Ciudad de México. – Luego de darse a conocer una denuncia más desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló el cierre del cerco a otros colaboradores de aquel sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.

Tal es el caso de las investigaciones alrededor de diversas denuncias en contra de los operadores de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como del panista Ricardo Anaya, de acuerdo con los datos aportados por el diario Milenio.

El periodista José Antonio Belmont aseguró que se trata de Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del gabinete, y José Antero Rodarte Cordero, titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia.

Además, destacan también otros nombres en las indagatorias de la FGR como Álvaro Rivera, colaborador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Osiris Hernández Peña, secretario particular de Ricardo Anaya cuando éste fue diputado federal.

Por último, aparece Rogelio Gasca Neri, consejero de Pemex durante la aprobación de la reforma energética, y secretario de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas de Gortari, sin olvidar que ha desarrollado puestos como subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director General de Aeroméxico, así como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este 18 de julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que interpuso la sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como contra otras 11 personas físicas y 33 morales.

Las demandas se presentaron por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos realizados presuntamente mientras el ex funcionario público fungía como el director de la dependencia petrolera en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016. En este contexto, y a través de las 34 empresas relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

La dependencia reveló que en un primer grupo de operaciones, “las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con ODEBRECHT”, se lee en el comunicado que detalla que esto se hizo por diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial.

Para el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo para después transaccionarlos y estratificarlos en un esquema de triangulación de recursos “para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos”.

Finalmente, aseguran que la dispersión de recursos se retiró masivamente en efectivo en donde se llevaron acabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.

Fuente Infobae