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Opinión

El derecho como solución del todo

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Por: Hugo Alday Nieto

En el marco de los 54 años de Cancún, ya es posible cotejar un antes y un después en la tenencia de la tierra de una de las zonas de mayor plusvalía de México, como es la joya de la corona del Caribe Mexicano: Cancún.

Y es que esta ciudad durante casi 50 años fue administrada por gobiernos que lejos depugnar por una adecuada urbanización y una legal tenencia de la tierra, se convirtieron en meros beneficiarios de la gestoría ilegal de terrenos ejidales con el otorgamiento de autorizaciones y permisos, o bien de la inaplicación de la Ley, en tratándose de la construcción de obras o apertura de todo tipo de negocios e incluso de fraccionamientos sin permiso alguno dentro del ámbito de protección del Plan de Desarrollo Urbano del municipio.

En este orden de ideas, de acuerdo con el plan maestro de 1982, citado por la maestra Christine McCoy en la obra “Quien responde por los invisibles en una ciudad?” editada por la Universidad del Caribe, hoy el desarrollo urbano y turístico de Cancún en un crecimiento ordenado y planeado, debería de contar con 305,894 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del INEGI 2020, esta ciudad cuenta con cerca de un millón de habitantes, lo que nos deja claro que las administraciones de Benito Juárez fueron incapaces de sostener un crecimiento urbano ordenado y dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, desde el inicio de la administración 2018-2021 y la subsecuente en Benito Juárez, se comenzó con un intenso trabajo documental de zonas irregulares en los distintos ejidos que rodean a la ciudad turística más impórtate de México. Y es que hoy, tan solo en Benito Juárez, existen 60,000 familias en la irregularidad, que representa a unas 240,000 personas, es decir cerca del 30% de la población de Cancún se encuentra viviendo en zonas no regularizadas. Es decir que 3 de cada 10 personas en el municipio turístico más importante de México y de los más importantes del mundo, viven en un asentamiento irregular de acuerdo con los datos que la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez aportó a la Sedetus entre 2019 y 2020.

Con dicha información, se comenzaron a realizar diversas acciones coordinadas en dos vertientes, por un lado el combatir la proliferación de “Desarrollos Irregulares” definidos en la obra antes mencionada como aquellos que tienen la particularidad que se encuentran en zonas determinadas como reservas de crecimiento o conservación ambiental, y su común denominador es la falta de servicios y la entrega de vialidades, áreas de donación o equipamiento al municipio, pero en dichos desarrollos es la especulación del suelo lo impulsa. Es decir, son meros activos de especulación comercial que dañan el medio ambiente y que genera un esquema de fraude o de delitos en contra del desarrollo urbano.

Siguiendo con la autora, los “Asentamientos Irregulares” son núcleos de población ubicados en áreas o predios ocupados, fraccionados, lotificados, subdivididos o construidos sin contar con las autorizaciones urbanísticas correspondientes, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra; cuando teniendo todas las autorizaciones, las obras ejecutadas no concuerdan con las mismas, y generalmente son invasiones que carecen de todo tipo de servicio. A diferencia de los anteriores cuyo motivo es la especulación comercial, en los asentamientos se trata de núcleos generados por la necesidad.

Siguiendo con la obra editada por la Universidad del Caribe, nos dice que, en un municipio como Benito Juárez, el porcentaje de tierra ejidal equivale al 66.5% y de zona urbana únicamente el 7.6%. En este sentido, más del 43% del territorio ocupado de Cancún es propiedad ejidal, en donde se encuentran habitadas de forma irregular casi 5000 hectáreas de suelo en el ejido Alfredo V. Bonfil, hectáreas que mediante juicio agrario se intentaron revertir los títulos por parte del un grupo ejidal con la finalidad de volver a parcelar lo ya vendido y desarrollado.

Para ello, las administraciones municipales de 2018-2021 y 2021-2024, realizaron diversas acciones de contención de la especulación comercial a clausurar mas de 14,800 lotes sin drenaje ni permiso en 11 desarrollos irregulares; y a la par, mediante procedimientos municipales encabezados desde el Cabildo y otros procesos de forma paralela en participación con el INSUS, se comenzó la regularización de lotes, con la finalidad de poder otorgarles a los habitantes certeza jurídica de su patrimonio y la posibilidad de contar con agua, drenaje y electricidad con la municipalización de sus calles.

El derecho siempre es la respuesta para sentar las bases de un mejor futuro, incluso ante la mala administración que por décadas hubiese tenido un municipio como el nuestro que alberga al destino turístico más importante de México.

Sin duda la obra literaria editada por la Universidad del Caribe de la autoría de Christine McCoy es un refrescante instrumento con datos e imágenes, que deberán actualizarse tal vez en una segunda obra del daño ecológico y de la afectación al agua que por mera especulación comercial se generó desde el poder.

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Que el ejecutivo se incline por vetar el decreto de abrogación de la ley de imagen

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“La Última Palabra”

Por: Jorge Martínez Lugo

  • • El Observatorio Legislativo de Quintana Roo apela a la voluntad democrática del gobierno de la 4T y pide en cambio que se apruebe la Ley de Austeridad prometida.
  • Ante la inmoral imposición de la “orgullosa” mayoría cuatroteísta en la XVII Legislatura, que va en contra de los principios de avance democrático lopezobradorista, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo hace un llamado al Ejecutivo:

“Que se mantenga sin publicar el decreto de abrogación de la Ley de Imagen Institucional o se incline por vetarlo”.

En su boletín 247, el organismo civil considera que dicha imposición por una mayoría que se negó a escuchar los reclamos de la oposición “por urgente y obvia resolución”, genera un “vacío constitucional”, ya que tanto la Constitución federal como la estatal ya contienen disposiciones en la materia, pero al carecer de una ley, se nulifica el cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución federal y el 166 bis de la Constitución estatal.

Sobre todo en lo que se refiere a que “La propaganda de los poderes públicos de los tres poderes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes (colores), voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Esto fue lo que abrogó la “orgullosa” mayoría 4T el martes 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra, por cierto.

AL mismo tiempo, el Observatorio Legislativo recordó que la promesa de la actual Legislatura de aprobar una Ley de Austeridad, para tener un mejor uso de los recursos públicos, ha sido relegada. Usted tiene la última palabra.

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¿Debates o acusaciones?

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Los debates políticos, por su naturaleza, son la exposición de las ideas, proyectos, propuestas y soluciones a los problemas sociales de acuerdo al ideario de quien participa; la discusión de cada proyecto de gobierno, para que el votante pueda tener el conocimiento de lo que está por elegir.

De manera lamentable, los debates electorales que llevan a cabo las y los candidatos a una presidencia municipal o a una diputación local, organizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), son como una pasarela de acusaciones, donde parece que quien tire más excremento es la o el ganador.

No llegan para debatir las ideas, del ¿por qué sus propuestas son mejores que la del contrincante?, ¿Por qué hay que votar por él o por ella?, ¿cómo le hará para resolver los grandes problemas sociales como la inseguridad, atención en la salud y combate a la pobreza?, entre muchas otras preguntas que hace el propio ciudadano.

Los que gobiernan o administran, van con la misión de defenderse de los ataques que por una mala interpretación de “debate”, la oposición realiza; mientras que los que están fuera del gobierno, van en una cómoda posición para cuestionar lo que hicieron o dejaron de hacer quienes buscan una reelección; ¿y las propuestas?

Otras y otros son tan cínicos, que por no haber hecho nada a favor del pueblo en el cargo que le confirieron la elección pasada, recurren al trabajo que su líder o lideresa moral realizan, o los gobierno en turno de su partido; lógico, destacan lo bueno, no la regazón que hicieron con el presupuesto público, menos con el abuso del poder, la prepotencia y los privilegios que les otorgó el cargo. Es entonces que aquí hay que preguntarse, ¿seguiremos los ciudadanos observando un debate político-electoral, o un cúmulo de acusaciones entre las y los candidatos?

Eso sí, cualquier acusación que plantee la oposición en los debates, suele encontrar eco en algunos sectores de la sociedad, quienes por naturaleza propia siente haber sido decepcionados o agraviados, más al ver que la economía doméstica, el desempleo y la inseguridad afectan el modo de vida de muchos ciudadanos.

No hay nivel, ni con los conductores del debate, menos con los participantes, he escuchado unos alegatos cuyo único objetivo es echar por tierra la gestión del gobierno en turno, los candidatos de oposición al régimen, sacan a relucir errores e inconveniencias de los gobernantes; mientras ellos están libres de toda culpa, pero aunque traten de desvincularse de sus errores pasados, los hechos ahí están, solo digo que hasta ahora “tan malo es el pinto como el colorado”.

Todavía falta una semana para que termine la roda de debates políticos-electorales, las y los participantes deben de darle al electorado herramientas ideológicas con propuestas y proyectos de gobierno, para que el votante acuda a la urna bien informado, de lo que representa cada uno de los que buscan un cargo de elección popular. Ahí se las dejo…

SASCAB
Las mujeres de Quintana Roo tienen una herramienta jurídica más para llevar una vida libre de violencia, pues los integrantes de la XVII Legislatura del Estado, aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que todo caso de supuesto suicidio u homicidio doloso de una mujer se investigue con perspectiva de género para descartar cualquier feminicidio.
La pinza para hacer justicia la empezarán a apretar al imponer sanciones a las personas servidoras públicas que tengan a cargo una investigación o impartición de justicia de los delitos de feminicidio, cuando sean omisos en realizar actos de investigación, diligencias o actuaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
Pero también, a aquellos deudores alimenticios se las van a aplicar, al grado de hasta perder la patria potestad de sus hijos. No sean penitentes, mejor cumplan. Al tiempo…

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