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Investigación sobre los 43, en crisis: GIEI; ve ocho años de manipular el caso

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Ciudad de México.- El informe sobe el caso Ayotzinapa que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia presentó el pasado 18 de agosto puso en “situación de crisis” las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Así lo acusó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual señaló que existe la “urgencia por retomar el camino de una investigación seria y con resultados fiables para los derechos a la verdad y justicia de los familiares” de los estudiantes.

En conferencia de prensa para hablar sobre el informe, hecho público por el subsecretario Alejandro Encinas, el GIEI cuestionó la veracidad de los mensajes de WhatsApp que presuntamente se enviaron los supuestos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, y que fueron presentados como parte de las investigaciones.

Carlos Beristain, integrante del GIEI que se mantendrá en el caso, consideró que en los ocho años que han pasado desde los hechos se ha tratado de manipular la investigación y esconder pruebas, alejando la verdad y el derecho a saber de los familiares.

Ve GIEI ocho años de manipular caso Iguala

Se pronuncia por retomar de forma “urgente” una investigación sería y con resultados fiables; 2 integrantes dejan la investigación.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que el informe —del 18 de agosto pasado— de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) puso en “situación de crisis” las investigaciones para saber el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 8 años.

En una disección del informe presentado por Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que existe la “urgencia por retomar el camino de una investigación seria y con resultados fiables para los derechos a la verdad y justicia de los familiares” de los estudiantes que el mismo Encinas ratificó como muertos en su informe del 18 de agosto.

Ángeles María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain y Cox Vial, integrantes del GIEI, en conferencia, hablaron de la información hecha pública por el subsecretario Encinas.

CONFUSIÓN

El GIEI puntualizó que “existe una confusión entre la presentación de 83 judicializaciones contra personas inculpadas de los hechos por parte de la fiscalía especial y de los resultados presentados por la Covaj el mismo día en que se presentaron dichas judicializaciones.

“Las órdenes de captura de la fiscalía especial no tienen ninguna relación con el informe de la Covaj, no se basan en dicho informe, aunque ambos procesos han contado con información que fue proporcionada por la revisión de archivos de la Sedena y Semar, entrevistas a testigos y declaraciones de presuntos responsables”.

Los mensajes de WhatsApp que presuntamente se enviaron los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y que fueron presentados por Encinas hace mes y medio como parte de las “investigaciones”, expuso el GIEI no se puede confirmar su veracidad.

“Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta Exiftool.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo Screenshot objeto del análisis forense solicitado”, explicó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

El especialista detalló otras inconsistencias detectadas en las capturas de pantalla que proporcionó la Covaj, como funciones de la aplicación que no operaban en septiembre de 2014 o inconsistencia en las fechas de creación.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante Screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014.

“Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envió de los mensajes”, detalló Cox Vial.

“El grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso.

“Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses mientras se realiza una evaluación global del caso y el seguimiento de la situación de los familiares. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento”, informó Beristain.

SE RETIRAN DEL CASO

Se indicó que sólo Buitrago y Beristain permanecerán en México como enlace con los nuevos integrantes de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Agregó el investigador que esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente.

“Reconducir y fortalecer la investigación ahora que una parte de estos procesos de judicialización se han puesto en marcha es determinante para el esclarecimiento.

“Existe numerosa evidencia para ello, y se necesita compromiso y consistencia para poner una distancia definitiva y una ruptura con formas de actuación como las aquí señaladas”, dijo.

El GIEI consideró que el proceso en contra de militares y del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, están en riesgo ante las evidencias desvirtuadas.

“Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto a la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos miles que se han dado en el país.

“A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada Verdad Histórica”, afirmó Beristain.

Según el GIEI, la situación actual se enfrenta a nuevos desafíos para lograr la justicia, y obtener mediante ésta, nuevas verdades sobre los hechos, responsabilidades y la búsqueda de los desaparecidos.

PACTOS DE SILENCIO

Aseveró que numerosos pactos de silencio y maniobras de ocultamiento y desviación han jalonado el recorrido de este caso: “El compromiso del GIEI es coadyuvar a esta investigación y búsqueda, pero corresponde a las autoridades mexicanas dar una respuesta a los familiares y a la propia sociedad, sin esconder, minimizar o alterar investigaciones ya de por sí complejas y difíciles 8 años después de los hechos, en los que se ha tratado de manipular la investigación y esconder pruebas, alejando la verdad y el derecho a saber de los familiares, el destino y paradero de sus seres queridos, que es lo que nos ha traído hasta aquí”.

Recordó que a pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada verdad histórica.

Se rompió la idea de que el caso se relacionaba con la política local de Iguala, porque participaron 5 policías municipales, además de policía estatal y federal y ministerial, integrantes de Sedena, con distintas responsabilidades en la persecución, detención y ocultamiento de los hechos.

Fuente Excelsior

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Amazon impulsa el talento mexicano con el programa “Hecho en México”

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Amazon ha reafirmado su compromiso con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas a través de su programa “Hecho en México”, una iniciativa que busca fortalecer la presencia de productos nacionales en mercados internacionales.

Con más de 27,000 empresas mexicanas vendiendo en su plataforma, Amazon ha facilitado la exportación de artículos elaborados en el país, desde artesanías y textiles hasta productos tecnológicos y de innovación sostenible. La estrategia busca dar mayor visibilidad a los emprendedores, permitiéndoles competir en mercados globales con herramientas digitales avanzadas.

“Nuestro objetivo es impulsar el talento y creatividad de los empresarios mexicanos, ofreciéndoles acceso a clientes en más de 20 países”, comentó David Miller, director de Amazon México. “A través de capacitación, logística eficiente y estrategias de marketing personalizadas, queremos que los productos mexicanos sean reconocidos por su calidad y autenticidad”, añadió.

Además del respaldo comercial, la iniciativa incluye un programa de capacitación en comercio digital y optimización de ventas, ayudando a los emprendedores a potenciar su presencia en línea. El éxito del programa ha sido evidente en sectores como la moda, la gastronomía y los artículos de bienestar, donde la demanda internacional ha crecido considerablemente.

El impulso de “Hecho en México” responde a la tendencia de fortalecer la economía local y promover el comercio justo, alineándose con estrategias gubernamentales y empresariales de desarrollo sustentable.

Con esta apuesta por la manufactura mexicana, Amazon busca consolidar su papel en el crecimiento económico del país y reafirmar el valor de los productos 100% nacionales en el comercio global.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Tabasco al Borde del Abismo: La Guerra Silenciosa entre el CJNG y La Barredora Siembra Terror y Desafía la Estabilidad Estatal

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La primera luz del alba apenas comenzaba a pintar el horizonte tabasqueño cuando el hallazgo macabro irrumpió en la relativa calma, tiñendo la jornada de un presagio sombrío y familiar. En la periferia polvorienta de Villahermosa, una ciudad que paradójicamente ostenta el deshonroso título de la más insegura del país según las recientes encuestas del INEGI, un cuerpo decapitado yacía como un despojo, abandonado a la vera del camino. Junto a él, un narcomensaje, un trozo de cartulina con letras amenazantes, helaba la sangre incluso antes de ser leído por los peritos de la fiscalía. Este no es un incidente aislado, sino un eslabón más en la cadena de terror que estrangula al estado, una consecuencia directa de la brutal guerra territorial entre el omnipresente Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización local, La Barredora, cuya sed de sangre no es menor.

La noticia, cruda y escalofriante, se propagó rápidamente a través de los grupos de WhatsApp y las transmisiones de radio locales, sembrando una profunda sensación de vulnerabilidad entre los habitantes de Tabasco. La brutalidad del acto, la decapitación como una firma macabra que evoca los peores momentos de la lucha contra el narcotráfico en México, resonó con fuerza en una región históricamente marcada por la violencia. Aunque las autoridades han optado por un silencio cauteloso, la confirmación tácita a través de fuentes extraoficiales fue suficiente para que el miedo se arraigara nuevamente en los hogares tabasqueños, donde las puertas se cierran con doble llave al caer la noche.

El narcomensaje encontrado junto al cuerpo, cuyos detalles específicos se mantienen bajo reserva para no entorpecer las investigaciones en curso, se presume que contenía amenazas directas y advertencias explícitas dirigidas a La Barredora. Este tipo de comunicación, directa y sin adornos, es una táctica común en la guerra entre cárteles, utilizada para intimidar al rival, marcar territorio con sangre y enviar un mensaje escalofriante a la sociedad: el control se disputa a balazos y cuchilladas, y la vida de cualquiera puede ser moneda de cambio. La mera existencia del mensaje tensa aún más el ambiente, sugiriendo que la confrontación, lejos de amainar, se recrudece con cada amanecer.

La escalada de violencia en Tabasco no es un fenómeno reciente, sino la dolorosa culminación de una lenta pero constante descomposición del tejido social y de la evidente incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En los últimos meses, el estado ha sido testigo de un aumento alarmante en los enfrentamientos armados, tanto en las colonias populares de las ciudades como en las comunidades rurales olvidadas. Secuestros exprés que dejan familias rotas, extorsiones que asfixian a los pequeños negocios, el robo descarado de hidrocarburos que alimenta las arcas del crimen y las ejecuciones sumarias que engrosan las estadísticas de muertes violentas se han convertido en una preocupante rutina, alterando la vida cotidiana y sembrando el terror en cada esquina. La presencia de hombres fuertemente armados, moviéndose en camionetas blindadas y portando un arsenal que a menudo supera al de las fuerzas del orden locales, es una imagen cada vez más común en las carreteras y los caminos vecinales de Tabasco.

La disputa entre el CJNG y La Barredora responde a una lógica territorial y económica despiadada. El control de las rutas de trasiego de drogas que atraviesan el estado, el lucrativo negocio del “huachicol” que sangra los ductos de Pemex, y la extorsión sistemática a comerciantes, empresarios e incluso pequeños vendedores ambulantes son los principales combustibles de esta sangrienta confrontación. El CJNG, con su vasta infraestructura y su poderío económico a nivel nacional, busca imponer su ley en Tabasco, un estado estratégico por su ubicación y sus conexiones logísticas. Por su parte, La Barredora, un grupo local con un conocimiento profundo del terreno y arraigo en algunas comunidades, se resiste a ceder su control, luchando con una ferocidad desesperada por mantener su cuota de poder e influencia.

La respuesta de las autoridades estatales y federales ante esta creciente ola de violencia ha sido recibida con escepticismo y frustración por gran parte de la población. Si bien se han implementado operativos conjuntos, con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal, la percepción generalizada es que las fuerzas de seguridad se ven superadas por la capacidad de fuego y la sofisticación de los grupos criminales. La falta de una estrategia integral y a largo plazo, así como las persistentes denuncias de corrupción en algunos niveles de gobierno, son señaladas como obstáculos que impiden una respuesta efectiva y contundente.

La situación de inseguridad tiene un impacto devastador en todos los aspectos de la vida en Tabasco. El sector empresarial local se ve paralizado por las extorsiones y la incertidumbre, lo que frena la inversión y la creación de empleos formales. La vida cotidiana de los ciudadanos se ve cada vez más restringida por el miedo a salir de casa, a transitar por ciertas zonas consideradas peligrosas o a realizar actividades que antes eran parte de la normalidad. La confianza en las instituciones se desmorona, y la sensación de indefensión se extiende como una sombra sobre la población. La reciente designación de Villahermosa como la ciudad más insegura del país no es una simple estadística; es el reflejo palpable del miedo y la angustia que viven sus habitantes día a día.

Ante la aparente ineficacia de las medidas gubernamentales, la sociedad civil organizada comienza a movilizarse con mayor determinación. Colectivos de víctimas que buscan justicia, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos preocupados que exigen un cambio han convocado a marchas silenciosas, foros de discusión y campañas de concientización para visibilizar la magnitud del problema y presionar a las autoridades para que actúen con firmeza y transparencia. La demanda unánime es por un Tabasco donde la paz no sea una utopía y donde el Estado de Derecho deje de ser una promesa incumplida.

El gobierno estatal, liderado por el Gobernador Carlos Manuel Merino Campos, ha emitido comunicados oficiales condenando enérgicamente los actos de violencia y reiterando su compromiso de trabajar en coordinación con las fuerzas federales para restablecer el orden. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la cruda realidad que viven los tabasqueños, quienes exigen resultados tangibles y una estrategia clara para frenar la espiral de violencia. La magnitud del desafío requiere una acción que vaya más allá de los operativos reactivos y que aborde las causas profundas de la violencia, incluyendo la desigualdad social, la falta de oportunidades para los jóvenes y la impunidad que protege a los criminales.

La crisis de seguridad en Tabasco no es un problema aislado, sino un síntoma alarmante de la compleja y multifacética lucha contra el crimen organizado que enfrenta México en varias regiones del país. Sin embargo, la particular dinámica entre el CJNG y La Barredora, con sus propias reglas no escritas y códigos de confrontación, exige un análisis detallado y soluciones adaptadas a la realidad local. La inteligencia policial efectiva, la desarticulación de las redes financieras que sostienen a estos grupos, el fortalecimiento de las instituciones de justicia para romper el ciclo de impunidad y la implementación de programas de prevención del delito con un enfoque social son elementos cruciales para intentar revertir la tendencia actual.

Mientras la violencia continúa cobrando vidas y sembrando terror en cada rincón del estado, los habitantes de Tabasco viven en una angustiosa incertidumbre. El hallazgo del cuerpo decapitado en el amanecer y el ominoso narcomensaje son un sombrío recordatorio de la urgencia de una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades. La nación observa con creciente preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Tabasco, esperando que se implementen medidas concretas que logren frenar esta escalada de violencia y devolver la esperanza a una sociedad que clama por paz y justicia. El futuro del estado pende de un hilo, y la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a este desafío definirá no solo el destino de Tabasco, sino también la credibilidad de sus instituciones en la lucha contra la sombra ensangrentada del crimen organizado.

Fuente: medios locales Tabasco

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