Nacional
México y organismos internacionales acuerdan grupo de acción humanitaria para personas venezolanas

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la creación de un grupo de acción entre distintas dependencias del Gobierno de México junto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias (UNICEF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el objetivo de implementar de manera coordinada una serie de medidas de atención inmediata a los migrantes y personas con necesidades de protección internacional, particularmente aquellas provenientes de Venezuela.
“El plan de respuesta humanitaria consiste, en primera instancia, en una serie de entregas de insumos para el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la red de albergues en México”, precisó la Cancillería en un comunicado.
En esta fase, que ya está en implementación, se entrega apoyo para compra de alimentos para albergues; respaldo para hospedaje; kits de higiene; apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes; mejoras en la infraestructura de albergues, por ejemplo, en materia de agua y saneamiento, así como insumos necesarios para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, entre otros.
Asimismo, el plan contempla el acompañamiento de los organismos internacionales para los nuevos albergues que las autoridades locales y estatales han comenzado a implementar para recibir los flujos de personas migrantes y refugiadas, particularmente de Venezuela.
En ese sentido, los esfuerzos adicionales a nivel local estarán acompañados con mayor presencia de los organismos internacionales para ofrecer servicios, información puntual y veraz que será comunicada con los instrumentos de difusión de los organismos internacionales, así como alternativas para las personas migrantes y refugiadas en territorio nacional.
“El plan de acción humanitaria contempla también la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los organismos internacionales para facilitar la inserción de las personas migrantes y refugiadas que busquen permanecer en México”, apuntó la SRE.
El Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) colaborarán para facilitar la integración laboral de las personas en situación de movilidad humana.
La reunión, realizada en formato híbrido, contó con la presencia de Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien destacó que México mantiene su política de respaldo para las personas venezolanas que deseen asistir a la Comar para solicitar refugio en México.
A fin de mantener flujos migratorios ordenados, Andrés Ramírez señaló: “es importante trabajar en la emisión de documentos migratorios alternativos a la población que no desee retornar a Venezuela o a otros países y que no cumplan requisitos para viajar a los Estados Unidos para que puedan tener una regular estancia en nuestro país y puedan trabajar”.
Por parte de la Secretaría de Gobernación, Valeria Hamel, jefa de Oficina del subsecretario Alejandro Encinas, subrayó la importancia de atender a la población desde un punto de vista de garantías plenas a sus derechos humanos.
Por su parte, funcionarios del INM señalaron que el órgano desconcentrado se encuentra en la mejor disposición de colaborar en la atención de la población venezolana dentro del marco de sus atribuciones y apoyar a los Centros Integradores para el Migrante operados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas.
Además, podrían compartir, de ser necesario, la información sobre la población venezolana que las organizaciones internacionales necesiten.
Dana Graber, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México, coincidió con la necesidad de difundir información sobre las distintas alternativas migratorias para las y los migrantes. Fernando Carrera, representante de Unicef en México, subrayó la importancia de la atención humanitaria prioritaria para niños, niñas y adolescentes, así como su protección jurídica.
Por parte de ACNUR, Joseph Herreros, representante adjunto en México, expresó su preocupación frente a los retos que la figura del refugio enfrenta en la región. En representación de Giovanni Lepri, destacó la importancia de establecer alternativas migratorias para la población, además de voluntad de trabajo conjunto con la Comar, en beneficio de las personas con necesidades de protección internacional. Miguel Ramírez, jefe de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, destacó los servicios de salud y protección que ya brindan en el norte de México.
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE resaltó la importancia de coordinación de todas las instancias para brindar la mejor atención posible, además de proveer a las y los venezolanos de opciones que los permitan subsistir a quienes decidan asentarse en nuestro país.
“El nuevo programa para personas venezolanas busca crear una nueva vía ordenada, segura y regular; el trabajo conjunto con los organismos internacionales es fundamental para lograr nuestro objetivo”, señaló.
En la reunión estuvieron presentes también Rodrigo Ramírez, titular del Servicio Nacional de Empleo y Diego Camacho, director de los Centros Integradores para el Migrante (CIM) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acompañaron también Armando López Cárdenas, coordinador de asesores del titular del INM; Ruth Villanueva, directora general de protección al migrante, y Fátima Ríos, directora de supervisión, por parte del INM. Valeria Hamel, jefa de Oficina de la subsecretaría para Derechos Humanos, estuvo presente por parte de la Secretaría de Gobernación.
Además de Velasco Álvarez, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores se conformó por Ximena Escobedo, directora general de Coordinación Política; Arturo Rocha, coordinador de Estrategia y Política Pública para América del Norte; Imanol Belausteguigoitia, coordinador para Centroamérica y el Caribe; Sofía Sánchez, directora para el Congreso; Aureny Aguirre y Jacob Prado, embajadores de la Unidad para América del Norte; el cónsul general de México en San Diego, Carlos González; Mauricio Ibarra, cónsul general de México en El Paso; Marcos Moreno Báez, cónsul general de México en Nogales; Ismael Naveja, cónsul de México en Eagle Pass; y Juan Carlos Cué, cónsul de México en Brownsville. Acompañó también el jefe de Asuntos Hispanos de la Embajada de México en Washington, Francisco Anza, entre otros.
Por parte de los organismos internacionales encabezaron la reunión Dana Graber, representante de la OIM en México; Fernando Carrera, representante de Unicef en México, quien conversó de manera remota; Jospeh Herreros, representante adjunto de ACNUR en México, en nombre de Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México; estuvo presente también Miguel Ramírez, jefe de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en México (CICR).
Autoridades de los gobiernos locales y estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas participaron activamente en la reunión.
Fuente Excelsior

Nacional
Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa
El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.
“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados
Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.
“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.
Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos
Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.
Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.
Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?
Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.
No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.
¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?
Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.
- La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
- Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
- La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación
Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.
Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.
“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.
El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.
Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.
Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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