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México y organismos internacionales acuerdan grupo de acción humanitaria para personas venezolanas

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Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores  (SRE) dio a conocer la creación de un grupo de acción entre distintas dependencias del Gobierno de México junto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias (UNICEF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el objetivo de implementar de manera coordinada una serie de medidas de atención inmediata a los migrantes y personas con necesidades de protección internacional, particularmente aquellas provenientes de Venezuela.

“El plan de respuesta humanitaria consiste, en primera instancia, en una serie de entregas de insumos para el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la red de albergues en México”, precisó la Cancillería en un comunicado.

En esta fase, que ya está en implementación, se entrega apoyo para compra de alimentos para albergues; respaldo para hospedaje; kits de higiene; apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes; mejoras en la infraestructura de albergues, por ejemplo, en materia de agua y saneamiento, así como insumos necesarios para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, entre otros.

Asimismo, el plan contempla el acompañamiento de los organismos internacionales para los nuevos albergues que las autoridades locales y estatales han comenzado a implementar para recibir los flujos de personas migrantes y refugiadas, particularmente de Venezuela.

En ese sentido, los esfuerzos adicionales a nivel local estarán acompañados con mayor presencia de los organismos internacionales para ofrecer servicios, información puntual y veraz que será comunicada con los instrumentos de difusión de los organismos internacionales, así como alternativas para las personas migrantes y refugiadas en territorio nacional.

“El plan de acción humanitaria contempla también la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los organismos internacionales para facilitar la inserción de las personas migrantes y refugiadas que busquen permanecer en México”, apuntó la SRE.

El Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) colaborarán para facilitar la integración laboral de las personas en situación de movilidad humana.

La reunión, realizada en formato híbrido, contó con la presencia de Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien destacó que México mantiene su política de respaldo para las personas venezolanas que deseen asistir a la Comar para solicitar refugio en México. 

A fin de mantener flujos migratorios ordenados, Andrés Ramírez señaló: “es importante trabajar en la emisión de documentos migratorios alternativos a la población que no desee retornar a Venezuela o a otros países y que no cumplan requisitos para viajar a los Estados Unidos para que puedan tener una regular estancia en nuestro país y puedan trabajar”.

Por parte de la Secretaría de Gobernación, Valeria Hamel, jefa de Oficina del subsecretario Alejandro Encinas, subrayó la importancia de atender a la población desde un punto de vista de garantías plenas a sus derechos humanos. 

Por su parte, funcionarios del INM señalaron que el órgano desconcentrado se encuentra en la mejor disposición de colaborar en la atención de la población venezolana dentro del marco de sus atribuciones y apoyar a los Centros Integradores para el Migrante operados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas. 

Además, podrían compartir, de ser necesario, la información sobre la población venezolana que las organizaciones internacionales necesiten.

Dana Graber, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México, coincidió con la necesidad de difundir información sobre las distintas alternativas migratorias para las y los migrantes. Fernando Carrera, representante de Unicef en México, subrayó la importancia de la atención humanitaria prioritaria para niños, niñas y adolescentes, así como su protección jurídica.

Por parte de ACNUR, Joseph Herreros, representante adjunto en México, expresó su preocupación frente a los retos que la figura del refugio enfrenta en la región. En representación de Giovanni Lepri, destacó la importancia de establecer alternativas migratorias para la población, además de voluntad de trabajo conjunto con la Comar, en beneficio de las personas con necesidades de protección internacional. Miguel Ramírez, jefe de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, destacó los servicios de salud y protección que ya brindan en el norte de México.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE resaltó la importancia de coordinación de todas las instancias para brindar la mejor atención posible, además de proveer a las y los venezolanos de opciones que los permitan subsistir a quienes decidan asentarse en nuestro país.

“El nuevo programa para personas venezolanas busca crear una nueva vía ordenada, segura y regular; el trabajo conjunto con los organismos internacionales es fundamental para lograr nuestro objetivo”, señaló.

En la reunión estuvieron presentes también Rodrigo Ramírez, titular del Servicio Nacional de Empleo y Diego Camacho, director de los Centros Integradores para el Migrante (CIM) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acompañaron también Armando López Cárdenas, coordinador de asesores del titular del INM; Ruth Villanueva, directora general de protección al migrante, y Fátima Ríos, directora de supervisión, por parte del INM. Valeria Hamel, jefa de Oficina de la subsecretaría para Derechos Humanos, estuvo presente por parte de la Secretaría de Gobernación.

Además de Velasco Álvarez, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores se conformó por Ximena Escobedo, directora general de Coordinación Política; Arturo Rocha, coordinador de Estrategia y Política Pública para América del Norte; Imanol Belausteguigoitia, coordinador para Centroamérica y el Caribe; Sofía Sánchez, directora para el Congreso; Aureny Aguirre y Jacob Prado, embajadores de la Unidad para América del Norte; el cónsul general de México en San Diego, Carlos González; Mauricio Ibarra, cónsul general de México en El Paso; Marcos Moreno Báez, cónsul general de México en Nogales; Ismael Naveja, cónsul de México en Eagle Pass; y Juan Carlos Cué, cónsul de México en Brownsville. Acompañó también el jefe de Asuntos Hispanos de la Embajada de México en Washington, Francisco Anza, entre otros.

Por parte de los organismos internacionales encabezaron la reunión Dana Graber, representante de la OIM en México; Fernando Carrera, representante de Unicef en México, quien conversó de manera remota; Jospeh Herreros, representante adjunto de ACNUR en México, en nombre de Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México; estuvo presente también Miguel Ramírez, jefe de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en México (CICR).

Autoridades de los gobiernos locales y estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas participaron activamente en la reunión.

Fuente Excelsior

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Maribel Villegas en favor de mejorar la impartición de justicia en Q. Roo

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CDMX.- La apuesta por la reivindicación de la seguridad pública de nuestro país avanza, y desde la Cámara de Diputados consolidamos la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicó la Diputada Federal, Marybel Villegas Canché al informar que al aprobarse, uno de los puntos medulares de la reforma Constitucional al artículo 21, es el de facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a abrir carpetas de investigación de delitos que hasta la fecha solo lo podía realizar la Fiscalía General de la República (FGR).

Con esta reforma, indicó la Diputada, “desde la Cámara de Diputados estamos sentando las bases para renovar y fortalecer la estrategia de la SSC para que sea ésta, un agente que articule las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad”.

Y es que, refirió que con la reforma al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, se fortalece la estrategia de seguridad pública y de protección a la población que impulsa la 4T, destacando que, a partir de ésta la investigación de los delitos correrá a cargo de los Ministerios Públicos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus elementos y la Guardia Nacional.

Se permitirá así que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos; fortaleciendo el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito, y además se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de datos e información para generar inteligencia.

“Con esto, fortalecemos la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia, integramos la Secretaría en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”

Con esta reforma, resaltó Marybel Villegas, se establece además que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.

Desde luego, precisó la legisladora, esta reforma tendrá repercusiones en las entidades federativas como Quintana Roo, al generarse políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia que puedan aplicarse a la seguridad pública.

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Hackean archivos de la Consejería Jurídica de la Presidencia en México

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El grupo de ciberdelincuentes RansomHub liberó 206 gigabytes de información confidencial tras un ataque dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en lo que se trata de la primera filtración de información del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La intrusión fue confirmada por RansomHub en su sitio de filtraciones en la dark web, donde, desde el 15 de noviembre, se había iniciado una cuenta regresiva para la liberación de los datos.

A las 6 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, el grupo cumplió su amenaza, con la publicación de un enlace que dirige a los archivos comprometidos. Si bien RansomHub asegura haber obtenido 313 gigabytes de información, hasta ahora se han liberado 206 gigabytes.

Entre los documentos filtrados se encuentran listados de servidores públicos con datos personales como RFC y contratos gubernamentales sin censura de datos sensibles.

El Economista intentó entrar en contacto con la Consejería Jurídica de la Presidencia para realizar una consulta a propósito de este incidente sin que hasta el momento haya respuesta alguna.

¿Qué es RansomHub?
RansomHub es un grupo de ransomware relativamente nuevo, pero prolífico. Surgió en febrero de 2024 y desde entonces ha atacado al menos a 210 víctimas, según un informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) de Estados Unidos.

Este grupo opera bajo un modelo de ransomware como servicio (RaaS), en el que afilia a otros ciberdelincuentes a cambio de una comisión. El colectivo utiliza un modelo de doble extorsión: además de cifrar los sistemas de las víctimas, roba datos sensibles y amenaza con publicarlos si no se paga un rescate.

Aunque la mayoría de las víctimas de RansomHub se encuentran en Estados Unidos, el grupo también ha atacado objetivos en América Latina, como el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en México.

Este incidente marca el primer ataque significativo contra la administración de Claudia Sheinbaum, después de que varias dependencias mexicanas sufrieran ciberataques y filtraciones de información durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pemex, la Lotería Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están entre las entidades del gobierno federal que sufrieron este tipo de ataque en años recientes. Además, el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya en 2022 expuso 7 terabytes de información.

Error de administración
El director general de la firma mexicana de ciberseguridad Seekurity, Hiram Camarillo, explicó que estos ataques suelen tener un largo periodo de ejecución.

“No quiere decir que haya sucedido en este mes, probablemente sucedió en meses anteriores. Estas personas debieron haber infectado a alguien dentro de la institución, atacado algún sistema, ingresado a la red y recorrido toda la información”, dijo.

Camarillo estimó que “por lo menos debieron haber tomado de una a dos semanas para ingresar y extraer toda la información” y añadió que este tipo de hackeos no necesariamente está relacionado con el cambio de administración.

“Sinceramente, yo no creo que sea por el cambio de gobierno. Esto apunta más a una falta de administración de los sistemas que tiene esta entidad”, dijo y advirtió que el ataque probablemente involucró “correos de phishing, credenciales filtradas en internet o vulnerabilidades no parchadas” para lograr acceder a los sistemas gubernamentales.

Fuente: El FInanciero

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