100,000 USD A LA VISA H-1B: GOLPE A LA INNOVACIÓN GLOBAL

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En una medida que ha sacudido al ecosistema tecnológico y empresarial global, el presidente Donald Trump anunció la imposición de una nueva tasa de $100,000 dólares estadounidenses para cada solicitud de visa H-1B, utilizada principalmente por profesionales extranjeros altamente calificados en sectores como ingeniería, informática, salud y finanzas.

La decisión, presentada como parte de una estrategia para “proteger empleos estadounidenses”, ha generado alarma entre startups, multinacionales y universidades que dependen de talento internacional para sostener su competitividad. Expertos advierten que esta tasa podría desincentivar la contratación de profesionales extranjeros, provocar una fuga de cerebros y debilitar la posición de EE.UU. como líder en innovación.

Empresas emergentes, especialmente en Silicon Valley y Nueva York, señalan que el costo es prohibitivo y podría obligarlas a trasladar operaciones al extranjero. Mientras tanto, países como Canadá y Alemania han respondido con campañas para atraer a los afectados, ofreciendo procesos migratorios más accesibles.

Organizaciones como TechNet y la Cámara de Comercio de EE.UU. han solicitado una revisión urgente de la medida, argumentando que la diversidad de talento es clave para el crecimiento económico. La tasa entrará en vigor el próximo trimestre, y ya se anticipan demandas legales por parte de grupos de derechos laborales y migratorios.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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TRUMP DESATA UNA OFENSIVA NAVAL CONTRA CÁRTELES: SUBMARINO NUCLEAR Y BUQUES DE GUERRA RUMBO AL CARIBE

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En una jugada que ha sacudido el tablero geopolítico del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de una poderosa flota militar hacia el sur del mar Caribe. La operación incluye el envío de un submarino nuclear de ataque rápido y un crucero de misiles guiados, que se suman a tres buques anfibios ya posicionados cerca de las costas de Venezuela, Colombia y Panamá.

El objetivo declarado: combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos, ahora catalogados por Washington como “organizaciones narcoterroristas”. Entre ellas figuran el Cártel de Sinaloa y el grupo venezolano Tren de Aragua. La ofensiva naval contempla más de 4,500 efectivos, incluidos 2,200 infantes de marina, con capacidad de desembarco inmediato.

La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. Nicolás Maduro anunció el despliegue de 15,000 efectivos en la frontera con Colombia y convocó a millones de civiles a integrarse a la milicia nacional. Denunció una “amenaza directa” a la soberanía venezolana y acusó a Estados Unidos de preparar una invasión encubierta.

Mientras tanto, la Guardia Costera estadounidense reportó la incautación de más de 34 toneladas de droga en operativos recientes en el Caribe y el Pacífico, reforzando el argumento de que el narcotráfico representa una amenaza transnacional.

Analistas advierten que esta escalada militar podría tener consecuencias impredecibles en una región marcada por tensiones migratorias, crisis humanitarias y disputas diplomáticas. La presencia de un submarino nuclear en aguas caribeñas no solo envía un mensaje de fuerza, sino que plantea interrogantes sobre los límites de la seguridad nacional y el equilibrio regional.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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