Ciudad de México.- El informe sobe el caso Ayotzinapa que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia presentó el pasado 18 de agosto puso en “situación de crisis” las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Así lo acusó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual señaló que existe la “urgencia por retomar el camino de una investigación seria y con resultados fiables para los derechos a la verdad y justicia de los familiares” de los estudiantes.

En conferencia de prensa para hablar sobre el informe, hecho público por el subsecretario Alejandro Encinas, el GIEI cuestionó la veracidad de los mensajes de WhatsApp que presuntamente se enviaron los supuestos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, y que fueron presentados como parte de las investigaciones.

Carlos Beristain, integrante del GIEI que se mantendrá en el caso, consideró que en los ocho años que han pasado desde los hechos se ha tratado de manipular la investigación y esconder pruebas, alejando la verdad y el derecho a saber de los familiares.

Ve GIEI ocho años de manipular caso Iguala

Se pronuncia por retomar de forma “urgente” una investigación sería y con resultados fiables; 2 integrantes dejan la investigación.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que el informe —del 18 de agosto pasado— de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) puso en “situación de crisis” las investigaciones para saber el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 8 años.

En una disección del informe presentado por Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que existe la “urgencia por retomar el camino de una investigación seria y con resultados fiables para los derechos a la verdad y justicia de los familiares” de los estudiantes que el mismo Encinas ratificó como muertos en su informe del 18 de agosto.

Ángeles María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain y Cox Vial, integrantes del GIEI, en conferencia, hablaron de la información hecha pública por el subsecretario Encinas.

CONFUSIÓN

El GIEI puntualizó que “existe una confusión entre la presentación de 83 judicializaciones contra personas inculpadas de los hechos por parte de la fiscalía especial y de los resultados presentados por la Covaj el mismo día en que se presentaron dichas judicializaciones.

“Las órdenes de captura de la fiscalía especial no tienen ninguna relación con el informe de la Covaj, no se basan en dicho informe, aunque ambos procesos han contado con información que fue proporcionada por la revisión de archivos de la Sedena y Semar, entrevistas a testigos y declaraciones de presuntos responsables”.

Los mensajes de WhatsApp que presuntamente se enviaron los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y que fueron presentados por Encinas hace mes y medio como parte de las “investigaciones”, expuso el GIEI no se puede confirmar su veracidad.

“Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta Exiftool.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo Screenshot objeto del análisis forense solicitado”, explicó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

El especialista detalló otras inconsistencias detectadas en las capturas de pantalla que proporcionó la Covaj, como funciones de la aplicación que no operaban en septiembre de 2014 o inconsistencia en las fechas de creación.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante Screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014.

“Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envió de los mensajes”, detalló Cox Vial.

“El grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso.

“Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses mientras se realiza una evaluación global del caso y el seguimiento de la situación de los familiares. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento”, informó Beristain.

SE RETIRAN DEL CASO

Se indicó que sólo Buitrago y Beristain permanecerán en México como enlace con los nuevos integrantes de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Agregó el investigador que esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente.

“Reconducir y fortalecer la investigación ahora que una parte de estos procesos de judicialización se han puesto en marcha es determinante para el esclarecimiento.

“Existe numerosa evidencia para ello, y se necesita compromiso y consistencia para poner una distancia definitiva y una ruptura con formas de actuación como las aquí señaladas”, dijo.

El GIEI consideró que el proceso en contra de militares y del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, están en riesgo ante las evidencias desvirtuadas.

“Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto a la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos miles que se han dado en el país.

“A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada Verdad Histórica”, afirmó Beristain.

Según el GIEI, la situación actual se enfrenta a nuevos desafíos para lograr la justicia, y obtener mediante ésta, nuevas verdades sobre los hechos, responsabilidades y la búsqueda de los desaparecidos.

PACTOS DE SILENCIO

Aseveró que numerosos pactos de silencio y maniobras de ocultamiento y desviación han jalonado el recorrido de este caso: “El compromiso del GIEI es coadyuvar a esta investigación y búsqueda, pero corresponde a las autoridades mexicanas dar una respuesta a los familiares y a la propia sociedad, sin esconder, minimizar o alterar investigaciones ya de por sí complejas y difíciles 8 años después de los hechos, en los que se ha tratado de manipular la investigación y esconder pruebas, alejando la verdad y el derecho a saber de los familiares, el destino y paradero de sus seres queridos, que es lo que nos ha traído hasta aquí”.

Recordó que a pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada verdad histórica.

Se rompió la idea de que el caso se relacionaba con la política local de Iguala, porque participaron 5 policías municipales, además de policía estatal y federal y ministerial, integrantes de Sedena, con distintas responsabilidades en la persecución, detención y ocultamiento de los hechos.

Fuente Excelsior