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Elección de jueces y ministros pone en jaque el sistema judicial en México

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CDMX — La elección por voto popular de jueces y ministros, el corazón de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se topó con una barrera de interrogantes sobre una crisis constitucional que se asoma en los primeros días del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El sistema judicial de México atraviesa por una encrucijada jurídica desatada por los argumentos polarizados sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

Sheinbaum y Morena, el partido del oficialismo, aseguran que las suspensiones judiciales no proceden y desafían el orden constitucional cuando la reforma judicial es un hecho consumado, pero al mismo tiempo los jueces y la oposición acusan al Poder Ejecutivo y Legislativo de desafiar el orden constitucional con el desacato de las suspensiones judiciales.

La reforma judicial fue promulgada por López Obrador y desde el 1 de octubre la primera mujer presidenta de México, junto con la supermayoría de Morena y aliados en el Congreso, iniciaron la implementación de la reforma ignorando resoluciones judiciales orientadas a frenar la reforma.

Sheinbaum ha defendido la reforma judicial en su incipiente Gobierno desde las conferencias matutinas heredadas por AMLO, como se le conoce al expresidente, bajo el argumento de que el 2 de junio casi 36 millones de mexicanos votaron por el Plan C: mayoría calificada en el Congreso para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Al cumplirse tres semanas de iniciado el sexenio, la presidenta acaloró la discusión sobre la ruptura del marco constitucional en México tras posicionarse respecto de la postura de la autoridad electoral y el resolutivo de una jueza sobre el Poder Ejecutivo.

La elección de jueces y ministros, ¿tambalea?

Senado de México
El Senado de México realizó la selección de jueces y magistrados que irán a la elección por voto popular mediante una tómbola(Cortesía: Senado)

El Instituto Nacional Electoral (INE) pausó la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros a la espera de que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes, es decir, se espera que haya definiciones.

Esta situación representa para el instituto una complicación operativa y de planeación presupuestal, por lo que todavía no se instala la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, ni la mesa de coordinación con el Senado y con el Consejo de la Judicatura.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, declaró que el instituto respeta las atribuciones y competencia de los jueces porque ellos pueden emitir amparos, sin embargo, también dijo que en materia electoral no proceden los amparos.

La titular del INE dijo que el organismo electoral está frente a dos situaciones, la primera es que tiene que ser congruente con el mandato constitucional y la segunda es sobre las 140 notificaciones de amparo emitidas por jueces del Poder Judicial que ha recibido el instituto.

“A ambos dos se les debe respeto (…) yo espero que muy pronto tengamos definiciones”, expuso Taddei.

Sheinbaum dijo que el INE no tendría por qué detener el proceso de organización de la elección, ya que es una decisión del pueblo de México y, además, la reforma judicial es ya una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Los consejeros deben seguir lo que establece la Constitución, no hay ningún amparo”, dijo en la conferencia matutina del 17 de octubre.

Mientras el INE se encuentra inmovilizado en la organización de la elección, el Senado sorteó en una tómbola los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 y en la elección federal de 2027 y los partidos de oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La tómbola arrojó que, de un total de 927 magistraturas de circuito, la mitad (464 plazas) se elegirán en junio de 2025 y el resto en 2027, mientras que, de un total de 772 jueces de distrito, 386 plazas participarán en la elección del próximo año y el resto se elegirá en 2027.

Sheinbaum, ¿en desacato legal?

La presidenta de México y la supermayoría de Morena en el Congreso han ignorado alrededor de 170 suspensiones que fueron promovidas ante jueces de distrito para frenar la reforma judicial que, en opinión general de la oposición, de empresas, bancos, de Estados Unidos y de calificadoras, vulnera la independencia judicial y genera incertidumbre jurídica.

Pero de todas esas resoluciones judiciales, probablemente la que dictó la jueza de distrito en Veracruz, Nancy Juárez, el 16 de octubre de 2024, es la que ha provocado la mayor reacción de Sheinbaum e incluso de dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde.

La jueza ordenó eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) en un término de 24 horas y apercibió a la presidenta y al director del DOF que, de no cumplir con el requerimiento de esta resolución, se dará vista al Ministerio Público al formularse un delito.

Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 18 de octubre que, jurídicamente no tiene sustento la orden de la jueza, por lo que no se eliminó del DOF el decreto de la reforma judicial. “La juez no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México”.

La mandataria advirtió que denunciaría a la jueza ante el Consejo de la Judicatura, quien este domingo 20 de octubre recibió el apoyo de trabajadores del Poder Judicial que marcharon en Ciudad de México para respaldar a la juzgadora.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) subrayó que el no acatamiento de los resolutivos judiciales se está convirtiendo en un ejercicio sistemático que implica “un grave riesgo” para la protección de los derechos de los gobernados.

“En cualquier país democrático las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias, situación que demuestra que en el Estado mexicano se ha roto el orden constitucional y el Estado de Derecho”, apuntó.

Max Kaiser, abogado por el ITAM, sostuvo en un comentario en Youtube que Sheinbaum está provocando una “crisis constitucional inédita. No solo provoca desacatos concretos en el caso de la reforma al Poder Judicial, sino que manda el mensaje a otras autoridades de que las resoluciones del Poder Judicial pueden no ser cumplidas”.

Fuente: Bloomberg

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Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

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Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa

El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.

“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados

Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.

“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.

Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos

Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.

Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.

Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?

Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.

No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.

¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?

Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.

  • La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
  • Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
  • La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación

Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.

Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.

“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Nacional

EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

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La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.

El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.

Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.

Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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