EN LA OPINIÓN DE:
Columna invitada / La conexión Puerto Rico
Por Raymundo Riva Palacio
La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanas, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas. Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja.
La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela), y en menor medida Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.
Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión. Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.
Las figuras claves en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el venezolano, que se presenta como empresario. Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la Embajada de México en Venezuela, donde de acuerdo a los informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Brizuela Guevara, tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida, y de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.
Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice el 31 de enero de 2022 sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.
Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación de carpas Covid, asignada por el entonces gobernador. Nada se ha sabido de esos contratos. Lo único cierto es que pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.
Un correo del 24 de febrero del año pasado monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”. Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.
“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.
Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz -aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex- y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.
La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir. Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia. Pero no son los únicos. Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.
Columna Estrictamente Personal, tomada de Eje Central
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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EN LA OPINIÓN DE:
EL PAN, EN SU PEOR MOMENTO EN QUINTANA ROO
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• El joaquinista Eduardo Martínez Arcila afirmó que el PAN está en crisis nacional y en Quintana Roo está desesperado: “Agarrar a Gustavo Miranda es como agarrar a cualquiera” afirmó.
Carlos Jaquín González no puede considerarse panista, perredista, priista… Más que por alguna ideología o bandera política, el exgobernador de origen yucateco gobernó Quintana Roo para sus propios intereses y ampliar su riqueza heredada y la de su familia con su esposa Gabriela Rejón, la del despojo del rancho al propietario de la tercera edad. El que sí era panista es Eduardo Martínez Arcila, pero en seis años en el poder hundió al PAN en la entidad.
ARCILA PERDIÓ TODAS SUS ELECCIONES
En los seis años de máximo poder, Martínez Arcila, como mandamás en el PAN y panista puro, perdió las cuatro elecciones constitucionales y su jefe Carlos Joaquín salió por la puerta trasera de la historia. Mientras el gobernador trabajaba en sus negocios, el encargado de la política partidista durante su sexenio (2016-2022) fue Eduardo Martínez Arcila, quien desde el Congreso manejaba chequera abierta, sin embargo, perdió todas las elecciones y hundió al PAN en esa debacle que califica “en su peor momento” de lo que él mismo fue el autor perdedor.
Con CJ Arcila llevó al PAN a su mejor momento, con la gubernatura en el poder, y lo dejó en sus peores condiciones. ¿Con qué autoridad moral viene ahora a darle clases al panismo…? Qué habrá desbandada, es muy probable, que sí, efectivamente la dirigencia y los dos diputada y diputado están entregados al poder local y el PAN está en su peor crisis histórica, así lo expresó el mismo Arcila.
EL MIEDO A GUSTAVO MIRANDA
Tal parece que Arcila le tiene miedo a Gustavo Miranda o al menos a un contrincante que le podría disputar espacios al que ambos aspirarían. Seguro que Arcila recuerda que Carlos Joaquín llegó por el PRD y en el camino traicionó a este partido, entregó la gubernatura al PAN y traicionó al pueblo sin el cambio prometido.
“Gustavo Miranda sería como caer en la desesperación de agarrar a cualquiera” sostuvo el panista enriquecido en el sexenio joaquinista y quien aún no ha informado ni le han exigido cuentas, del fraude por más de cien millones de pesos, caso que permanece abierto en el Poder Legislativo ¿o ya prescribió?
El panismo en Quintana Roo, efectivamente, está en crisis y dividido y Arcila está regresando para recoger los escombros azules y volver a ordeñar la franquicia que aún tiene buenas prerrogativas económicas, en caso que no pierda el registro, claro.
Arcila se fue a la yugular del ex muchacho verde: Gustavo Miranda sigue siendo del “cartel del despojo” hasta que dé una explicación seria, advirtió el consentido de Carlos Joaquín.
Tal como lo afirma el aún panista Arcila, la crisis del panismo es a nivel nacional ya que no tiene una propuesta de país, pero en Quintana Roo está peor y “podía perder su registro en 2027, como ya lo perdió en Coahuila en las pasadas elecciones” remató. Usted tiene la última palabra.
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CASO AYOTZINAPA, DESBARRANCÓ A PEÑA NIETO
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• La debacle peñanietista y del “neoliberalismo” originó el rompimiento el modelo bipartidista PRI-PAN que se quería imponer; ya no pudieron evitar en 2018 la llegada a la presidencia de una corriente diferente a ese bipartidismo.
De la portada de la revista Time de febrero de 2014 a la noche de iguala del 26-27 de septiembre del mismo año, se definió el rumbo del proyecto político de Enrique Peña Nieto, que ya se intentaba narrar como la continuación del proyecto interrumpido de Carlos Salinas de Gortari, para que México formara parte del primer mundo, esta vez con “reformas estructurales”.
El PRI había ganado la elección bajo el proyecto de alternancia PRI-PAN que se pretendía establecer, por parte de los poderes fácticos unidos al capital y al mismo poder constitucional de México y Estados Unidos.
EL “NUEVO” PRI
La desilusión por el cambio panista prometido y no cumplido (2000-2012) ayudó a que lo peor del priismo recuperara la presidencia de la república, con una nueva corriente de “cuadros jóvenes” el nuevo PRI dijo Peña Nieto en alusión a los Duarte, Borge, Alitos y otros jóvenes gobernadores que terminaron en la cárcel por resultar más corruptos e inmorales que los jóvenes turcos que conquistaron Armenia.
El “Pacto por México” se firmó el 2 de diciembre de 2012 (PRI-PAN-PRD), un día después de que Peña Nieto tomó posesión, y la narrativa era impulsar las llamadas “reformas estructurales” para “salvar a México” (Saving México), principalmente la reforma educativa, la hacendaria y sobre todo: la energética, que desde su discusión en diciembre de 2013 empezó a ser cuestionada en la propia Cámara de Diputados. Entonces, el PRD se salió del pacto.
“RONDAS” O CAMPOS PETROLEROS
Junto con el pacto, comenzó a ser cuestionado todo el proyecto de Peña Nieto inundado de panistas, que consistía en desmantelar a Pemex y entregar los recursos energéticos a empresas extranjeras, mediante la venta de “rondas” de pozos petroleros; usaban perversamente un eufemismo: le llamaban “rondas” para ocultar la palabra verdadera: venta-remate de campos petroleros.
Además de la resistencia social y política a las “reformas estructurales”, la sombra de los 43 normalistas de Ayotzinapa nunca se despejó del horizonte y lo acompañó junto con otras matanzas, hasta que fue derrotado y entregó la presidencia a Morena, rompiendo el modelo bipartidista estadunidense que se quería implementar en México y se sigue queriendo implementar, en América latina y otros continentes bajo influencia del imperio.
AYOTNIZAPA MARCÓ AL SEXENIO
Quizá el caso de los normalistas sea el de más importancia, el que marcó el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, el caso emblemático, que hoy, agosto de 2026, adquiere otra dimensión diferente a la que le dieron Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Esta vez no sólo se enfoca a los autores materiales e intelectuales, sino al entramado de poder que facilitó ¿o planeó? la impunidad que prevalece después de 12 años de haberse perpetrado aquel genocidio en Iguala, Guerrero, gobernado por el perredista-expriista Ángel Aguirre Rivero, en un país presidido por el priista Peña Nieto, quien recién había recuperado la Presidencia, pero que ya vivía una guerra en el Congreso de la Unión por las “reformas estructurales”.
El país se le salió de control al peñanietismo y a quienes lo impulsaban desde México y el vecino del norte. Ahí estaba el fantasma de la noche de Iguala flotando y creciendo en intensidad.
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN
Ahora el modelo de investigación de la FGR se enfoca a la protección y destrucción de evidencias (a ver cómo demuestran la existencia de unas evidencias desaparecidas) y a la estructura de protección por comisión y omisión del jefe político del estado, independientemente de las ejecuciones y desapariciones que no se resuelven y es el punto central de todo: que aparezcan los cuerpos y/o los restos de quienes queden y que la narrativa sea coherente, verosímil al menos. Es el reto de la FGR; no deben quedar dudas; debe ser un caso contundente, si no, …
La debacle de Peña Nieto y del modelo “neoliberal” permitió romper el modelo bipartidista PRI-PAN que se quería imponer; ya no pudieron evitar en 2018 la llegada a la Presidencia de una corriente diferente a ese proyecto bipartidista. Usted tiene la última palabra.
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