Chiapas.- Habitantes de la comunidad Rafael Cal y Mayor advirtieron que defenderán su territorio como parte del estado de Chiapas, primero por la vía jurídica, y de ser necesario, la guardia comunitaria se levantará en armas para justificar la libre determinación de los pueblos indígenas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160 mil hectáreas de Los Chimalapas a Oaxaca.

Este fin de semana, alrededor de 50 hombres encapuchados y armados, se presentaron ante los medios de comunicación como “Pueblos autónomos en defensa de sus tierras” para manifestar su rechazo a pertenecer al vecino estado.

Para Juan Carlos Hernández Gómez, vocero de los inconformes, existen inconsistencias en el resolutivo desde la vulneración del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los intereses políticos que se obedecen.

En entrevista vía telefónica cuestionó por qué “el perito de Chiapas encontró el mogón de los mixes y el perito de Oaxaca junto con el perito del Tribunal no encontraron tal demarcación”. 

Aunó que México firmó tratados internacionales que debe cumplir y por lo tanto, no puede tomar decisiones sin tomar en cuenta los derechos humanos, “OIT abordó las problemáticas de las comunidades indígenas y por esa razón se exige que se respete”.  

Por ello solicitaron sentar las bases del diálogo en el lugar de los hechos con Rutilio Escandón Cadenas, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernadores de Chiapas y Oaxaca, respectivamente; y el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no queremos achichincles ni secretarios”. 

Aunque Juan Carlos refirió que buscarán conducir la lucha por la vía pacífica, no dudan en hacer uso de la violencia si al buscar a las instancias internacionales no encuentran una respuesta positiva, “no queremos llegar a extremos porque hay mujeres y hay niños inocentes afectados por la justicia imparcial del gobierno mexicano”. 

“No queremos caer en la provocación ni confrontación, mantendremos la paz siempre y cuando respeten los derechos humanos y la libre determinación de nuestros pueblos”, dijo. 

Las 16 comunidades y ejidos inconformes con el falló albergan a más de 12 mil personas hablantes de las lenguas tzotzil, tzeltal y zoque, que viven en una zona marginada de difícil acceso, no cuentan con energía eléctrica ni servicios de salud, “esos rezagos sociales derivaron en problemas sociales y territoriales”, agregó. 

De este conflicto, en fechas pasadas, la comunidad Pilar Espinosa fue desplazada por un grupo de hombres encapuchados y armados que se hacen llamar “Los Chimalapas”, “la obligaron a salir del territorio”. 

En el 2012 el estado de Oaxaca promovió una Controversia Constitucional y nueve años después la SCJN declaró que este conflicto es de naturaleza declarativa y constitutiva. Durante este tiempo, los quejosos señalaron la omisión de las administraciones gubernamentales que pudieron resolver la situación mediante las posibilidades que brinda el el Artículo 46 de la Ley Reglamentaria. 

En un comunicado de la SCJN, indicó que se impugnó el Decreto 008, publicado el 23 de noviembre de 2011, con el que el Congreso del Estado de Chiapas creó el Municipio de Belisario Domínguez, por lo que la entidad también pierde este municipio. 

Por su parte el gobernador de Chiapas, aclaró que el conflicto inició en el 2011 y su administración asumió el tema en una etapa final, sin posibilidad de variar los argumentos ni ofrecer pruebas adicionales.

Con información de El Heraldo de México